Una prueba contra Guzmán Salazar proviene de un testigo protegido por la DEA
Se espera que El Chapito salga hoy de La Palma; abogados cubren fianza de $600 mil
Informes en poder de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que Archivaldo Iván Guzmán Salazar, El Chapito, hijo del presunto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, recibió hace aproximadamente dos años en Ciudad Juárez, Chihuahua, alrededor de un millón y medio de dólares, presuntamente derivados de actividades ilícitas.
En tanto, por la noche los abogados de El Chapito adquirieron una póliza de garantía para cubrir los más de 600 mil pesos de fianza que el juzgado octavo de distrito fijó al hijo de El Chapo Guzmán como requisito para que sea excarcelado hoy de La Palma, y enfrente en libertad el proceso penal al que quedó sujeto hace dos semanas por el delito de encubrimiento.
No obstante, El Chapito podría ser detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación en cuanto abandone el penal federal, debido a que existe en su contra una orden de detención con fines de presentación al Ministerio Público Federal.
El testigo se encuentra en EU
De acuerdo con fuentes gubernamentales, esa información la obtuvo la SIEDO, que encabeza José Luis Santiago Vasconcelos, de un "testigo protegido" por la agencia federal antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), mismo que actualmente se encuentra en Estados Unidos.
Supuestamente el testigo, de quien se omitió el nombre por cuestiones de seguridad, pertenecía al cártel de Sinaloa y por órdenes del propio Chapo Guzmán se trasladó en varias ocasiones de Estados Unidos al municipio fronterizo de Ciudad Juárez para entregar diversas cantidades de dinero en dólares que el joven requería.
El Chapito convalecía en un hospital de esa región, luego de un accidente automovilístico, por lo que necesitaba hacer frente a diversos gastos.
Esa y otras pruebas que "demostraban la presunta responsabilidad de Archivaldo en los delitos de lavado de dinero" fueron presentadas en tiempo y forma al juez sexto de distrito con sede en Toluca, estado de México, José Luis Gómez Martínez; sin embargo, éste dictó auto de libertad en favor de El Chapito el pasado jueves.
Por otra parte, Miguel Angel Yunes Linares, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, informó ayer en entrevista que a pesar de que el juez sexto de Toluca decretó hace cuatro días la inmediata libertad del hijo de El Chapo Guzmán, la dependencia aún no ha recibido notificación oficial alguna respecto a esa resolución judicial.
"La situación jurídica (de Archivaldo) es exactamente la misma del primer día en que llegó al penal de La Palma", puntualizó el funcionario.
Precisó que Guzmán Salazar continúa en ese centro carcelario y dijo que su orden de libertad podría tardar hasta tres horas una vez que las autoridades penitenciarias sean notificadas.
Asimismo reveló que hace un mes las autoridades encargadas de reclusorios a escala federal tuvieron un incidente con el juez José Luis Gómez Martínez, quien no consideró los argumentos "de seguridad que se le hicieron ver" y ordenó el traslado de Alfredo Trueba Franco, asistente de la esposa de El Chapo Guzmán, del penal de La Palma al Centro Federal de Readaptación Sicosocial de Villa de Ayala, Morelos.
Indicó que personalmente habló con el juez para hacerle notar que se trataba de un traslado peligroso, pero Gómez Martínez mostró intención "vehemente" de trasladar a Alfredo Trueba, e inclusive dijo al subsecretario que si seguía oponiéndose iniciaría un procedimiento de responsabilidades.
No obstante, el funcionario se congratuló de que luego de 20 días de permanecer en ese centro federal, Trueba fue regresado a ese penal en Almoloya, estado de México, luego de que médicos especialistas del centro sicosocial determinaron que no era apto para permanecer en un penal que no fuera de máxima seguridad.
El subsecretario de la SSP federal acusó al juez Gómez Martínez de ser responsable de beneficiar a integrantes del cártel de Sinaloa.
En conferencia de prensa, el funcionario manifestó que en diversas ocasiones los jueces conceden beneficios a internos que ponen en riesgo la seguridad del penal y dio a conocer que ni el juzgado sexto de distrito en el estado de México ni el octavo de distrito en el Distrito Federal han notificado de las decisiones que tomaron respecto a Guzmán Salazar. El primero decretó auto de formal libertad y el segundo concedió libertad bajo caución.