Editorial
La política, ausente
La nueva tormenta desatada por las inhabilitaciones y multas por más de 2 mil 800 millones de pesos que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Rogelio Montemayor y otros cinco altos ex directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) involucrados en el desvío de fondos de esa paraestatal a la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000 es ilustrativa de los resultados que ha logrado el gobierno en curso al prescindir de la política y recurrir a la vía judicial, en forma casi sistemática, para resolver diferencias con otros sectores de la vida republicana: lo que debiera ser un acto de mera justicia administrativa, aunque selectiva y parcial, es presentado ahora por los priístas como una "venganza" por la reciente conformación, en la Cámara de Diputados, de una comisión encargada de investigar el tráfico de influencias presuntamente realizado por los hijos de Marta Sahagún en lo que va del sexenio y, particularmente, su supuesta participación en contratos irregulares de construcción de viviendas con el Infonavit.
En un tono cercano al delirio, algunos voceros del tricolor afirman inclusive que las multas y las inhabilitaciones son resultado de un pacto entre el presidente Vicente Fox y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para "castigar" al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por haber sido parte central en la reciente conjura propagandística y judicial contra el gobernante capitalino.
Una cosa es cierta: el Ejecutivo federal ha usado y abusado de los organismos jurisdiccionales para imponerse a las decisiones del Legislativo, para resolver controversias con entidades de la Federación, para ensayar engaños a la opinión pública que no otra cosa fue, por ejemplo, la consignación del ex coordinador de giras presidenciales Nahúm Acosta y hasta para golpear a adversarios internos dentro de las filas panistas, como denunció recientemente Manuel Espino, presidente nacional del blanquiazul. Y cuando el grupo en el poder cayó en la cuenta de que López Obrador podía ser un rival capaz de disputarle el poder en la contienda presidencial del año entrante, en vez de formular estrategias para vencerlo en las urnas optó por inventarle un expediente judicial cuyo desarrollo estuvo a punto de desestabilizar al país.
Otro extremo grotesco al que se ha llegado es la circunstancia en la que se ha pretendido colocar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el intento de veto presidencial al presupuesto de egresos elaborado en cumplimiento de sus facultades constitucionales, cabe decir por la Cámara de Diputados. Si el máximo tribunal del país cae en la trampa podría acabar tomando decisiones en materia de política económica, lo que significaría una nueva y grave distorsión de la institucionalidad. Mientras por una parte el Ejecutivo federal niega las atribuciones del Legislativo, por la otra no vacila en ceder las propias al Judicial, el cual terminaría definiendo partidas presupuestales.
La razón central de este desbarajuste es simple: la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno actual para hacer política y su imposibilidad de distinguir entre política y justicia. Muchos de los asuntos que se envían a la SCJN habrían podido resolverse en el ámbito de la negociación entre instancias, entre funcionarios o entre bancadas; en otros casos se ha usado a los órganos de procuración e impartición de justicia como arma contra los adversarios. Y cuando se buscan esclarecimientos obligados, como los que deben realizarse en torno a Amigos de Fox, la fundación Vamos México, la Lotería Nacional, los fondos sospechosos entregados por Pemex al sindicato petrolero durante la presente administración o los negocios de los hijos de Marta Sahagún, se alega, desde Los Pinos, que tales intentos de investigación son ataques políticos disfrazados.
El descrédito por esta ausencia de manejo institucional de problemas judiciales y diferencias políticas afecta a los tres poderes y a conglomerados empresariales los mediáticos, en primer lugar, y la vida republicana se ha contaminado de conspiraciones reales y de sospechas de conjuras imaginarias que deterioran y contaminan todo el quehacer nacional. Sería deseable que la presidencia foxista dispusiera de una Secretaría de Gobernación capaz de reorientar la desbocada relación entre instituciones y fuerzas políticas, así fuera sólo para garantizar un fin de sexenio armónico y ordenado.