* La asesinó su esposo por celos y problemas conyugales
Matan en Juárez a una oficinista de ONG defensora de mujeres
* María Luisa Carsoli había pedido asesoría porque la golpeaba

RUBEN VILLALPANDO Y MIROSLAVA BREACH V. CORRESPONSALES. Ciudad Juarez, Chih., 21 de diciembre. María Luisa Carsoli, de 33 años de edad, quien trabajaba como recepcionista en la Casa Amiga Centro de Crisis, la principal organización no gubernamental que ha impulsado la lucha en favor de las mujeres en Ciudad Juárez, fue asesinada esta mañana por su esposo Ricardo Medina.
La hoy occisa trabajaba en Casa Amiga desde mayo pasado, cuando llegó a la ONG a solicitar asesoría jurídica y sicológica porque su marido la golpeaba a ella y a sus cuatro hijos.
Luego de asesinar a su esposa, Medina advirtió a varias empleadas del lugar, quienes presenciaron los hechos, que no lo siguieran "porque mataría a sus hijos". La fiscal especial que investiga homicidios de mujeres, Zulema Bolívar, solicitó ayuda a la policía municipal para localizar el automóvil en el que huyó el agresor.
Las primeras investigaciones arrojan que el móvil del homicidio fueron celos y problemas conyugales, pues la pareja andaba en trámites de divorcio. La fiscal mencionó que el agresor estuvo esperando a su esposa para matarla, ya que de acuerdo con los testigos, en cuanto vio que cruzaba la calle fue tras ella y la atacó con un cuchillo en varias ocasiones.
En marzo de este año, Ricardo Medina fue detenido por las agresiones contra su esposa y salió libre bajo fianza. Después empezó un juicio civil en el que ganó la patria potestad de sus cuatro hijos: Abraham, de ocho años; Saraí, de seis; Maritza, de tres, y Elizabeth, de dos.
La directora de la Casa Amiga, Esther Chávez Cano, dijo que este crimen está relacionado con la violencia intrafamiliar que afecta a muchas mujeres de Ciudad Juárez. Señaló que María Luisa Carsoli llegó en mayo y le dieron trabajo, además de que ella y su esposo fueron sometidos a tratamiento sicológico.
Amenazan a dirigentes
Victoria Caraveo, vocera de Mujeres por Juárez, denunció que tres dirigentes de esta ONG han sido amenazadas por desconocidos que les han tirado animales muertos frente a sus viviendas o les hacen llamadas telefónicas para decirles que se acuerden de Digna Ochoa.
Dijo que "la campaña de amenazas creció desde el pasado 6 y 7 de noviembre, luego de que localizaron los cuerpos sin vida de ocho mujeres en un campo agrícola, por lo que ellas hicieron denuncias públicas de la incapacidad de autoridades policiacas para terminar con las muertes de género".
Esther Chávez Cano, de Casa Amiga, expresó: "me han dicho que me acuerde de Digna Ochoa, y groserías".
Por su parte, Cipriana Jurado, del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, denunció una campaña similar en su contra, pero explicó que tratan de debilitar el trabajo de las ONG con las amenazas, y no lo van a lograr, precisó.
En la ciudad de Chihuahua, el procurador estatal, Arturo González Rascón, informó que la Procuraduría General de la República revisará 56 expedientes de crímenes contra mujeres en Juárez y ejecuciones relacionadas con enfrentamientos entre bandas del narcotráfico.
Al informar sobre el resultado de una reunión de trabajo entre funcionarios de la PGR, el gobernador Patricio Martínez García y los responsables de las distintas áreas de la PGJE, el titular del Ministerio Público estatal dijo que las autoridades federales rindieron un informe sobre los avances de las investigaciones acerca del atentado armado del que fue víctima el titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua, el pasado 27 de enero. González Rascón insinuó que en ese informe, entregado ayer por el suprocurador B de la PGR, Jesús Campos Murillo, existen elementos para presumir la participación del crimen organizado en el intento de homicidio contra el mandatario local.
En cuanto a la participación de la PGR en las indagaciones de los homicidios de mujeres, indicó que en total existen ocho expedientes en los que se puede considerar que hay elementos para que las autoridades federales atraigan los casos, además de 48 homicidios que corresponden a ejecuciones por presuntos ajustes de cuentas entre bandas del crimen organizado.