La derrota de la PGR
Lo dijimos una y otra vez. Lo dijeron los mejores juristas, lo afirmaron abogados de la UNAM, de la Ibero, del ITAM, de la UAM. Lo señalaron tres ministros retirados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Procuraduría General de la República (PGR) no podía proceder contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal porque no hay pena para el delito de desobediencia a una suspensión otorgada en vía de amparo, porque las responsabilidades penales son personales y directas, y porque además nunca se comprobó el cuerpo del delito en el asunto de El Encino. Pasó un año y el país fue sometido a una tensión política innecesaria, absurda y gratuita.
Como los órganos de procuración de justicia fueron incapaces de conducirse de acuerdo con la ley, fue la propia sociedad la que obligó al gobierno a retornar al camino del derecho.
La decisión de la PGR de no proceder penalmente en contra del jefe de Gobierno demuestra que la persecución contra Andrés Manuel López Obrador era política y no jurídica. La PGR quiso torcer la ley y la gente se lo impidió. Incluso, una de las consecuencias jurídicas inmediatas de la decisión de la PGR es que el jefe de Gobierno de la ciudad de México recupera su inmunidad jurídica, es decir, el fuero. Si nunca perdió el cargo, porque no se inició el proceso penal en su contra, ahora además del cargo tiene también el fuero.
La rectificación de la PGR, sin embargo, es a medias y no deja de tener cierto dejo político e imprecisiones jurídicas. Por ejemplo, en su resolución de ayer insiste en buscar acreditar el cuerpo del delito cuando no hay prueba material alguna de que se haya construido el camino que el juez ordenó suspender. Insiste también en querer responsabilizar al jefe de Gobierno por actos que en su caso, y suponiendo, sin conceder, que hubieran sido cometidos, tendrían que haber sido cometidos por inferiores jerárquicos directamente relacionados con la ejecución de los actos de autoridad. Se trata de una pequeña venganza de aquellos que fueron derrotados en la fabricación de una acusación judicial.
No pudieron iniciar el proceso penal contra Andrés Manuel López Obrador, no pudieron quitarle sus derechos políticos, no pudieron llegar a una sentencia condenatoria en su contra. Tratan de decirnos: "es culpable, pero no se puede proceder en su contra".
Sin embargo, lo cierto es que se terminó el asunto judicial. Ganó la sociedad, ganó la ciudadanía, ganó la democracia.
El capítulo ominoso del desafuero termina con una gran derrota para aquellos que quisieron regresar a las viejas fórmulas del autoritarismo, de la trampa y del fraude. Uno de los grandes derrotados es el PRI, pues se subordinó a una estrategia ajena y se definió por completo por los impulsores del de-safuero. Tuvo la oportunidad de impulsar la corrección ante el Poder Legislativo y no lo hizo. Se quedó colgado de la brocha y con los dedos en la puerta, como el PRI de siempre, enemigo de la democracia y de la libertad de elegir.
Tendremos que estar atentos, no obstante, para que no vuelva a suceder, para que no haya una nueva amenaza contra la democracia en México.
Andrés Manuel López Obrador no cometió ningún delito, y el estado de derecho seguirá siendo uno de los grandes objetivos que deben ser alcanzados con un cambio verdadero. La lucha continúa, la transición a la democracia sigue inconclusa.