Responsabilidad
La posibilidad de que el candidato presidencial por el PRD sea un contendiente ganador tiene asustados a muchos. A algunos les preocupan auténticamente los riesgos que reconozcan los "mercados financieros", porque implicaría una elevación del costo-país. A otros les interesa anatemizar la propuesta, buscando influir en la elección venidera. Frente a todos conviene detenerse e intentar precisar lo que pudieran ser ejes temáticos centrales de una propuesta de izquierda. Esta precisión es, por supuesto, preferible al intento gatopardista de aparentar ser lo que no se es con el fin de calmar los ánimos.
En la Convención Nacional Bancaria, realizada en la primera semana de marzo, el nuevo presidente de la asociación declaró que "un presidente de izquierda no es un problema para la banca", siempre y cuando acepte los lineamientos de la economía de mercado. Esta aceptación es conditio sine qua non de responsabilidad. Cualquier desviación implica irresponsabilidad, lo que para ellos es sinónimo de populismo. Esto se formula con una pregunta: ¿el gobierno de López Obrador será como el de Lula o el de Chávez? La respuesta tiene que ver con el respeto al mantenimiento de los "equilibrios fundamentales".
En realidad, la pregunta debiera ser: ¿se aprovechará el mandato popular para atender los enormes déficit sociales o, como hizo Fox, se continuará con el programa de reformas neoliberales y con el cuidado obsesivo del déficit fiscal y del control de la inflación? Contestar este cuestionamiento lleva a explicitar el proyecto económico y, particularmente, a reconocer las responsabilidades del Estado en la corrección de la inequidad provocada por la acción de los mercados. El planteamiento económico general del proyecto alternativo reconoce que la inversión privada ha tenido un desempeño decepcionante, lo cual evidencia la necesidad de que la inversión pública asuma un rol no sólo complementario, sino que genere un dinamismo económico virtuoso.
La industria petrolera y la obra pública demandarán recursos significativos. Ello implica plantearse el tema de los ingresos públicos y del déficit en las finanzas públicas. Si el esfuerzo requerido en el primer año por la inversión pública exige el equivalente a 4 ó 5 puntos del producto, es decir, unos 300 mil millones de pesos, no parece posible que un mejoramiento en la recaudación pueda fondear este requerimiento. En consecuencia, resultará indispensable aumentar la carga tributaria a niveles comparables con los de nuestros principales socios comerciales. La propuesta no puede ser incrementar el impuesto al consumo, como han intentado los últimos gobiernos, sino impuestos al ingreso.
A ello habría que agregar un incremento al gasto público, que no podría tener otra fuente de financiamiento que el déficit fiscal. No es una insensatez. En muchos países desarrollados el déficit público equivale a 3 ó 4 puntos del PIB y la economía opera razonablemente. La ortodoxia vigente, extremadamente estricta para los países en desarrollo, ha convencido a los gobiernos que el equilibrio fiscal es indispensable para un funcionamiento sano de los mercados financieros. El gobierno del PSOE en España ha planteado que su déficit no será mayor a 3 por ciento del PIB, pero no como meta anual, sino como meta solamente aceptable a lo largo de un ciclo ordenado por los compromisos de gasto de un gobierno con responsabilidades sociales.
Otro de los valores de la ortodoxia es la autonomía del banco central y el establecimiento de su objetivo único: estabilidad de la moneda. Las reformas del salinato otorgaron rango constitucional a esta autonomía para aislarlo de presiones políticas. Modificar esto demanda una mayoría en el Congreso de la Unión que tendrá que conseguirse en las urnas. Por ello, resulta básico reconocer que para cambiar la política monetaria habrá que tener un respaldo electoral que permita ganar la Presidencia y la mayoría en el Congreso. No es fácil, pero si no se plantea con claridad será imposible. De ello dependería que el objetivo de crear nuevos empleos, y que sean decentes, sea viable.
En estos dos ámbitos la propuesta de un gobierno de izquierda difiere sensiblemente de la ortodoxia vigente y de lo que exigen los analistas financieros. El punto es: ¿la responsabilidad es con los electores o con los mercados financieros? La respuesta es obvia: con los electores que han sido golpeados por la acción del mercado. Eso es ser un gobierno responsable.