La SCJN fue acusada de adoptar posiciones cortesanas
El PEF 2005 confrontó medio año a los poderes de la Unión
La aprobación del Presupuesto 2005 confrontó durante casi medio año a los tres poderes de la Unión, dentro de un debate en el que la Suprema Corte de Justicia -a decir de PRI, PRD y PT en la Cámara de Diputados- no sólo adoptó "posiciones cortesanas" con el Ejecutivo, sino invadió las facultades exclusivas del Legislativo en materia presupuestal.
El diferendo, que se expresó en todos los tonos, se inició desde que la Cámara, por primera vez en su historia, definió un presupuesto de egresos sin la intervención de la Secretaría de Hacienda y con un monto de recursos nunca antes visto para impulsar el combate a la pobreza, la infraestructura y el desarrollo social.
En la sesión del 17 de noviembre pasado, por mayoría de votos, la Cámara aprobó un presupuesto de un billón 818 mil 400 millones de pesos, 4.2 por ciento mayor a la propuesta del Ejecutivo, en medio de la amenaza del PAN -que abandonó el recinto- de aplicar el veto presidencial, y ante ese amago el coordinador del PRD, Pablo Gómez, sostuvo entonces que Vicente Fox no tenía más que aceptar la votación del pleno: "¡Obedece u obedece!"
No obstante, el mandatario consideró que la Cámara de Diputados se excedió en sus facultades y realizó una distribución de recursos fuera del esquema definido en el Plan Nacional de Desarrollo, y el 30 de noviembre envió a San Lázaro un paquete de "observaciones específicas'' al PEF 2005.
Desde ese momento, la Cámara de Diputados advirtió que no permitiría que el oficio firmado por Fox se turnara a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública -lo que habría implicado dictaminar el documento y, por lo tanto, admitir la supuesta facultad de veto del Ejecutivo-, sino que sería presentado en el pleno en el rubro de comunicaciones, y desechado en ese momento.
Tal hecho ocurrió en la última sesión del periodo ordinario, el 14 de diciembre, donde se aprobó un acuerdo, elaborado por la mesa directiva que preside Manlio Fabio Beltrones, por el cual se negó al Ejecutivo federal el derecho de veto -inexistente en la Constitución-, y por añadidura se rechazó totalmente la posibilidad de una fe de erratas.
La confrontación entre Ejecutivo y Legislativo subió de tono el 20 de diciembre pasado, cuando una vez desechadas sus "observaciones", Fox, quien ya había publicado el decreto de presupuesto en el Diario Oficial, dirigió un mensaje en cadena nacional para anunciar que presentaría la controversia constitucional ante la Suprema Corte para que el Poder Judicial determinara a quién correspondía "la decisión final" sobre el presupuesto.
Al encono abonó la Secretaría de Gobernación, que le negó un día después a PRD, PRI, PT, Convergencia y PVEM utilizar tiempos oficiales para difundir una declaración de defensa del presupuesto, que debió ser transmitida a través del Canal del Congreso. El 22 de diciembre, Beltrones constituyó un equipo de constitucionalistas que asesorara a la Cámara, y entre ellos se incluyó a Raúl Carrancá, Diego Valadés e Ignacio Burgoa, quienes consideraron que la controversia resultaba inviable, pues Fox había ordenado la publicación del presupuesto.
Ese mismo día, en periodo de receso, la Corte dio entrada a la controversia, en una decisión objetada por la Cámara de Diputados, pues la admisión fue por un acuerdo general de los ministros que se basó en un código inexistente, lo cual dio pie a una nueva andanada de críticas de los legisladores. Una semana después, el 28 de diciembre, la Comisión de Receso de la Corte admitió el recuso de reclamación de la Cámara contra la admisión de la controversia -recurso que fue rechazado posteriormente-, a pesar de que los propios ministros reconocieron que el acuerdo general tenía errores garrafales.
En los primeros días de enero, Beltrones se entrevistó en privado con el presidente de la Corte, Mariano Azuela, y ante la posición asumida por los ministros de rechazar la impugnación de la Cámara, los grupos parlamentarios amagaron con iniciarles juicio político por haber causado "perjuicio de los intereses públicos o fundamentales", al haber aceptado la solicitud del Ejecutivo de congelar partidas aprobadas por la mayoría camaral, que representan más de 4 mil millones de pesos.
La guerra se avivó con la emisión de espots en los cuales se utilizaron fragmentos de encendidos discursos de Vicente Fox, Santiago Creel y Carlos Medina, quienes cuando fungieron como diputados del PAN reclamaron desde la tribuna que el Presidente de la República (entonces del PRI) no tenía facultad de vetar el presupuesto, lo cual evidenciaba la contradicción entre el discurso de hace algunos años con el utilizado ahora por el blanquiazul.
A la pugna se sumaron los gobiernos de estados y municipios, universidades y otras entidades. Ayer, PRI, PRD y PT advirtieron que el fallo de la Corte no hizo más que acordar que debe ser la Cámara de Diputados la que vote a favor o en contra de las observaciones del Presidente al presupuesto.