La ASF y diputados detectan un perjuicio por $45 mil 324.6 millones en 2003
Irregularidades en el rescate de Banamex, Banorte, Bital, Bancomer y Banca Promex
El IPAB no cumplió con disposiciones para el saneamiento de los bancos, afirman
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la comisión de vigilancia de la Cámara de Diputados detectaron irregularidades sustantivas en el rescate bancario de Banca Promex, Banamex, Banorte, Bital, Bancomer y la liquidación de los bancos del Sureste, Industrial y Obrero, que en conjunto generan un impacto económico por 45 mil 324.6 millones de pesos durante el año 2003; observó además que en general el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) no cumplió con las disposiciones para el saneamiento de los bancos.
Sin embargo, la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la comisión de vigilancia objetó los alcances de las auditorías emprendidas por Arturo González de Aragón, titular de la ASF, porque las recomendaciones hechas sobre el rescate bancario en algunos casos son sólo para pedir aclaraciones y no corresponden con la magnitud del daño a las finanzas públicas ocasionadas por el rescate bancario.
En el análisis por institución financiera, la UEC señaló que en el caso de Promex, el gobierno adquirió 3 mil 30 millones de cartera vencida, contra un compromiso de capitalización de mil 715 millones de Banca Promex, mediante un contrato que se suscribió 10 días antes de la aprobación del comité técnico del Fobaproa para que esa institución participara en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC).
Además, se constató que Promex no cumplió con su compromiso de capitalización, y sólo realizó una aportación de mil 515 millones de pesos, 200 millones de pesos menos de lo comprometido, y con la revisión del bank report de Promex, la ASF encontró transacciones reportables por mil 194.1 millones de pesos.
Por estas razones, la auditoría consideró que el IPAB no cumplió con las disposiciones en el proceso de saneamiento de Banca Promex, debido a que efectuó una aportación de 15 mil 688.3 millones de pesos para sanear al banco, monto que debió absorber el propio grupo financiero, por lo que esa cifra se considera un impacto económico al presupuesto federal.
En el caso de la liquidación del Banco del Sureste, la ASF determinó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no proporcionó los informes general y parcial que debió elaborar para justificar la intervención del banco, omisión que ''podría revelar responsabilidades administrativas de servidores públicos en ejercicio de sus funciones''.
Además, entre diciembre de 2002 y noviembre de 2003, el IPAB liquidó a 383 empleados de dicho banco, con un costo para el erario de 35.4 millones de pesos, pero no entregó a la ASF el soporte que acreditara al pago de las liquidaciones. Al 28 de noviembre de 2003 el costo fiscal de la liquidación del banco ascendía a mil 783 millones de pesos y, de acuerdo con cifras contenidas en el plan de liquidación, el IPAB informó que al 30 de septiembre de 2004 el costo previsto ascendía a mil 821.5 millones de pesos.
Asimismo, se detectó que la CNBV no intervino gerencialmente en el Banco Inverlat, del que el Fobaproa autorizó un saneamiento financiero sin contar con las atribuciones para ello y con graves deficiencias en la supervisión el cumplimiento de convenios y contratos. El impacto económico estimado asciende a 2 mil 96.2 millones de pesos.
En este punto, la UEC de la cámara señaló que la operación de saneamiento del Grupo Financiero Inverlat y del Banco Inverlat representó un alto costo para el erario y un impacto negativo específico en las finanzas públicas derivado de que la CNBV no intervino al banco con oportunidad, y cuestionó que el Comité Técnico del Fobaproa se comportó con ''tolerancia para con los accionistas al ofrecerles recuperaciones de su patrimonio de 9 a 45 por ciento de tenencia accionaria'', así como una comisión que le ofreció al banco por la administración de la cartera vencida, puntos que la ASF dejó pasar en su revisión de la cuenta pública 2003.
La misma unidad de evaluación señaló que en el caso del Banco Mexicano el Fobaproa autorizó de manera discrecional ''un saneamiento financiero muy oneroso, con un costo fiscal que rebasa los 20 mil millones de pesos'' y reprochó que las acciones y observaciones promovidas por la ASF ''no se corresponden con la magnitud de los daños ocasionados por la discrecionalidad del Comité Técnico del Fobaproa, en virtud de que sólo emprendió acciones de aclaración''.
En el caso de BBVA-Bancomer, la ASF determinó un impacto contable por 905.2 millones de pesos, así como de 84.3 millones de pesos en el caso de la venta de bienes, cartera comercial e industrial de Banca Cremi, Banco Oriente y Banco Unión, que de no solventarse implicarán probables recuperaciones y presuntas responsabilidades de servidores públicos.