Ministra acusa al gobierno estatal de desacatar suspensión provisional
BC: controversia por presupuesto detiene sueldos de magistrados y pago de servicios
Mexicali, BC, 21 de junio. Los 17 trabajadores del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) del Poder Judicial de Baja California, incluidos los tres magistrados, no han recibido salarios desde hace 30 días.
El organismo adeuda además un mes de renta del edificio que lo alberga, así como los servicios de energía eléctrica, teléfono y agua, debido a que el gobierno estatal ha incumplido con la suspensión provisional que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia constitucional por el presupuesto asignado para el ejercicio 2005. En su momento el TJE solicitó 14 millones de pesos, pero sólo le autorizaron ejercer 5 millones.
La magistrada Elva Regina Jiménez consideró que con estas condiciones se atenta contra los derechos de las instituciones, pues no se puede realizar el trabajo para que las entidades federativas cuenten con tribunales que garanticen imparcialidad en materia electoral, como establece el artículo 116 de la Constitución mexicana.
"Nos entregaron un presupuesto similar al que ejercerá la Dirección de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado", se quejó la magistrada, quien sostuvo que las labores del TJE se encuentran "entorpecidas" debido a argumentos "irrisorios".
La semana pasada, el presidente del TJE, Germán Leal, notificó a la SCJN lo que calificó de desacato de la administración de Eugenio Elorduy, en espera de su intervención para solventar el problema presupuestal que enfrenta el organismo público. La magistrada Jiménez aseguró que corresponde a la SCJN decidir si Elorduy incurrió en desacato.
En diciembre de 2004, el Congreso estatal determinó autorizar sólo 5 millones de los 14 millones solicitados por el TJE, lo que motivó un conflicto entre los tres poderes estatales, que culminó con la controversia constitucional 10/2005 que interpuso el presidente del TSJ para invalidar el dictamen 72 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura local.
La controversia también alcanza al gobierno de Eugenio Elorduy, ya que en el presupuesto de egresos 2005 solicitó al Congreso un presupuesto menor al solicitado originalmente por el TJE.