Usted está aquí: viernes 6 de mayo de 2005 Mundo "Incompatibles con la Constitución", las leyes de impunidad: Esteban Righi

Imprescriptibles, los crímenes, dice el fiscal argentino

"Incompatibles con la Constitución", las leyes de impunidad: Esteban Righi

AFP

Buenos Aires, 5 de mayo. El procurador general de Argentina, Esteban Righi, dictaminó este jueves que las leyes de amnistía denominadas Punto Final y Obediencia Debida, que beneficiaron a unos mil militares de la dictadura (1976-1983), "son incompatibles con la Constitución Nacional".

El dictamen del fiscal pasará a consideración de la Corte Suprema, que deberá decidir si avala o no la anulación de las normas que intentaron exculpar a militares y policías involucrados en delitos de terrorismo de Estado, informó una fuente judicial.

El documento se difundió un día después que el presidente Néstor Kirchner instó al más alto tribunal a resolver sobre el pedido de inconstitucionalidad de las leyes dictadas en 1986 y 1987, respectivamente.

En su resolución, Righi dictaminó que los crímenes cometidos durante la última dictadura son "imprescriptibles" y ratificó la "inconstitucionalidad y nulidad" de las leyes de amnistía, aprobadas por el Congreso bajo la amenaza de sublevaciones militares durante la dura transición democrática.

Righi aconsejó a la Corte Suprema que deje firme un fallo de la Cámara Federal que dictó prisión preventiva al ex suboficial represor de la Policía Federal Julio Simón por el secuestro de José Poblete, su esposa y la hija de ambos, Claudia, cometido el 27 de noviembre de 1978.

El procurador agregó que "no se halla prescripta la acción penal para la persecución de los delitos de tortura y desaparición forzada de personas".

Las leyes, calificadas "de impunidad" por Kirchner, fueron anuladas por el Parlamento el 21 de agosto pasado, pero varios juristas cuestionaron la decisión al sostener que la anulación de normas es una facultad del Poder Judicial, en particular la Corte Suprema, y no de los legisladores.

De todos modos, la anulación de las normas derivó en la reapertura de dos "megacausas" por la Cámara Federal de Buenos Aires, que ordenó volver a investigar lo ocurrido en los campos de concentración y exterminio de prisioneros.

Uno de los casos investiga el centro que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada y el otro se refiere a los delitos en el área del primer cuerpo de ejército, la mayor unidad de batalla.

 
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