Otra batalla perdida en la frontera norte La tierra de nadie, la tierra de los narcos Alberto Nájar/ Nuevo Laredo Las ejecuciones de sicarios, narcomenudistas y policías siguen sin freno, igual que las declaraciones oficiales que anuncian, ahora sí, una victoria inminente sobre el crimen organizado. "Vamos a ir a fondo en esta ocasión", dijo el presidente Vicente Fox apenas el jueves. Así lo ha dicho una y otra vez desde el inicio de su gobierno.
El incendio no llama la atención de nadie, ni siquiera de los soldados y elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que, por cientos, mantienen el control de la ciudad desde hace una semana. No hace falta. Quemar camionetas y propiedades es uno de los sellos de la banda de Los Zetas, la guardia armada del Cártel del Golfo que se disputa el territorio de Nuevo Laredo con quienes alguna vez fueron sus dueños, el grupo de Los Chachos aliados ahora al Cártel de Sinaloa. La camioneta quemada es una lección, el cobro de alguna cuenta que empezó a pagarse a principios de año, cuando en la cervecería aparecieron los cuerpos de dos ejecutados por La Gente, una de las formas locales para identificar a los empleados de Osiel Cárdenas Jiménez, El Señor como le dicen sus empleados o El Mata Amigos, nombre que le dan sus adversarios. Una batalla más en la guerra por el control de Nuevo Laredo que no se detiene ni siquiera por la presencia de soldados de fuerzas especiales, elementos de la AFI y policías de la Federal Preventiva (PFP). Un ejército de casi mil efectivos que se enfrenta a un enemigo cuyas fuerzas se desconocen, porque están infiltradas dentro de la misma población. Desde el 27 de enero de 2002, cuando llegó el primero de sus comandos, Los Zetas se han dedicado a reclutar a decenas de jóvenes a quienes se conoce como rojos o halcones, y cuya tarea principal es informar de todos los movimientos que ocurren en la ciudad. Trabajan todo el tiempo, incluso en los días de operativos especiales como el que ahora se realiza en Nuevo Laredo. Son efectivos: la madrugada del miércoles pasado, por ejemplo, uno de ellos señaló a Masiosare los sitios donde se encuentra cada uno de los contingentes de policías federales, incluso los grupos de inteligencia y operaciones especiales. "Quien menos te imaginas es un halcón", presume. "Los federales ni cuenta se dan que traen cola". Y sí. Al mediodía del lunes 13 un convoy del Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército recorrió la avenida Guerrero desde el puente internacional de las Américas hasta el Palacio Municipal. Varios jóvenes activaron de inmediato sus teléfonos celulares, una maniobra que coincidió con el paso de los vehículos artillados. Llamadas rápidas, apenas para decir un par de frases. Y ya. Los halcones se quedaron en el mismo sitio, a la espera de cualquier otro movimiento de soldados o policías. Gane bien, sin esfuerzos Vigilar a los federales es, en la frontera chica, un trabajo más, sueldo y prestaciones incluidas. Los halcones de Nuevo Laredo, por ejemplo, reciben 100 dólares a la semana más 200 pesos de viáticos con instrucciones precisas para usarse: la mitad para una tarjeta con tiempo aire para el celular, y el resto se gasta en la comida del día. Su tarea es permanecer de guardia durante un día entero en puntos fijos, como gasolineras, la plaza frente al Palacio Federal y la entrada de las carreteras.
