"Ibamos a Acapulco de vacaciones y vimos la oportunidad, que nos pareció estupenda, de tener una propiedad, con una fecha fija, para toda la vida", cuenta María Luisa.

Pagaron 60 mil pesos de entonces por ocupar 15 días al año ­del 1 al 15 de abril­ la suite 15-01.

La anterior propietaria, Alicia Ruíz, había comprado la suite en 1974, cuando la empresa Playasol vendió los 628 departamentos de las Torres Gemelas a través de un fideicomiso de Banamex.

Para certificar las escrituras, la pareja acudió con el mismo notario que había hecho las escrituras originales de los demás "copropietarios": Pablo Antonio Pruneda Padilla, notario 155 del Distrito Federal.

María Luisa no imaginaba que esa adquisición representaría uno de los mayores dolores de cabeza de su vida.

Hoy, ya viuda, ha tenido que enfrentar un verdadero viacrucis jurídico para defender su patrimonio. En los últimos cuatro meses ha dedicado recursos y energías para escuchar abogados y asistir a juntas de condóminos que, como ella, fueron informados de que su propiedad tenía un plazo perentorio que ya se cumplió. La suite 15-01, de la que María Luisa se consideró "copropietaria" durante 23 años, parece destinada a convertirse en cuarto de hotel.

Entre las dos fechas hay una historia de engaños, fraudes y agresiones de una administración que actuó impunemente sobre las propiedades de los condóminos, cobijada por las autoridades de un estado célebre en temas de impunidad. Así fue hasta el gobierno de René Juárez, quien, según los afectados, apoyó sin recato al comité de administración impugnado.

Pero vayamos por partes.

Playasol vendió las Torres Gemelas a través del fideicomiso de Banamex, pero en 1983 se constituyó un régimen de condomino. "El Condominio" adquirió los departamentos de tiempo compartido y la administración quedó a cargo de uno de los copropietarios: John Kimberly Grover.

"Siempre hubo problemas con la administración, sobre todo porque no daban informes del dinero que entraba por mantenimiento ni por la renta de los locales comerciales", cuenta María Luisa.

Las Torres Gemelas tienen 503 departamentos en "tiempos completos" y 125 en "tiempos compartidos" que deben pagar una cuota anual de más de 5 mil pesos. Además, hay 30 locales comerciales que pagan renta (cuyo monto es desconocido para los condóminos).

"Es una ganancia de más de 50 millones de pesos al año", dice Luis García Sánz, condómino canadiense, quien ha sufrido agresiones físicas del grupo impugnado. "Es un terror lo que se vive ahí. Nos cortan el agua, la luz, nos han metido polvo de extinguidores por debajo de la puerta, a mí me partieron una pierna el año pasado supuestos guardias de seguridad y no me dejaban entrar a mi propiedad".

Hace dos años las quejas derivaron en el nombramiento de un nuevo comité de administración. El presidente, Jesús Eugenio Araujo Andrade, tuvo que trasladar su residencia al puerto para ocuparse de lleno de la pugna legal.

Kimberly Grover y Víctor Ortíz, a quien el estadunidense intentó imponer en la administración ilegalmente, enfrentan denuncias por despojo, por expedir cheques sin fondos, por rentar departamentos de tiempo compartido para hotelería, y vender los mismos sin tener facultades de traslado de dominio.

En febrero pasado, el juez segundo civil negó la representación legal a Víctor Ortíz y su grupo.

Araujo advirtió a los condóminos que la intención del grupo de Kimberly era desaparecer el régimen de condominio y usar esos espacios en servicios hoteleros.

Lo peor estaba por llegar.

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El 8 de marzo pasado, el "comité administrativo" envió una carta a los condóminos informándoles que el "tiempo compartido" de Las Torres Gemelas había cumplido los 30 años del fideicomiso, pero que, en consideración con "la antigüedad que todos tienen como aportadores al patrimonio del edificio", podrían renovar su intervalo por un plazo adicional de 10 años (previo pago de una cuota de renovación, claro).

Así fue como María Luisa supo que su adquisición tenía un plazo perentorio. "Siempre pensamos que era de por vida, y ahora resulta que era por 30 años".

María Luisa acudió a las oficinas del comité del Condominio en el Distrito Federal. Llevaba por delante sus escrituras notariadas. Pero la respuesta del "gerente" (ella no sabía de la sentencia del juez) la dejó helada: "Me dijo: 'Esto no sirve, porque no tiene el sello del Registro Público de la Propiedad'".

Ella no lo puede creer: "Resulta que el notario con el que fuimos todos nunca registró las escrituras. ¡Es increíble! A uno le da el notario unas escrituras y nunca va a ver si las registró o no".

El argumento de que no se puede vender algo que ya tiene dueño tampoco sirvió: "Me dijo: 'Señora, yo tengo mucho dinero, su condominio no me hace más rico ni más pobre, no me interesa quedármelo, pero su tiempo terminó'".

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Eugenio Araujo debe tener más de 70 años, pero el tono enérgico con el que defiende sus argumentos no deja duda de su entereza física. "Esto es un fraude a personas de la tercera edad", dice tajante.

En efecto, basta asistir a alguna de las reuniones del grupo de condóminos que se ha ido formando gracias a la convocatoria de otra de las afectadas, Luz María Ochoa, para constatar que todos rebasan los 60 años.

"De eso se aprovechaban­ dice María Luisa. De que mucha gente afectada ya es grande y no se quiere meter en problemas, o no puede o ya ni existe".

Hasta el momento, el grupo ha contabilizado 40 tiempos compartidos que fueron vendidos ilegalmente. En algunos casos, como el de María Dolores Esparza Hernández, de 90 años, la presión incluyó el corte de agua y luz de su departamento durante tres años.

Con el apoyo de Zeferino Torreblanca, el gobernador empresario que acabó con la dinastía priísta en Guerrero, el nuevo comité de administración tomó posesión del condominio esta semana, pero hasta ahora, no hay responsabilidades penales deslindadas. La suerte de la suite 15-01 sigue en el aire.