Editorial
De la conjura a la chapuza
La decisión dada a conocer ayer por la Procuraduría General de la República (PGR) de considerar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, ''probable responsable'' de desobediencia a un auto de suspensión, y de no consignar ante un juez el expediente del caso de El Encino porque ''la ley no establece la penalidad exactamente aplicable'' a la supuesta falta, es una salida sin más méritos que ése, el de ser una salida, a los graves enredos institucionales creados por el Ejecutivo federal mientras le duró el encono contra el gobernante capitalino. Pero la chapucería, la mezquindad y la torpeza con que se formuló la solución ofrecida deja tantos cabos sueltos que ni siquiera puede considerarse una superación definitiva del conflicto.
Por principio de cuentas, la PGR actúa no como procuradora, sino como impartidora de justicia, al emitir consideraciones sobre la ''probable responsabilidad'' de López Obrador en el caso de El Encino; adicionalmente deja abierta la puerta, con ello, a que la parte demandante original se inconforme con la decisión. Esta presunción de culpabilidad, por lo demás insostenible a la luz de los hechos y los datos de que se dispone, parece ser un guiño de última hora, tan torpe como inútil, a los actores políticos priístas y panistas que se prestaron a la farsa del desafuero del gobernante capitalino y que, a fin de cuentas, acabaron desenmascarados por el golpe de timón realizado por el presidente Vicente Fox el pasado 27 de abril.
Mucho antes de esa fecha, varios juristas prestigiados, entre quienes se encontraba el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, advirtieron lo que ahora descubre la PGR, es decir, que sin pena no hay delito y sin delito no hay culpable. Cuánto desgaste político e institucional habría podido ahorrarse al país si el foxismo y su brazo jurídico de entonces, Rafael Macedo de la Concha, hubiesen atendido a esos señalamientos de lógica impecable. Hoy se retoman tales argumentos, pero se carece de toda capacidad para admitir un error (o, más bien una cadena de ellos) y proceder, en forma propositiva e inequívoca, a desistirse de toda acción penal, sin formular improcedentes señalamientos de culpabilidad.
Pero el estilo de gobierno es inconfundible: hoy se perpetra contra López Obrador una mezquindad semejante a la que se destinó al nuevo secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, a quien la delegación mexicana no le aplaudió ni le dirigió un saludo protocolario tras su elección, por el simple motivo de que al canciller Luis Ernesto Derbez le disgustaba haber tenido que ceder al chileno, bajo presión de Washington, el cargo en el organismo panamericano.
Sin duda, el esperpento de solución ofrecido ayer por la PGR es menos peor que nada, y la urgente distensión política bien vale presenciar algunos desfiguros adicionales a los ya escenificados por el grupo gobernante. A fin de cuentas, el principal afectado, el propio López Obrador, en aras de la armonía institucional, aceptó a regañadientes esa salida.
Para finalizar, aunque la PGR hubiese hallado una fórmula menos chapucera y desaseada para cerrar este lamentable episodio, no puede haber olvido ni borrón y cuenta nueva. Aunque la conjura contra la democracia que no otra cosa fue el empeño gubernamental y priísta de eliminar política y jurídicamente al político tabasqueño haya terminado, tomará mucho tiempo resanar la erosión institucional y los daños a la vida republicana causados por ese extravío desde el poder.