Usted está aquí: martes 12 de julio de 2005 Capital Busca López Obrador garantizar por ley apoyo a discapacitados y vivienda

Envía a la ALDF iniciativas para dar continuidad a su política de desarrollo social

Busca López Obrador garantizar por ley apoyo a discapacitados y vivienda

Pretende que sea obligatorio el Programa de Rescate a Unidades Habitacionales

Compensaciones solidarias para discapacitados de 702 pesos mensuales, propone

BERTHA TERESA RAMIREZ Y LAURA GOMEZ FLORES

Ampliar la imagen Andr�Manuel L� Obrador, jefe de Gobierno FOTO Micphotopress Foto: Micphotopress

El jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, envió este lunes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dos iniciativas: la primera, para elevar a rango de ley el Programa de Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social (PRUH), con el propósito de que, "llegue quien llegue al gobierno, quede obligado a apoyar las acciones de mejoramiento de la calidad de vida de los capitalinos".

La segunda iniciativa es para hacer obligatoria la pensión para personas con discapacidad que vivan en condiciones de marginación, a fin de que reciban una compensación diaria no menor a la mitad del salario mínimo vigente, equivalente a 702 pesos mensuales a depositarse en una tarjeta electrónica.

Al entregar cheques por 2 millones 36 mil pesos a condóminos de 63 unidades habitacionales para el mantenimiento y rescate de sus inmuebles, acto en el que estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Social Marcelo Ebrard y la procuradora social María Magdalena Gómez Rivera, el mandatario señaló que el programa de rescate a unidades quedará establecido por ley como se hizo con el Programa de Apoyo Alimentario para Adultos Mayores, y pronto con el de discapacitados, "el cual ha funcionado muy bien y tiene gran impacto social".

Expuso que el PRUH ha constituido la mejor manera de canalizar recursos a las unidades habitacionales sin necesidad de tanto aparato burocrático ni papeleo, "lo cual no sólo nos ha permitido cumplir los objetivos, sino extender este programa".

Ante beneficiarios del programa, añadió que a partir del 29 de julio se dedicará a otra tarea en la que buscará "acreditar a nivel nacional el modelo que se aplica en el Distrito Federal".

Precisó que en el caso de la ciudad se queda con la satisfacción de haber recibido el respaldo de los ciudadanos, y recordó que hasta en las circunstancias más difíciles el pueblo lo sacó a flote, "entonces estoy más que comprometido con la gente de la ciudad y por eso vamos a seguir adelante".

Sobre la iniciativa para hacer obligatoria la pensión para las personas con discapacidad en la ciudad, mencionó que apoyar a los que se encuentran en desventaja por alguna limitación física, intelectual o sensorial constituye un deber esencial del Estado, sobre todo si viven en condiciones que los excluye del desarrollo social, para que enfrenten sin angustia las incertidumbres económicas, las desigualdades sociales, las desventajas y otras calamidades.

Por ello, la entrega de una compensación solidaria a las personas con discapacidad que habitan en la ciudad de México no sólo representa una medida adecuada, que junto con otras acciones de gobierno permitirá lograr la igualdad y equidad de oportunidades para este grupo en desventaja, sino un acto de justicia social que posibilitará comenzar el proceso de incorporación al ejercicio pleno de sus derechos sociales, afirmó.

La iniciativa dirigida a la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, la cual incluye siete artículos y un transitorio, precisó que el mandatario capitalino deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal la asignación que garantice, efectivamente, el derecho a la compensación solidaria para las personas con discapacidad residentes en la capital del país.

La Asamblea Legislativa, por su parte, deberá aprobar en el Decreto de Presupuesto Anual el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a la compensación solidaria, mientras en el reglamento correspondiente se determinará la forma como se hará valer, la verificación de la discapacidad y la residencia, la elaboración y actualización permanente de beneficiarios, y demás requisitos.

Los servidores públicos responsables de la ejecución de esta ley que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables.

Se prevé que la iniciativa sea considerada en el periodo de sesiones, que comienza el próximo 29 de julio.

 
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