Urge revisar el sistema procesal
La persecución judicial contra el gobierno electo de la ciudad de México ha terminado. El Ejecutivo federal dio marcha atrás en su intento de descalificar antes de tiempo y con argumentos legaloides a uno de los aspirantes a la Presidencia en 2006 más populares.
Andrés Manuel López Obrador no será llevado a la cárcel porque las acusaciones que fabricaron sus enemigos no tenían sustento jurídico ni político, eran intenciones aviesas ejecutadas por personeros de los sectores más duros del país, como el general Rafael Macedo de la Concha, un militar que encabezó estos cuatro años la procuración de justicia en México, con lamentables resultados y poniendo en riesgo el débil régimen democrático.
Desde su arribo al Poder Judicial se caracterizó por su desprecio hacia las garantías civiles y los derechos humanos, de manera particular de quienes consideraba sus adversarios, rodeado de ineficacia, intereses oscuros, incluso incorporando a delincuentes de la guerra sucia de nuestro país a su servicio, algunos hasta con nexos con las mafias que decían combatir. A su amparo, en el territorio nacional crecieron el narcotráfico, las organizaciones criminales, como los grupos de secuestradores, que se expandieron, ante la impunidad que se ejecutaba desde el poder. Ahí están los más de 150 asesinatos en lo que va del año en Tijuana, por mencionar sólo un ejemplo, además de los llamados de atención de nuestros socios del norte, que ponen el énfasis de sus críticas en la inoperancia de las policías y los impartidores de justicia. Con este general se inauguraron las escuchas, el contraespionaje, ya fuera por motivos políticos o hasta personales; esto poco importaba, si se hacía el trabajo sucio desde los sótanos del poder.
Con su dimisión se lleva el desprestigio de su actuar y deja el camino libre para que la democracia siga su marcha, en medio de una incertidumbre creada por los ignorados costos que derivarán de esta vergonzosa aventura. Curiosamente los que se llenaron la boca hasta el último momento para llamar delincuente al tabasqueño que gobierna esta capital, son los mismos que gritaban, amparados en la falsa justificación de preservar un supuesto estado de derecho, y fueron derrotados por un juez, que rechazó conocer el caso por falta de consistencia jurídica, y ante la derrota ahora nos tratan de sorprender con que sí tenían la razón pero se negoció la ley para dar paso a la política.
Son los mismos que ahora, con prisa pero sin pausa, adulan al gobernante defeño con miras a colocarse en la contienda presidencial ya próxima. En el caso de El Encino se intentó vulnerar un derecho fundamental, como el de la protección de la libertad personal; una de las principales violaciones a los derechos humanos, como las detenciones arbitrarias por falta de garantías procesales, denunciadas años atrás hasta por grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas en nuestro país.
Se evidenció la urgente necesidad de reformar el reconocimiento de inocencia, propuesta legislativa que espera desde 1994, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos la propuso por considerar que su aplicación es insuficiente e inadecuada. Pero también se cuestionó el monopolio de la acción penal. Con la larga confrontación se demostraron los tortuosos procedimientos ante el Ministerio Público que tienen que seguir los denunciantes y los ofendidos mientras su caso es conocido por un juez, y surgieron interrogantes sobre la autonomía del Ministerio Público, que debe garantizar independencia en su acción pero a la vez evitar la incorporación de los criterios políticos en las tomas de decisión, que se deben regir sólo por criterios de justicia.
El tema del desafuero de López Obrador tendrá sin duda múltiples consecuencias y nos obliga a sociedad y gobierno a revisar nuestros sistemas procesales para que nunca más sean utilizados por la policía política y los auténticos enemigos de la democracia y la legalidad.