Usted está aquí: domingo 10 de julio de 2005 Política Exige el PRI no dar fast track a la cesión del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri

Dulce María Sauri y Martha Tamayo piden información puntual y detallada

Exige el PRI no dar fast track a la cesión del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri

ANDREA BECERRIL

La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado demandó a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Educación Pública "información puntal y detallada" en torno a la decisión poco clara del gobierno federal de ceder a una organización de carácter religioso la administración de un conjunto de edificios conocidos como Antiguo Oratorio de San Felipe Neri, ya que se trata de un inmueble propiedad de la nación, que es además monumento histórico.

Las senadoras Dulce María Sauri y Martha Tamayo realizaron un amplio estudio -pese a que la Secretaría de Hacienda les negó acceso a algunos documentos- en el que concluyen que al ceder el inmueble se violó la Constitución y diversas leyes, entre ellas la de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la de Bienes Nacionales, la Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas y la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Por ello, advierten, es indispensable que la cesión en comodato de ese inmueble ubicado en el Centro Histórico "sea del pleno conocimiento público, "a fin de valorar los términos y los alcances con los cuales fue negociada, para conocer su validez jurídica y determinar el ámbito de responsabilidad de las dependencias y funcionarios participantes".

De entrada, las legisladoras priístas hacen notar que "es inaceptable que pretendiendo ignorar el contexto, las causas y los efectos de uno de los momentos más álgidos de la historia nacional, como lo fue la guerra de Reforma", y haciendo a un lado "el espíritu laico que debe permear en todos sus actos" -tal como lo establece la Constitución- el gobierno del presidente Vicente Fox haya cedido el control del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri a un organismo privado, presidido por importantes personalidades religiosas.

La llamada Asociación del Patrimonio Artístico Mexicano comparte inclusive su domicilio con la Arquidiócesis Primada de México, advierten en el documento que presentaron ya ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Violaciones legales en el proceso

En el mismo texto, las senadoras Sauri y Tamayo señalan que además de diversas violaciones legales, entre otras, al artículo 14 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticas e Históricas, ya que no hubo un decreto presidencial con base en un dictamen que ex profeso debió elaborar la Secretaría de Educación Pública, las dependencias involucradas han pretendido reducir el caso a la mera interpretación de un solo ordenamiento de la Ley General de Bienes Nacionales.

"Para ello han argumentado que el Antiguo Oratorio de San Felipe Neri fue vendido por la propia Iglesia a particulares, antes de la promulgación de las Leyes de Reforma y que, como no pudo haber sido nacionalizado, fue posible cederlo ahora a una asociación religiosa."

Tal afirmación, en la que el gobierno foxista basa su defensa, "es errónea y deriva de una interpretación incompleta, parcial y sesgada de la historia del inmueble", toda vez que el Antiguo Oratorio de San Felipe Neri pasó en dos ocasiones a ser propiedad de la nación.

Las legisladoras explican que llevaron a cabo una amplia investigación -aunque Hacienda les negó el acceso a algunas fuentes- de la que se desprende que hay errores en la información oficial que sobre este tema ofrece el propio Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales (Inmdabin).

Advierten que si bien es cierto que en la historia del predio se registra en 1852 una operación de compra-venta, es decir, antes de la Leyes de Reforma, implicó sólo una porción del inmueble, que ni siquiera era la más grande y es el espacio que ahora ocupa la Biblioteca Sebastián Lerdo de Tejada.

De hecho, detallan, el inmueble fue dos veces nacionalizado. La primera, mediante la Ley de Amortización de Fincas Rústicas y Urbanas, mejor conocida como Ley Lerdo, el 25 de junio de 1856, expropiación que de manera oficial consta en la primera lista que se hizo pública con los bienes expropiados al clero.

Tal lista la obtuvieron, precisan, de los microfilmes de la Hemeroteca Nacional, toda vez que la Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda, no les concedió autorización para revisar un ejemplar similar que obra en su acervo.

 
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