Fraude en Tláhuac
Dictan quinto auto de formal prisión contra Ahumada
El juez 34 de lo penal con sede en el Reclusorio Norte, Armando Montoya Vázquez, dictó el quinto auto de formal prisión en contra de Carlos Ahumada Kurtz. El impartidor de justicia encontró elementos suficientes para iniciarle un proceso judicial, de tipo ordinario, por ser presunto responsable del delito de fraude genérico por 6 millones 986 mil 218 pesos en contra del erario de la delegación Tláhuac.
Este proceso penal se suma a los cuatro que ya enfrenta el dueño del Grupo Quart, por manejo de recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), fraude por 31 millones de pesos contra la delegación Gustavo A. Madero, promoción de conductas ilícitas y fraude por más de 2 millones de pesos contra Tláhuac. De acuerdo con la causa penal 115/05, Ahumada, en complicidad con el ex delegado Francisco Martínez Rojo, recibió un millón 778 mil 369 pesos por obras no realizadas, además de "inflar" precios en trabajos de reparación de carpeta asfáltica, por 5 millones 207 mil 849 pesos.
La semana pasada los abogados de Ahumada Kurtz cuestionaron este quinto proceso judicial, con el argumento de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no aceptó una prueba pericial de ingeniería presentada por la defensa; sin embargo, el subprocurador de Averiguaciones Previas concentradas, Renato Sales Heredia, argumentó que se desahogaron todas las pruebas solicitadas, por lo cual no hubo ninguna violación a los derechos judiciales del acusado. Por esta misma causa penal se encuentra preso Francisco Martínez Rojo, quien el viernes pasado recibió el auto de formal prisión.
Quedó demostrado que Gustavo Ponce es un testigo inventado: abogado de René Bejarano
Al retractarse de su acusación contra René Bejarano Martínez, el ex secretario de Finanzas del Distrito Federal Gustavo Ponce Meléndez demostró que el asunto de la extorsión al empresario Carlos Ahumada Kurtz es "un invento"; que la Procuraduría General de la República (PGR) ha intentado darle sustento legal a la denuncia de un "testigo de oídas", y evidenció que a Ponce "se le pidió incriminar a mi defendido a cambio de algún beneficio. Tal vez eso lo pudo haber pactado quien fue su abogado particular (Juan Enrique Soto Fernández), y al final no le cumplieron", consideró el penalista Agustín Acosta, defensor de Bejarano.
En entrevista, confirmó la información que ayer dio a conocer La Jornada, respecto de que Ponce se retractó de su declaración ministerial efectuada en octubre de 2004, en la que mencionó que Ahumada le dijo que Bejarano lo extorsionó con 11 millones de pesos.
Acosta indicó que lo de la extorsión "es una estrategia que introdujeron los abogados de Ahumada y de Ponce para iniciar una denuncia contra mi cliente". Asimismo, lamentó que la PGR se haya valido de una prueba "fabricada" con tal de enjuiciar penalmente a Bejarano, en una maniobra con tintes políticos, puesto que el asunto de fondo era afectar la imagen del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.