MEXICO SA
Gobiernos violentan leyes en SLP a favor de extranjeros
Lucha de potosinos contra Minera San Xavier
SE SUPONE QUE UNA DE LAS tareas fundamentales de un gobierno es proteger los intereses de sus representados ante amenazas de cualquier índole. Primero nuestros ciudadanos, después lo demás, sería la esencia, aunque sólo sea en teoría, porque en la práctica se observan casos verdaderamente patéticos.
UNO DE ELLOS -SOLO UNO- es el protagonizado por los "gobiernos" federal -con el primer cuenta cuentos de la nación a la cabeza- y el de San Luis Potosí -Pinocho Marcelo de los Santos presente-, que no pierden oportunidad para apuntalar al capital trasnacional en detrimento de los intereses ciudadanos.
LA LUCHA DE LOS POTOSINOS en contra de la acción depredadora de la empresa Minera San Xavier ha sido "reivindicada" por el gobierno foxista, y "aplaudida" por el de Marcelo de los Santos (el secuestrador de ediciones de La Jornada San Luis), con una concesión en favor del consorcio trasnacional para explotar cientos de hectáreas propiedad del ejido Cerro de San Pedro en San Luis Potosí.
DESDE AQUELLA ENTIDAD, el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier en el Valle de San Luis Potosí denuncia que en su afán por defender los intereses de dicha minera, filial de la canadiense Mettallica Resource Incorporation, los gobiernos federal y estatal violentan el estado de derecho al avalar que esta trasnacional se apodere de tierras ejidales, con un valor histórico primordial en la región, ubicadas en la zona de recarga más importante del Valle de San Luis, que abastece a más de millón y medio de personas del vital líquido, con la intención de explotar el oro y la plata del cuatro veces centenario Cerro de San Pedro, representando esto un agravio a los mexicanos, ya que el sistema que pretende utilizar es el conocido como "tajo a cielo abierto por lixiviación a montones" y que por sus métodos está prohibido en más de la mitad de los países del planeta.
HACE DIEZ AÑOS que esta compañía llegó a San Luis Potosí y dio origen a la oposición organizada de los ciudadanos de Cerro de San Pedro. La trasnacional ha sido derrotada por la ciudadanía en varios juicios, a tal grado que carece de los permisos ambientales, el de uso de explosivos, y tampoco el del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por ser Cerro de San Pedro cuna de la ciudad capital y conservar el trazo urbano original que data de 1592, así como edificios que forman parte del patrimonio histórico de los mexicanos. Todo lo anterior lo niega minera San Xavier, y en contubernio con empresarios potosinos, el gobierno federal y el estatal minimizan las críticas, y a partir de una campaña intensa intentan desobedecer a los tribunales e iniciar sus trabajos destructivos.
EL GOBIERNO FEDERAL, por medio de la Secretaría de Economía, a cargo del empresario Fernando Canales Clariond, ha otorgado a Minera San Xavier la "ocupación temporal" de 290 hectáreas propiedad del ejido Cerro de San Pedro; esta "ocupación temporal" implica que dicha empresa obtiene la posesión hasta el año 2037 de los terrenos para realizar la destrucción de la flora y fauna del lugar, el poblado, la contaminación por cianuro de los mantos freáticos del Valle de San Luis, además de la contaminación de los vientos que terminarán en las fosas nasales de los potosinos.
EN DIEZ AÑOS LA oposición al proyecto ha demostrado que desde su llegada Minera San Xavier llegó violentando las leyes mexicanas y se ha dedicado a corromper autoridades, comprar conciencias y engañar a diestra y siniestra sobre el pretendido proyecto. La relación de la trasnacional con las autoridades es de complicidad y esto explica porqué está a punto de consolidar su permanencia en la zona por más de 30 años, convirtiéndose en la causante (desde ahora) de la desaparición no sólo de Cerro de San Pedro, sino también de Soledad y la capital, ya que en 32 años de "trabajos" abatirá los de por sí sobre explotados mantos freáticos del Valle de San Luis Potosí. Señalamos al mismo tiempo el grave problema que significa el agua en las ciudades de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro y, por lo tanto, la agresión que los gobiernos federal y estatal permiten con Minera San Xavier es de muy graves consecuencias.
ADEMAS, EL FRENTE denuncia los chantajes de la compañía canadiense: si le echan para atrás su negocio, amenaza con mandar una carta a su gobierno y a empresarios, a quienes dirá "lo difícil que es concretar el proyecto de Minera San Xavier, lo cual pondría en peligro la inversión privada en México; en realidad, el riesgo del proyecto trasnacional es inundar de cianuro áreas que afectarían el pueblo potosino, amén de provocar la toxicicidad del agua en un área proclamada reserva natural".
UN TRIBUNAL COLEGIADO en México dictaminó por unanimidad de 11 magistrados anular el permiso principal de operación a Minera San Xavier por violaciones a las leyes ambientales. Sin embargo, el gobierno estatal y la empresa canadiense "simulan actos jurídicos para anular leyes, y dichas acciones se generan a partir de la interposición de un amañado amparo indirecto. Sería la primera vez en la historia jurídica del país que un decreto ambiental con fuerza de ley es anulado por una empresa extranjera".
EL GOBIERNO PANISTA de San Luis Potosí "puede ser objeto de juicio de responsabilidad y en el caso de Marcelo de los Santos de uno de procedencia en el caso de que se acredite, como seguramente será, de coludirse con la empresa canadiense para nulificar el decreto rector de la vida urbana de toda la ciudad de SLP, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Villa de Zaragoza y Mezquitic de Carmona. Todos estos municipios podrían caer en el caos y en el limbo legal, al revertirse 20 años las normas de regulación del crecimiento urbano, las zonas de recarga pluvial, de preservación de la vida silvestre, así como el ordenamiento las áreas de carácter industrial y reserva territorial".
ENTONCES, ¿QUIÉN ES el cínico que asegura que por los "logros" obtenidos, "vale la pena continuar"?
Las rebanadas del pastel:
AHORA FUE LONDRES, y de nueva cuenta el objetivo fue civil. Como en los casos de Estados Unidos y España, ¿por qué la población indefensa tiene que pagar por el salvajismo y las estupideces de Bush, Blair y Aznar?