No permitiremos que se nos trate como delincuentes, advierten afectados
El fallo sobre los autos chocolates atenta contra la paz social: Baeza Terrazas
La determinación de la Corte está desfasada y es muy legalista, sostiene Aguilar Padilla
El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, pidió "cautela" a las autoridades federales para no incurrir en decomisos masivos "que podrían alterar la paz social" en la entidad, donde circulan gran cantidad de automotores irregulares, cuyos dueños serán afectados por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que cataloga como delito de contrabando la posesión de vehículos de procedencia extranjera no regularizados. A su vez, el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, consideró que la determinación de la SCJN "está desfasada y es muy legalista".
Baeza Terrazas anunció que solicitará una tregua a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta que se establezca un esquema de regularización. Por lo pronto, ofreció censar los automóviles de procedencia extranjera que circulan en Chihuahua.
"La Suprema Corte de Justicia tomó una decisión apegada a derecho, pero no consideró el aspecto social, y por eso estamos obligados a defender a los propietarios de vehículos extranjeros", indicó.
Aguilar Padilla dijo en entrevista que "hay 120 mil sinaloenses que tienen un carro en esas condiciones (fueron introducidos a México de manera irregular). Nosotros hemos pugnado y lo haremos siempre por que se regularicen estos automotores", pero "la realidad nacional es otra y está lejos de lo que establece el fallo de la SCJN; la ley está para regular la realidad".
En el mismo sentido se expresó la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tamaulipas, que en voz de su presidente estatal, Miguel Angel Almaraz Maldonado, sostuvo que la resolución de la SCJN "está fuera de la realidad". Consideró que la decisión de los ministros "está influenciada por la presiones de los empresarios de la industria automotriz".
Repudio de organizaciones sociales
"No permitiremos que nos digan delincuentes, por eso vamos a pedir, de viva voz, al Presidente de México que nos escuche y que la Corte se disculpe con los migrantes", dijo en San Felipe Torres- Mochas, Guanajuato, el líder del Movimiento Campesino Independiente (MCI), Manuel Juárez Ordaz.
Indicó que el MCI, la Unión Campesina Democrática (UCD) y la Unión de Campesinos Emigrantes de México (UCEM) cuentan con un padrón de al menos 120 mil vehículos extranjeros irregulares, "y la mayoría de esos vehículos no son portados por delincuentes; son campesinos, obreros, trabajadores que fueron a trabajar a Estados Unidos y como parte de su patrimonio trajeron sus unidades para apoyarse en su trabajo en México".
Juárez Ordaz afirmó que "la ofensa de los ministros de la Corte no la merecen los campesinos que van a trabajar de forma ilegal a Estados Unidos para hacer crecer a los dos países y, luego, en este país reciban un trato igual de delincuentes que allá".
Por tal motivo, dijo, la MCI, la UCD y la UCEM elaboran un acuerdo para que "pese a nuestras diferencias, emprendamos la defensa de nuestros paisanos y realicemos una queja que llevaremos al rancho San Cristóbal (pueblo natal de Vicente Fox) con la movilización de unidades para que la Corte se retracte".
La Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) amenazó en Hermosillo, Sonora, con radicalizar sus acciones para evitar el decomiso de autos chocolates. El dirigente nacional del organismo, Carlos Iván Rodríguez Chávez, estimó que en México circulan en forma irregular casi 2 millones de autos, 300 mil en Sonora.
Miroslava Breach, Javier Valdez, Martín Sánchez, Cristóbal García, Martín Diego y Nelda Patricia Anzar