Editorial

Avances en protección civil

A pesar de los daños materiales causados por el huracán Emily a su paso por la península de Yucatán, el episodio culminó sin muertos ni heridos. El saldo blanco de esta emergencia, así como la capacidad de organización desplegada por la sociedad y las autoridades civiles y militares en los puntos afectados, indican un claro avance del país en protección civil y prevención de desastres.

Para dar idea de la magnitud de los esfuerzos por prevenir daños humanos, basta señalar que en Quintana Roo, Yucatán y Campeche las medidas de seguridad requirieron la movilización de 50 mil personas, la mitad de las cuales fueron ubicadas en albergues. Eficacia similar se ha mostrado en Guerrero, entidad azotada por la tormenta tropical Eugene, en la que sólo ha ocurrido un fallecimiento por causas no imputables a fallas en tareas de prevención.

Esta capacidad contrasta con la imprevisión, irresponsabilidad y torpeza con que fueron enfrentadas situaciones similares en el pasado reciente en diversos puntos del país, que se tradujeron en cifras inadmisibles y exasperantes de muertos, lesionados y damnificados, y pone de manifiesto la aptitud del país para proteger la vida de sus habitantes. Cabe esperar que en Tamaulipas y Nuevo León, estados en los que se espera el paso de Emily en los próximos días, la ciudadanía, sus organizaciones y autoridades locales y federales den muestra de solvencia semejante a la que se mostró en el sureste de la República.

La satisfacción por este avance no debe, desde luego, dar paso al triunfalismo ni a suponer que todo está hecho. En materia de protección civil el trabajo nunca puede darse por terminado y ninguna precaución, ningún sistema de alerta son excesivos cuando se trata de salvar vidas y garantizar la integridad física.

No debe olvidarse, tampoco, que los fenómenos atmosféricos han dejado importantes daños materiales en diversos ámbitos: hogares y pequeños negocios perdidos o dañados, infraestructura pública afectada, perjuicios sufridos en edificios institucionales o empresariales, y caída de la actividad económica en la región afectada por el huracán y sus secuelas.

Reparar y remontar esos efectos negativos requiere, en primer lugar, de atención adecuada y ágil a las necesidades de quienes perdieron total o parcialmente sus viviendas o sus medios de subsistencia, así como de una tarea de reconstrucción y reactivación económica de la región.

Un daño adicional causado por el paso de los huracanes, que raramente se menciona y se atiende de manera adecuada, es el que sufren bosques y selvas. La caída de gran cantidad de árboles deja esas áreas en grave peligro: cuando pasan las lluvias empieza la época de sequía y surgen los incendios forestales; sus efectos son devastadores si la vegetación no ha sido limpiada y reparada. Para impedir que un desastre natural se encadene con otro es necesario también un trabajo de reconstrucción ambiental que de ninguna manera puede considerarse superfluo o injustificado.

Una verdadera cultura de prevención de desastres y protección civil, en suma, no puede limitarse a enfrentar la emergencia, sino requiere de aptitud para la reconstrucción en todos los órdenes en los que ha habido daño: habitacional y social, de infraestructura, corporativo, económico y ambiental. Cabe esperar que el país esté a la altura de esta tarea.