La vigilancia de otros puntos, como el cuartel militar, está a cargo de los halcones móviles, quienes patrullan la ciudad en autos entregados por La Compañía (así se conoce a Los Zetas en Nuevo Laredo), a veces robados en Texas, y quienes reciben 100 pesos más de viáticos para la gasolina. El sueldo es mayor: 150 dólares semanales y a veces, según los méritos realizados, una pistola de bajo calibre. "No creas que son muebles (autos) buenos, casi siempre son carcachas pero con buen motor", explica el halcón a Masiosare. "Mientras menos llames la atención es mejor, sobre todo de los federales porque los policías de aquí ya conocen el negocio, hasta trabajan con La Compañía". Los rojos tienen derecho a aguinaldo, que en algunos casos se traduce en el permiso para asaltar tiendas de abarrotes, especialmente de la cadena Oxxo. También hay posibilidades de ascender en La Compañía, de acuerdo con los méritos realizados. Así, después de ser halcón se puede subir a jefe de guardia, encargado de supervisar a un grupo y cobrar derecho de piso a otros delincuentes menores que trabajen en su zona. Luego se puede formar parte de algún comando para secuestrar personas o encargarse de algún cargamento de droga, y de allí es posible brincar a sicario, uno de los niveles más elevados en el escalafón de La Compañía. Los policías municipales son uno de los eslabones principales de la organización, porque es a ellos a quienes los rojos deben informar los movimientos inusuales, especialmente de autos y camionetas. Cuando reciben el reporte, los uniformados tienen la obligación de detener al vehículo sospechoso e interrogar a sus ocupantes. A estos policías, en Nuevo Laredo, se les conoce como polizetas o transizetas, según la corporación a la que pertenezcan legalmente. No se sabe cuántos son, pero un dato proporcionado por el secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, da una idea de su número: para regresar a la policía Municipal los 700 elementos deben superar una serie de pruebas de confianza, que incluyen la revisión de sus amistades y negocios. Pero hasta el jueves pasado, sólo 240 se habían presentado a los exámenes. El resto, dijo el funcionario, "desaparecieron" de la ciudad. El rival más débil Hasta antes de enviarse a la Procuraduría General de la República (PGR), la investigación sobre el homicidio de Alejandro Domínguez Coello se inclinaba hacia su apellido. Y es que el ex presidente de la Cámara de Comercio local era familiar de Javier Coello Trejo, subprocurador de la PGR en los primeros años del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y padrino político de Guillermo González Calderoni, uno de los principales protectores del Cártel del Golfo. En la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) existe la convicción de que el ex presidente de Canaco nada tenía que ver con los negocios de su familiar, y que de hecho el único vínculo era el apellido. Más allá de la coincidencia, lo cierto es que la ejecución de Domínguez Coello es una evidencia de que la Policía Municipal de Nuevo Laredo es una trinchera más en la batalla por la plaza. De acuerdo con la versión de algunos agentes federales, desde el inicio de la actual administración municipal los mandos de la policía estaban más cercanos al grupo de Los Chachos que a La Compañía, algo que no había sucedido en gobiernos anteriores. Un ejemplo fue el penúltimo director de Seguridad Pública del gobierno anterior, Martín Landa Herrera, acusado de secuestrar personas en Morelos y a quien por la frecuencia radial de la policía se acusaba de proteger a la banda de Los Zetas. Nada raro en Nuevo Laredo, donde la radio policiaca suele utilizarse para intercambiar insultos entre zetas y chapos, emitir órdenes, cerrar negocios y hasta amenazar a policías. "Cuando se escucha un corrido todos los policías se echan a correr", cuenta un reportero local. "Es la señal de que van por alguno de ellos: si es sinaloense van por los polizetas; si es de Beto Quintanilla (compositor local de narcocorridos) el muerto es del otro grupo". No es sólo una anécdota. Desde el año pasado, los agentes de tránsito municipal tienen la orden de concentrarse al menor indicio de ataque, porque trabajan desarmados. Es una de las injusticias del actual operativo federal, denuncian familiares de los policías arraigados en el Distrito Federal por el enfrentamiento del sábado 11 con elementos de la AFI. "Cuando matan a un municipal nadie dice nada, ni siquiera aparece en los periódicos", se queja la esposa de un uniformado. "Pero si el muerto es un (policía) estatal o un AFI entonces sí hacen un desmadre, hasta la televisión se deja venir. No se vale, ellos también son seres humanos". En eso coincide el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos (Cefprodhac). En un comunicado emitido tras el arraigo a los municipales advirtió que sería justo "investigar a los elementos de la AFI que también respondieron con sus armas y realizaron disparos hacia los policías municipales, según evidencias enviadas a este organismo de derechos humanos". Y es que en la frontera chica existe la creencia de que en el combate a la delincuencia las corporaciones federales no hacen su chamba. Un ejemplo es el número de elementos que la AFI tenía asignados a Nuevo Laredo antes del programa México Seguro: para combatir el tráfico de drogas, el contrabando, la piratería, y las ejecuciones con armas reservadas al Ejército, la Agencia tiene a 11 elementos. En la ciudad donde se realiza el 36% del comercio entre México y Estados Unidos; con un cruce diario al norte de siete mil camiones con mercancía (un promedio de cuatro por minuto) y con una población flotante de 800 mil personas, el número de elementos de la AFI asignados al trabajo cotidiano es, por lo menos, sospechoso. "Si con 700 policías municipales y 50 de la (Policía) Ministerial no nos damos abasto, imagínese con once pelaos", se queja un agente del Ministerio Público. "Nomás le hacen al cuento". |