Usted está aquí: martes 19 de julio de 2005 Mundo Guatemala pide perdón por matanza perpetrada en 1982

Deudos reclaman justicia

Guatemala pide perdón por matanza perpetrada en 1982

AFP

Guatemala, 18 de julio. El gobierno de Guatemala pidió perdón este lunes a familiares de víctimas y sobrevivientes de una matanza de 268 indígenas, perpetrada por el ejército en 1982, cuando gobernaba con mano de hierro el ex dictador Efraín Ríos Montt.

"Estamos hoy aquí para pedir en nombre del Estado de Guatemala perdón a todas las víctimas del conflicto (armado)", dijo visiblemente emocionado el vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, durante el acto público que se realizó en la aldea Plan de Sánchez, unos 190 kilómetros al norte de la capital.

La aldea Plan de Sánchez fue escenario central, hace 23 años, de la matanza de los 268 indígenas, miembros de la etnia maya achí, perpetrada por soldados.

"Nos dijeron que éramos mentirosos, pero vivimos esas violaciones y esas muertes, por eso queremos justicia, porque no basta pedir perdón, sino poner fin a la impunidad", declaró Daniel Pérez, quien perdió a sus padres durante la matanza.

Al acto asistieron además la relatora especial para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la peruana Susana Villarán, delegados de los gobiernos de Canadá y Suecia, así como funcionarios del gobierno guatemalteco.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó al Estado guatemalteco el pasado 19 de noviembre por denegación de justicia y ordenó pagar una reparación de 8 millones de dólares a los familiares de las víctimas. Además, la sentencia ordenó al Estado hacer un reconocimiento de su responsabilidad por los hechos.

Las 268 personas asesinadas pertenecían a varias comunidades del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, 180 kilómetros al norte de la capital, y supuestamente fueron asesinadas porque se negaron a integrar las Patrullas de Autodefensa Civil, organismos paramilitares utilizados por el ejército para reprimir a los campesinos.

La matanza fue denunciada en 1992 por los sobrevivientes, y un año después la Procuraduría de Derechos Humanos elevó el caso a la Fiscalía.

Según el informe final presentado en 1999 por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, auspiciado por Naciones Unidas, las fuerzas armadas guatemaltecas fueron responsables de 93 por ciento de las violaciones de los derechos humanos durante la pasada guerra interna en ese país (1960-96), que dejó 200 mil muertos o desaparecidos.

 
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