Una política económica politizada
La marcha del 24 de abril abrió una nueva etapa en la construcción de la democracia mexicana. Terminó con la ominosa coalición PAN-PRI y les obligó a reconocer que los electores serán los que decidan quién nos gobernará a partir de diciembre de 2006. Derrotada la vía golpista, vendrá la lucha ideológica y política. En los próximos meses veremos una intensa propaganda contra los rasgos populares de la propuesta económica de López Obrador, operada en los medios electrónicos y repetida por analistas políticos y, sobre todo, financieros. La experiencia en la Venezuela de Chávez será usada reiteradamente para "alertarnos" contra el populismo. Se falseará la disputa entre los sectores populares y los poderes reales en ese país para buscar influir en la elección venidera.
Eso obligará a precisar la propuesta económica de la izquierda electoral. Esta precisión tendrá que hacerse en dos diferentes ámbitos. Para que la gente sepa lo que un gobierno con base popular se propone hacer, cómo lo hará y cómo se articula con la construcción de una sociedad sin explotación. Al mismo tiempo, para que los poderes sepan que una política popular es compatible con el desarrollo capitalista, que entiendan que los capitales privados podrán seguir funcionando rentablemente, pero que deberán atemperar sus excesos. Así, la propuesta de política económica deberá atender los reclamos sociales centrales, reducir los enormes déficit sociales, manteniéndose en el marco de la organización social capitalista.
Frente a la gente, Andrés Manuel López Obrador está obligado a establecer compromisos precisos. Ha propuesto utilizar a la industria petrolera de palanca para el desarrollo y la inversión en obra pública será el detonador. Hace falta plantear la política salarial y, a partir de ello, la manera como se entiende que una dinámica económica ascendente generará empleos decentes. Más empleos y mejores salarios ampliarán el mercado interno y, por supuesto, aumentarán las importaciones de bienes de consumo duradero y no duradero. Los detractores de esta propuesta advertirán que ello desincentivará el crecimiento. Habrá que recordarles que la importación de bienes suntuarios en los pasados cuatro años, ha sido equivalente a las remesas enviadas por los mexicanos radicados en el extranjero en ese periodo.
Frente a los poderes reales, López Obrador tendrá que demostrar que un gobierno que trabaja para los más desfavorecidos puede y debe fomentar la inversión privada nacional y extranjera. Ciertamente no se trata de cualquier inversión. El capital extranjero que compró Banamex, Bancomer o Vital (ahora HSBC) no provocó crecimiento ni mejoró la competitividad general de la economía. Lo que se requiere es inversión que genere empleo, no que lo destruya. Eso es posible y rentable. Un mercado interno fortalecido constituye una garantía para la rentabilidad de la inversión. Ello permitirá concretar un nuevo pacto social en el que los diferentes actores económicos asuman compromisos explícitos y definan el reparto de los beneficios.
No se trata de buenas intenciones, sino de una propuesta diferente de política económica, es decir, de una propuesta de acción del Estado en esta economía basada en un proyecto político: iniciar el proceso de construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores. La disyuntiva de un proyecto de este tipo no es luchar contra la desigualdad o contra la explotación. No se propone convocar a "la expropiación de los expropiadores". Se busca, eso sí, reiterar que la izquierda tiene que proponerse construir una sociedad de iguales, fraterna y solidaria.
Este es su propósito central. Lograr que la izquierda llegue al gobierno es, por ello, el medio para sentar las bases de una transformación profunda de la estructura económica, del poder y, en consecuencia, de la propiedad. La izquierda no puede, no debe, plantearse como programa de gobierno lo que no han podido hacer los neoliberales priístas y panistas. Por el contrario, si se gobierna para los pobres, no es solamente para reducir la pobreza, sino para eliminar sus causas.
Una política económica alternativa tendrá que asumir explícitamente que vivimos en una sociedad dividida en clases, terriblemente desigual y alejada de la posibilidad de crecer sostenidamente. Atados a la dinámica de la economía estadunidense, sólo crecemos cuando ellos lo hacen y si disminuyen su velocidad nosotros nos frenamos bruscamente. El proyecto popular tiene que plantearse una vía nacional al desarrollo. Ello exige la participación de todos los sectores sociales. Un auténtico proyecto popular puede hacer esta convocatoria y concretar un acuerdo útil para todos. Ello sólo será posible si la política económica tiene claro contenido político