En las conclusiones de su 79 asamblea, la CEM reclama más libertades
Insisten los obispos: educación religiosa, acceso a medios y poder ser candidatos
No se busca un régimen confesional, sino el uso de los derechos "que tenemos", afirman
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se pronunció por que se abra la discusión sobre el artículo 24 constitucional para que se amplíen las libertades religiosas en nuestro país, ya que la sociedad tiene derecho a expresar su fe en cualquier espacio, así como a recibir la educación religiosa que desee, y los ministros de culto a hacer uso de los medios de comunicación y hasta podrían ser candidatos a cargos de elección popular, lo cual no significa, acotó sin embargo el presidente del organismo, el obispo José Guadalupe Martín Rábago, que "lo estemos buscando, porque canónicamente se nos prohíbe. Sin embargo -precisó- es una libertad a la cual tenemos derecho".
En el último día de trabajos de la 79 asamblea general de la CEM, realizada en sus instalaciones de Lago de Guadalupe, Cuautitlán Izcalli, la jerarquía católica sostuvo que el derecho a la libertad religiosa, "con todas las implicaciones que esto tiene", se plantea en acuerdos internacionales que México ha suscrito y que se respetan en "países democráticos", como ley suprema.
En nombre de los obispos, el encargado de la diócesis de San Juan de los Lagos, Javier Navarro, mencionó que la relación Iglesia-Estado se puede y debe revisar e inclusive se tendría que hacer lo mismo en el caso de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. "Podría ser mejor para servir al mismo sujeto al que estamos destinados a servir, al mexicano y al país, cuyo progreso integral todos buscamos, cada uno desde su ámbito y competencia". Esta búsqueda, subrayó, es una tarea permanente de la jerarquía católica.
No estamos pidiendo un Estado confesional, aclaró el obispo de León, Martín Rábago. La libertad religiosa "supone que los creyentes tienen la capacidad de que dentro y afuera del templo puedan profesar la religión que por su propia voluntad hayan decidido, y no se persiga a alguien porque cree o no cree. Es proyectar hacia el ambiente de la sociedad las propias creencias, en el campo económico, social, político". Vivimos en un ambiente plural y la libertad religiosa, añadió, también tendría que verse reflejada allí. Además, no se puede coartar a las Iglesias el uso de los medios de comunicación, como tampoco "prohibir a una persona (ser candidato), que por practicar una determinada profesión, ser ministro de culto por ejemplo, quede automáticamente eliminada.
"Nosotros, por disposiciones propias de nuestra legislación canónica, no podemos, no queremos convertirnos en candidatos a puestos de elección popular, pero el Estado no lo puede imponer, debe abrir las posibilidades. No queremos ser elegidos a esos cargos pero si se aprueba, ganaríamos que se expresara con claridad un derecho, que depende de nosotros ejercerlo o no."
Para nosotros es importante, subrayó, que la Carta Magna acredite el derecho a la libertad religiosa, pero no se trata de cambiar una palabra, sino de desglosar todos aquellos elementos que concreten los cambios, tanto en la ley de cultos y su respectivo reglamento, como en otros artículos constitucionales, como el 130. El artículo 24, pensamos, nos ayudaría a tener una legislación acorde. "Sería el tronco del cual se desprendería la rama, en materia de coherencia jurídica." Con eso, sostuvo, nos involucraríamos en el avance que está teniendo el país en materia de ejercicio democrático.
El obispo de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Cabrera López, estableció que como CEM "lo único que tratamos que quede claro es el derecho que tienen los padres de familia a decidir la educación de los hijos, y que la escuela pública también respete aquello que ahorita queda solamente como una ayuda a un determinado sector -mediante la instrucción privada-, sin perder su carácter laico, abierto y público. El elemento espiritual, moral y religioso es algo muy importante para todo ser humano y no puede ser exclusivo de una clase social. La Iglesia no exige el derecho a educar religiosamente. Quienes lo tienen son los padres de familia, que educan a sus hijos, pero hay muchas fuerzas sociales y políticas que tienen miedo de abordar este elemento constitutivo de la persona humana".
La CEM avanzó ayer en su proceso de restructuración, que comenzará a operar a partir de enero de 2007. Los obispos aprobaron reducir sus comisiones de 27 a nueve, con la posibilidad de hacer una modificación más, a fin de descentralizar su trabajo pastoral. Así, como organismo se abocarán a la atención de problemas prioritarios de alcance nacional y las provincias eclesiales -que también sufrirán adecuaciones en la próxima asamblea de noviembre- atenderán los casos regionales o no tan prioritarios.
El anteproyecto que votaron considera la operación de las comisiones de Espiritualidad y Culto, de Misión y Evangelización, Pastoral de la Solidaridad (donde se abordaría lo relativo a la promoción de justicia social, defensa de la paz y derechos humanos), Pastoral Sectorial (defensa de la vida humana para que sea reconocida por la legislación civil y otros temas como indígenas, fuerzas armadas y relación con el Estado), Doctrina de la Fe y Cultura, Comunicación, Diócesis, Instituciones del episcopado y Diálogo ecuménico e interreligioso.