Usted está aquí: jueves 12 de mayo de 2005 Estados Prosigue protesta contra La Parota

Prosigue protesta contra La Parota

Acapulco, Gro., 11 de mayo. Ejidatarios opositores a la construcción de una presa hidroeléctrica en el paraje La Parota se manifestaron frente a las oficinas del Tribunal Unitario Agrario (TUA) y la delegación estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para exigir que se cancele un acta de asamblea ejidal "realizada de manera amañada" para autorizar trabajos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, pidieron que se revise el manifiesto de impacto que el Programa Universitario de Manifiesto Ambiental (PUMA) realizó en La Parota, por incluir diversas omisiones. Marco Antonio Suástegui, del comisariado de bienes comunales de Cacahuatepec, acompañado por representantes de comunidades -incluso algunos que inicialmente apoyaron la hidroeléctrica-, expuso que algunos requisitos solicitados por el magistrado del TUA Rodolfo Lara Orozco para declarar cancelada el acta mencionada fueron rechazados en asamblea "por costosos e inoperantes".

Señaló que entre las peticiones de Lara Orozco figuró la contratación de un perito que cobraría 9 mil pesos por verificar la autenticidad de cada firma en el documento. "Eso no es necesario cuando estás siendo testigo presencial de los hechos y que en el acta de asamblea se colocaron huellas digitales falsas", se quejó.

Suástegui indicó que en el acta de la asamblea, realizada el 23 de abril de 2004, aparecen 2 mil 300 firmas falsas para aprobar el proyecto hidroeléctrico y en contra del titular del comisariado ejidal de Cacahuatepec, Crescencio Jerónimo Aparicio.

Agregó que la CFE "tiene todos los caminos cerrados" para acceder a La Parota por un acuerdo de los comuneros, pero "en un acto de provocación" ha ingresado al lugar por un predio que es propiedad de la comunera Emperatriz Suástegui Valeriano.

Los labriegos también pidieron respuesta a la solicitud de revisión del manifiesto de impacto ambiental realizado por el PUMA.

Entre las anomalías citaron que el PUMA no consideró la afectación a la salud pública que resultaría de inundar 17 mil hectáreas para crear la presa ni el impacto en la flora y fauna endémicas de la zona, que es "altamente sísmica".

Misael Habana, corresponsal

 
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