Ley y política
El presidente Fox detuvo la confrontación y la ciudadanía respiró aliviada, aunque algunos prohombres de la "estricta aplicación de la ley" se sintieron defraudados. ¿Cómo asimilar la votación del de-safuero, decidida por la más amplia mayoría bipartidista, a la novísima interpretación foxiana del "estado de derecho"? ¿Cómo explicar al mundo esta nueva expresión del presidencialismo que ya se daba por desaparecido?
"Puestos a escoger -escribe el diputado panista Juan Molinar Horcasitas-, los opositores al desafuero eligieron proteger la democracia aun a costa de la ley. Esto es particularmente notorio cuando se constata que aplauden la decisión presidencial de dar marcha atrás en el asunto del desafuero, sin reparar demasiado en que los procedimientos indispensables para recorrer esa ruta no sólo no están claros, sino que quizá sean ilegales." Esa postura, obvio es decirlo, parte de una petición de principio: suponer que todo el procedimiento para sancionar al jefe de Gobierno fue siempre transparente e irrecusable, una simple acción legal sin pretensiones políticas, cosa que jamás ocurrió, como se ha venido comprobando.
Decir que el Presidente "escogió" entre la ley y la política para salvar a la democracia es una interpretación torcida que impide ver cuál es el significado de fondo del viraje presidencial y lo convierte en una maniobra táctica, digna de las peores tradiciones de la grilla convencional.
La rectificación realizada venturosamente por el Presidente se refiere, justamente, al uso indebido de la ley con fines políticos y no, como se sugiere, a una inexistente facultad presidencial para pasar por encima de las disposiciones jurídicas, así sea para "salvar la democracia". Por eso rueda la cabeza del procurador general de la República y se anuncia que el expediente será revisado por otros ojos para hallar una salida legal al embrollo político causado por la distorsión de la ley.
Lo que está en juego es saber si los gobiernos y las fuerzas políticas que los respaldan van a canalizar las legítimas aspiraciones de poder a través de las vías estrictamente políticas establecidas por la Constitución o si, como hasta hoy, se intentarán servir del aparato de justicia para anular a sus adversarios. En un caso, estaremos instalados en un escenario propiamente democrático; en el otro, el de "judialización", tendremos un remedo de pluralismo bajo condiciones próximas al autoritarismo.
No hay, al menos en este asunto, una contradicción entre la ley y la política, aunque queda claro que para unos el "estado de derecho" no es más que una entelequia tras la cual se encubre la protección de intereses demasiados estrechos y mezquinos.
En su célebre alocución ante la televisión, el Presidente se comprometió sin reservas a buscar soluciones políticas y legales para poner punto final a un conflicto que ya ha durado demasiado tiempo. En esa dirección sostendrá próximamente un encuentro con el jefe de Gobierno, que será fructífero si se puntualizan las promesas presidenciales, aunque la conversación estará abierta a otros temas pendientes de la agenda.
Bienvenido el diálogo y bienvenida la distensión. Esperemos que los demás actores, en primer término los diputados del PAN y el PRI, adviertan a tiempo que nada será como antes. Pero no hay que hacerse demasiadas ilusiones: el flanco derecho de la sociedad no asimila el golpe y espera agazapado para devolverlo.
A López Obrador toca la enorme responsabilidad de llevar a buen puerto la energía ciudadana que salió a defenderlo de la inhabilitación. Tiene que transformar la irritación en una acción sostenida de la gente. Ha ganado la primera batalla importante, pero el horizonte aún no está despejado. En la contienda electoral hay que ganar voto a voto, convenciendo uno por uno a cada elector. No hay que confiarse.