La PGJDF negó integrarla al pliego sobre el fraude por $29 millones en Tláhuac

Maniobra dilatoria, la petición de incluir prueba en el caso Ahumada

Perito pretendía desahogarla en 6 meses; se le pidió reducir tiempos, pero no respondió: Bátiz

AGUSTIN SALGADO

La petición hecha por la señora Cecilia Gurza, esposa del empresario preso Carlos Ahumada Kurtz, de integrar una prueba pericial a las averiguaciones previas FAED/DT2/25/04-03 y FAE/BT3/33/04-04, fue negada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), dio a conocer ayer por la mañana Bernardo Bátiz Vázquez, titular de la dependencia capitalina.

Al término de la reunión del gabinete de seguridad del Gobierno del Distrito Federal, el procurador argumentó que el perito en vías terrestres que ofreció la defensa del dueño del Grupo Quart solicitó seis meses para elaborar el dictamen correspondiente, "lo cual no era posible de aceptar", más bien "parecía una maniobra dilatoria".

Las averiguaciones referidas, que Gurza solicitó sean motivo de una "revisión exhaustiva", dan sustento a la quinta consignación judicial en contra del empresario de origen argentino, quien junto con su socio Antonio Martínez Ocampo presuntamente defraudaron al erario de la delegación Tláhuac por un monto aproximado a los 29 millones de pesos.

Los contratos de obra pública que supuestamente no se realizaron son los DGODU-LP-010-03 y DGODU-LP-011-03, relacionados con trabajos de conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, suscritos por autoridades de la delegación Tláhuac y el Grupo Quart.

El 31 de marzo pasado, el perito ofrecido por la defensa, de nombre Ricardo Olivera Bustamante, entregó un documento dirigido al agente del Ministerio Público Miguel Angel Rangel García, en el cual dio a conocer los tiempos que consideraba necesarios para elaborar el dictamen.

De acuerdo con el especialista de la Compañía Mexicana de Servicios Técnicos y Laboratorios de Materiales SA de CV (COMSET), se requería de seis semanas para revisar el expediente; dos más para el reconocimiento físico; ocho para la toma de muestras; dos meses para realizar las pruebas de laboratorio; tres semanas para conclusiones y resultados y finalmente siete días para elaborar el dictamen por escrito.

En el oficio, Olivera Bustamante argumentó que "la considerable cantidad de documentos que consta en la indagatoria" hacían necesario "un mínimo de seis meses para poder realizar un exhaustivo estudio de los expedientes".

Ayer, el procurador capitalino dio a conocer que la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al conocer los tiempos solicitados por el experto de COMSET, solicitó que se acortaran los tiempos, pero no recibió respuesta.

"Se le citó (a Olivera Bustamente) para que acortara los tiempos y no se presentó. Entonces decidimos llevar a cabo la consignación, pero queda abierta la posibilidad de que cualquier prueba, ésta o alguna otra, que quieran presentar, lo puedan hacer ante los tribunales, ante el juzgado.

"Por nuestra parte ya enviamos el expediente al Reclusorio Norte hace varios días, porque desahogar la prueba que solicitaban nos pareció una maniobra dilatoria", abundó Bátiz.

Reconoció el derecho de la defensa a solicitar el desahogo de la pericial a pesar de que peritos ministeriales ya habían realizado el estudio correspondiente, "ellos efectivamente tienen derecho a nombrar algún perito, pero lo que no es posible es que se presente un documento donde se pidan seis meses para una prueba que puede desahogarse en una semana".

Otras peticiones contenidas en la misiva que Cecilia Gurza le dirigió al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, son: que el fiscal de Asuntos Especiales, Juan Guillermo Ramos, se "excuse" de atender los expedientes de Ahumada y que "un jurista imparcial, como el mismo Javier Quijano", revise los expedientes que mantienen preso desde hace un año a su esposo.

Por lo pronto, la petición de posponer seis meses la consignación del expediente por el fraude de 29 millones de pesos en contra del erario de la delegación Tláhuac, con el pretexto de que Olivera Bustamante tuviera el tiempo "necesario" para realizar el dictamen correspondiente, le fue negada.