La Corte deberá designar un ministro o un juez para continuar la investigación
Inminente cierre de la comisión del caso Posadas en la Cámara de Diputados
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordará hoy desaparecer la Comisión Especial del Caso Posadas, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación designe a un ministro o un juez de la Judicatura Federal que continúe las investigaciones del asesinato hace 12 años de Juan Jesús Posadas Ocampo, cardenal de Guadalajara.
El argumento para cancelar la comisión es que su presidente, el panista Fernando Guzmán Pérez Peláez, no presentó un informe de trabajo de los seis meses recientes ni una solicitud formal para prorrogar la vigencia de esa instancia legislativa, a la que en diciembre pasado se le concedió una ampliación.
Sin embargo, el legislador de Acción Nacional dijo ayer en entrevista que la semana pasada envió el informe y la solicitud de prórroga a la Junta de Coordinación Política, que preside su compañero de bancada José González Morfín. En el documento se asentó que no hay avances en el caso ante la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR) y del anterior procurador Rafael Macedo de la Concha a proporcionar información.
El acuerdo entre los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática (PRD) era votar ayer -en la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos- la disolución de dicha comisión, pero ante las objeciones de González Morfín, el coordinador priísta Emilio Chuayffet aceptó que sea en la junta de coordinación donde se vote el tema.
Sin embargo, anticipó que se opondrá a la continuidad de la comisión especial porque, argumentó, no ha cumplido con su trabajo. Esa postura fue secundada por Eduardo Espinoza, vicecoordinador del PRD.
Ante el anuncio, Guzmán Pérez Peláez consideró que ahora se dirá que la comisión es inútil, cuando da seguimiento "a un asunto de interés nacional, a una investigación que sigue abierta y en la que se ha señalado una serie de manipulaciones desde los primeros momentos a las líneas que se siguen; sería lamentable que la comisión no fuera prorrogada".
Por su parte, el perredista Rafael Candelas, integrante de la comisión, dijo que se negó a firmar el oficio para solicitar la prórroga. "No accedí a suscribirlo, porque no tiene caso que la Cámara de Diputados siga dándole vida a esta comisión. Es cierto que el asunto sigue vivo, tiene todavía mucho que investigarse, pero desde mi punto de vista la PGR no tiene interés para resolver el caso y esto se evidenció durante la permanencia de Rafael Macedo de la Concha, quien nos ocultó información", declaró.
Candelas dijo que en las reuniones con Macedo se les comentó que se seguían tres de las ocho líneas de investigación abiertas por el crimen del cardenal Posadas. "Y ahora que llegó (Daniel) Cabeza de Vaca nos informaron que sólo quedaba una abierta, y el nuevo procurador afirmó que no se descarta la participación de un funcionario federal en el crimen, pero tampoco nos informaron formalmente. Y de esto no se enteró en las pocas semanas que tiene de procurador, seguramente es información que recabó la PGR en meses pasados y la ocultó a la Cámara", expresó.
Recordó que en diciembre se amplió la vigencia de la comisión seis meses más, pero en ese periodo su trabajo fue muy escaso, "tan es así que no se ha emitido un informe. No tiene ya razón de ser y recordemos que se creó a solicitud del Episcopado mexicano, que además planteó la posibilidad de turnar el asunto a la Corte para que ésta revisara los expedientes".
El legislador del PRD informó que él presentará sus propias conclusiones del caso, primero a su grupo parlamentario y posteriormente al pleno de la Cámara.
Reveló que la intención de desaparecer la comisión es que el caso se turne a la Corte, con fundamento en el párrafo 2 de la Constitución, el cual establece que el máximo tribunal del país designe a uno de los ministros o a un juez de distrito, o designar a uno o varios comisionados especiales, cuando así lo considere conveniente o lo solicite el Ejecutivo federal o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, únicamente para que averigüe algún hecho que constituya una grave violación de alguna garantía individual.
"En este caso la grave violación es que el asesinato se cometió hace 12 años y no se ha resuelto. ¿Y por qué no? Porque la PGR no tiene interés y se ha demostrado una comprobada ineficacia e ineficiencia en el caso", afirmó Candelas.