Analiza el Congreso local intolerancia gubernamental hacia La Jornada San Luis
Diputados de SLP impulsan iniciativa para regular gasto oficial en publicidad
Señalan la obligación del Estado de garantizar que la sociedad esté bien informada
San Luis Potosí, SLP, 19 de mayo. Tres diputados locales presentaron ante el pleno del Congreso del estado un punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo dar a conocer los recursos destinados a publicidad oficial en medios de comunicación, e iniciar, junto con el Poder Legislativo, la elaboración de un reglamento o una ley en la materia para su reparto equitativo.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Vigilancia para su análisis, la presentó el perredista Eduardo Martínez Benavente, aunque también la firmaron su correligionario Juan Ramiro Robledo Ruiz, y el panista Pedro Pablo Cepeda Sierra.
La idea surgió a raíz de las denuncias de La Jornada San Luis y el programa radiofónico Zona Crítica acerca de la intolerancia a la crítica de parte del gobierno del estado, que encabeza el panista Marcelo de los Santos Fraga.
En los considerandos, el documento alude al derecho a la información plasmado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantía que, refiere, se debe debatir debido a los acontecimientos de los pasados 20 meses, pues el gobierno panista ha dado muestras de resistencia hacia la trasparencia administrativa. Este hermetismo le valió a San Luis Potosí ser señalado como unos de los peores estados en materia de rendición de cuentas en la Semana Nacional de Trasparencia, en junio del 2004.
El legislador expuso los casos de La Jornada San Luis, que sufre represalias por medio de la negativa del gobierno a otorgarle publicidad e información, y del programa de radio Zona Crítica 750, que salió del aire el lunes pasado y que desata fuertes sospechas acerca de que la causa real de los dos sucesos tiene el mismo origen: la intolerancia a la crítica de parte del Ejecutivo estatal.
Ante ello, advirtió, está en juego la permanencia de medios de comunicación que tratan de establecer la calidad de la democracia que se quiere tener, con ciudadanos que ejerzan plenamente su derecho a la información con un equilibrio de pluralidad mediática que les permita contar con mayores antecedentes reales y racionales para su participación en la vida pública, y que esas decisiones no estén influenciadas por la discrecionalidad con la que se ejerce la publicidad oficial.
Para ello se solicitó exigir al Ejecutivo y a todas las dependencias que den a conocer públicamente toda la información relacionada con la forma en que se distribuyen los recursos destinados a publicidad oficial, independientemente del concepto que la denomine (apoyos informativos, paquetes publicitarios, gacetilla, etcétera), cuánto asigna a cada medio local y nacional, la justificación de cada una de las asignaciones y los criterios que le permiten tomar tales decisiones. El punto de acuerdo propone exigir al Ejecutivo que encuentre y se comprometa a establecer un esquema de distribución equitativa de los recursos para publicidad oficial, así como tener un compromiso de corrección y sanción de las cantidades asignadas fuera del presupuesto para este fin.
También se pide que el gobierno inicie, en coordinación con el Congreso local, un proceso de consulta abierto a la población y a especialistas para valorar la elaboración de un reglamento o una ley en materia de publicidad oficial, que establezca normas y lineamientos generales para la aplicación de recursos presupuestales en materia de comunicación social, tomando en cuenta varios puntos preliminares.
Dichos criterios serían establecer como principio rector del debate que se busca optimizar el derecho a estar informado que tiene toda la población; hallar elementos que permitan garantizar la trasparencia en la publicidad oficial; establecer criterios equitativos de distribución que eviten que prevalezcan marginaciones y prejuicios; procurar que se prohíba en forma expresa el uso de gacetillas, por constituir un engaño al lector o audiencia de los medios; tratar de encontrar también una solución al problema que representa la situación económica de los reporteros, que los vuelve objeto de "relaciones perversas" con las fuentes de información y promover el establecimiento de cuotas mínimas para la formación de "masa crítica" por la vía de la publicidad oficial.