Usted está aquí: jueves 12 de mayo de 2005 Opinión Caso Creel: el silencio

Eduardo R. Huchim

Caso Creel: el silencio

A solicitud del entonces Partido Alianza Social (PAS), presidido en el Distrito Federal por José Alfonso León Matus, la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) inició, en mayo de 2003, una investigación para determinar si, como sostenía el PAS, los gastos de campaña del candidato de la Alianza por el Cambio (integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México) a jefe de Gobierno en 2000, Santiago Creel Miranda, habían rebasado los límites fijados por el Consejo General.

La solicitud del PAS se basó en una información del diario El Universal, que en síntesis decía lo siguiente:

1) El Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México, encabezado por Carlos Rojas Magnon, aportó 5 millones de pesos para el pago de la producción y la transmisión de espots publicitarios en televisión del entonces candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal, Santiago Creel Miranda, gasto que no fue reportado al Instituto Electoral del Distrito Federal.

2) El mencionado fideicomiso realizó dos pagos a la empresa Vision Films, en mayo y junio de 2000. Una de las solicitudes de pago, por 3 millones de pesos, fue hecha el 19 de mayo de 2000 por Ignacio Creel.

Al iniciar sus indagaciones, la Comisión de Fiscalización fue a sus propios archivos y, con el apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, efectuó una nueva revisión del informe de gastos de campaña presentado por la Alianza por el Cambio, a fin de determinar si este informe incluía los egresos que, según la nota periodística, se habían destinado a la campaña de Santiago Creel sin que se reportaran a la autoridad electoral capitalina. Esta revisión indicó que en el conjunto de la información entregada al IEDF no se incluyeron tales gastos.

La Comisión de Fiscalización solicitó y obtuvo de El Universal copias de los documentos e información relacionados con la nota titulada: "Aportó fideicomiso de Rojas dinero a campaña de Creel", publicada el 2 de abril de 2003. También solicitó y obtuvo del Instituto Federal Electoral (IFE) la información que le requirió y que ese instituto tenía en sus archivos.

A los presidentes de los partidos integrantes de la mencionada coalición también se les pidieron información y documentación. El diputado Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, contestó no tener información sobre el asunto, en tanto que José Luis Luege Tamargo, del Partido Acción Nacional, no contestó nunca al requerimiento de la Comisión de Fiscalización, pretextando que ésta no le fijó un plazo para responder.

Calló Luege Tamargo, aunque posteriormente, ante un nuevo requerimiento de la comisión, el entonces representante del PAN ante el Consejo General del IEDF, Sergio Muñoz Cambrón, negó "el contenido y valor probatorio de las notas periodísticas publicadas" y afirmó que su partido era ajeno a "las relaciones que hubieren sostenido el Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México, por conducto de la institución fiduciaria, y la empresa Vision Films, SA de CV".

Igual que Luege Tamargo, también guardaron silencio ante los requerimientos de la Comisión de Fiscalización los señores Carlos Rojas Magnon y Lino Korrodi Cruz, fideicomitente y presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México. Al primero ni siquiera fue posible notificarle directamente el requerimiento respectivo porque éste no fue aceptado en los domicilios que el IEDF poseía como suyos. De cualquier modo, Rojas Magnon calló también cuando se le requirió mediante edicto publicado en 13 diarios de esta ciudad.

A esta acumulación de silencios se sumó la empresa Vision Films, que tampoco proporcionó la información que le fue requerida, a pesar de que su representante legal, María de Lourdes Ruiz Sánchez, tras de recibir el segundo requerimiento de la comisión, pidió un plazo adicional -que se le concedió- para responder. Igualmente guardó silencio Ignacio Creel Cobián, coordinador de finanzas de la campaña del candidato panista a jefe de Gobierno.

¿Por qué callaron todas estas personas? ¿Por qué no contestar y entregar lo que se les requería si no había nada de irregular en el caso? ¿Fue el silencio una decisión individual de cada uno de ellos o respondió a una estrategia de callar por temor a incriminar a un partido y su candidato? ¿O fue simplemente que decidieron no responder porque no tenían obligación de hacerlo?

Quien no participó en esta acumulación de silencios fue Creel Miranda, quien el 16 de abril de 2004, antes del plazo que se le fijó, respondió al requerimiento de la Comisión de Fiscalización, señalando que "las actividades vinculadas al financiamiento y gasto realizadas durante la campaña para jefe de Gobierno del Distrito Federal del año 2000, estuvieron a cargo del Partido Acción Nacional y no del suscrito". Este señalamiento fue una de las razones por las que la Comisión de Fiscalización no le fincó responsabilidad al otro partido integrante de la Alianza por el Cambio, el Verde Ecologista de México, ya que el ex candidato señaló expresamente a su partido como el encargado del financiamiento de su campaña.

A pesar del silencio de quienes no aportaron la información y documentación que se les requirió, la Comisión de Fiscalización pudo probar que el Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México pagó 5 millones de pesos a la empresa Vision Films por servicios proporcionados durante el proceso electoral constitucional de 2000, consistentes en la producción y pautas para televisión.

Lo anterior se acreditó con los siguientes documentos:

a) Relación de egresos del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México.

b) Estados de cuenta bancarios, correspondientes a mayo y junio de 2000, del mismo Fideicomiso.

c) Escrito de 19 de mayo de 2003, suscrito por Carlos Antonio Rojas Magnon, fideicomitente del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México, dirigido a Alejandro López Ángeles, delegado fiduciario del mismo, a través del cual le solicita que expida un cheque a favor de Vision Films, por 3 millones de pesos, para sufragar gastos de producción y pauta para televisión.

d) Copia del cheque de caja número 9861220, expedido el 22 de mayo de 2000 por la sucursal número 320 de Bancomer, a favor de Vision Films, por 3 millones de pesos.

e) Escrito de 2 de junio de 2000, suscrito por María Isabel Jiménez Almaraz, quien le solicita a Alejandro López Ángeles, delegado fiduciario del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México, que expida un cheque a beneficio de Vision Films, por 2 millones de pesos, para sufragar gastos de producción y pauta para televisión.

f) Copia del cheque de caja número 14290, expedido el 5 de junio de 2000 por la sucursal número 320 de Bancomer, a favor de Vision Films, por 2 millones de pesos.

Después de un año de investigaciones, la Comisión de Fiscalización tenía documentado todo, excepto una cosa: que esos 5 millones de pesos en servicios de producción televisiva fueron destinados efectivamente a la campaña de Santiago Creel Miranda. Todo indicaba que así había sido, pero faltaba el vínculo crucial que uniera el gasto con esa campaña.

El 27 de julio de 2004, la Comisión de Fiscalización ofreció una conferencia de prensa en la cual dijo que, ante la acumulación de silencios que he detallado, la comisión estaba imposibilitada material y jurídicamente para realizar alguna diligencia adicional vinculada a los hechos materia de su investigación, debido a que no tiene atribuciones legales ni medios coactivos que le permitieran obligar a los particulares a proporcionar la información que les requiera.

La comisión no cerró la investigación, pero sí anunció la presentación de un informe al Consejo General en el que daría cuenta de los resultados de sus indagaciones. Estos resultados se resumían en que no podía asegurar que los 5 millones de pesos fueron destinados a la campaña de Creel, pero tampoco estaba cierta de que no lo habían sido; no podía asegurar que el tope de gastos de campaña de 2000 fue rebasado por la Alianza por el Cambio, pero tampoco tenía certeza de que no lo hubiera sido.

La certeza habría de comenzar a llegar al día siguiente.

 
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