Usted está aquí: jueves 26 de mayo de 2005 Política Se han aprobado 50 reformas contra el crimen, replican a Fox en la Permanente

Legisladores consideran inaceptables las declaraciones presidenciales sobre la violencia

Se han aprobado 50 reformas contra el crimen, replican a Fox en la Permanente

ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

Desde la tribuna de la Comisión Permanente, senadores y diputados de PRI y PRD desmintieron al presidente Vicente Fox y recalcaron que en los pasados cinco años han aprobado unas 50 reformas para combatir el crimen organizado, y pidieron al Ejecutivo actuar como jefe de Estado.

"Que la desesperación no lo lleve a imputar a otros lo que sólo revela su incompetencia", advirtió el senador del PRI Sadot Sánchez Carreño. Dijo que los legisladores no pueden aceptar que el Presidente de la República responsabilice al Congreso de que su gobierno no haya sido capaz de combatir la delincuencia y el incremento de la violencia en todo el país.

No es la falta de un marco jurídico, sino la no aplicación de las leyes lo que genera mayores delitos, agregó, e hizo notar la altísima impunidad que hay en México, donde por cada cien hechos delictivos no se ejerce acción penal en 95 o 96. "Es una realidad que no se deroga por decreto", expresó.

El senador priísta enumeró leyes que han aprobado durante el sexenio foxista en materia de seguridad, las dos más recientes para combatir el secuestro exprés y el narcomenudeo. Precisó que analizan en comisiones el paquete de Fox en materia de justicia, pero preguntó si realmente con el cambio de nombre a la Procuraduría General de la República (PGR) -como se propone en el proyecto presidencial- se va a combatir mejor la delincuencia.

El senador perredista Jesús Ortega resaltó, a su vez, que el presidente miente y es "terriblemente irresponsable" al acusar a los grupos parlamentarios de PRD y PRI de ser los causantes de la tremenda ola de violencia y de crímenes desatada en el país.

Dejó en claro que el Congreso "ha sido muy congruente en la aprobación de diversas reformas en materia de seguridad. Durante ésta y la anterior legislatura, es decir, en los últimos cinco años, se aprobaron 47 instrumentos legislativos para una mejor administración de la justicia y la persecución de delincuentes".

Se ha legislado, precisó Ortega, para combatir el contrabando, el secuestro, para aumentar la penalidad a delincuentes. "Por eso digo que el presidente está mintiendo", añadió.

Algunos legisladores del PAN trataron de defender al Presidente, entre ellos el diputado Fernando Guzmán Pérez Pelaez y el senador Juan José Rodríguez Prats. Este último acusó al Senado de violar la Constitución, ya que, dijo, ésta señala que si en un mes no se ha dictaminado una iniciativa puede ser enviada a la otra cámara, y el paquete de justicia de Fox tiene 14 meses en San Lázaro.

El diputado del PRD Pablo Gómez lo interrumpió para preguntarle: "¿De dónde saca usted que la norma constitucional obliga al Senado a despachar una iniciativa a más tardar un mes después de que la recibió?" Y aclaró que, en todo caso, faculta al Presidente de la República a enviar a la otra cámara su propuesta.

El legislador perredista preguntó al panista si le recomendaría a Fox "que fuera con su proyecto a otra ventanilla", pues "quizá en la Cámara de Diputados lo hubiéramos despachado en 15 días... o en 15 minutos".

La senadora priísta Martha Tamayo agregó: "Si nos hemos tardado 14 meses en resolver, es por lo delicado de las propuestas, porque pretenden imponer un sistema de justicia muy distinto al de nuestra idiosincrasia".

Durante la sesión se propusieron tres puntos de acuerdos en torno a ese tema, uno de ellos del senador perredista Antonio Soto, para citar a comparecer a los secretarios de Seguridad Pública y de Gobernación, Ramón Martín Huerta y Santiago Creel, respectivamente, para que informen sobre la ola de violencia en el país.

Asimismo, la Comisión Permanente dio entrada a las iniciativas del presidente Fox para reformar la Ley de Amparo y modificar el artículo 38 constitucional, para preservar los derechos políticos de quienes están sujetos a juicio penal.

 
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