Editorial
Edomex: corrupción y mapachismo
El pasado fin de semana, priístas y panistas se acusaron mutuamente de involucrar el respaldo de las instancias de poder federal y estatal la presidencia de Vicente Fox, en un caso, la gubernatura de Arturo Montiel en el otro para incidir en las elecciones que habrán de realizarse el próximo 3 de julio en el estado de México. Ambos tienen razón. No se requiere de demasiada perspicacia para percibir el sesgo discursivo favorable a Rubén Mendoza Ayala, candidato de Acción Nacional al ejecutivo estatal, procedente de las instancias del gobierno federal, o los reajustes electoreros que se realizan en la entidad en la aplicación de los programas sociales de Los Pinos.
El operativo oficial de las autoridades de Toluca para inclinar la balanza en favor de Enrique Peña Nieto, aspirante priísta a la gubernatura, es mucho más palpable. La campaña del tricolor está plagada de maniobras típicas del mapachismo caciquil y antidemocrático: compra descarada de votos a cambio de despensas y materiales de construcción, convergencia de la publicidad oficial con la partidaria y exhibición de presupuestos publicitarios al parecer ilimitados, todo con el propósito de conservar a toda costa el poder en una entidad federativa que es bastión de lo peor y de lo más corrupto del priísmo tradicional.
Por si no bastara con las evidencias de este intento de ambos bandos por convertir los próximos comicios mexiquenses en una elección de Estado, la semana pasada se dio a conocer una conversación en la que el presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), José Juan Gómez Urbina, ofrecía a dos consejeros de ese organismo, Isael Montoya Arce y Bernardo García Cisneros, 3 millones de pesos a cada uno para que aprobaran la adjudicación de un contrato por 63 millones de pesos para elaboración de urnas a la empresa Cartonera Plástica, vinculada a una ex consejera electoral de filiación priísta, y que costó 40 millones de pesos más que la propuesta de otra competidora.
Gómez Urbina admitió que el diálogo en cuestión sí había tenido lugar, pero se trató, dijo, de una "broma". Haya tenido lugar o no el cohecho, la conversación tuvo por efecto disolver de inmediato la credibilidad del IEEM y de sus integrantes. Ello llevó a retirarse del órgano electoral a los representantes panista y perredista y sembró una duda demoledora en cuanto a la capacidad del instituto de organizar, regular y calificar con probidad, imparcialidad y eficiencia el comicio del 3 de julio.
Los hechos referidos son signos alarmantes que hablan de las lagunas y miserias de la institucionalidad electoral no sólo mexiquenses, sino del país en su conjunto, en la medida en que dan cuenta de actos de corrupción o cuando menos de escandalosas faltas de criterio político en autoridades comiciales y refrendan la vigencia de los partidos favoritos del poder y de las condiciones de falta de equidad en las competencias electorales. Diríase, a juzgar por las noticias procedentes de la entidad, que en los últimos cinco años el país no ha avanzado un centímetro en materia de democratización, de sufragio efectivo y de transparencia.
Por último, a nadie escapa el hecho de que la próxima elección en el estado de México en el cual se concentra el mayor número de votantes en la República prefigura, de manera inevitable, los comicios federales del año entrante, y que si los vicios del proceso electoral mexiquense se reproducen en alguna medida a escala nacional no habrá forma de argumentar la existencia de normalidad democrática en el país.