PRI, PAN y PVEM aprueban en San Lázaro cambios en beneficio de constructoras
Los negocios de la familia Sahagún marcan reforma a Ley del Infonavit
La información sobre empresas y proveedores del instituto tendrá carácter reservado
Las fracciones de PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados aprobaron modificaciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), en virtud de las cuales se violentará la Ley de Accesos a la Información Pública, al autorizar a ese organismo la decisión de no aportar datos de las constructoras y empresas proveedoras del mismo.
La iniciativa fue defendida por diputados panistas cercanos al presidente Vicente Fox y a los hijos de Marta Sahagún, quienes participan en empresas constructoras de Guanajuato. De tal forma se cierra parcialmente la posibilidad de investigar la participación de los hijos de la esposa del mandatario en los contratos multimillonarios con el Infonavit. La denuncia se formuló desde la tribuna de la Cámara de Diputados por legisladores de PRD y PT, y por la ex diputada del PAN y hoy independiente Tatiana Clouthier Carrillo.
Las modificaciones recibieron el aval de 257 legisladores de PRI, PAN y PVEM, contra 94 votos de PRD y PT, y ocho abstenciones. Al argumentar en favor, la diputada del PRI Mayela Quiroga refirió que se trata de establecer "medidas de control, transparencia y rendición de cuentas, las cuales obligarán al director general a enviar al Congreso de la Unión un informe de su administración y publicar un balance anual en el Diario Oficial de la Federación, así como presentar un informe anual al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) sobre sus actividades y acciones en favor de la transparencia y rendición de cuentas".
Tales aseveraciones recibieron la réplica inmediata del perredista Pablo Franco, al criticar los cambios a la Ley del Infonavit porque su naturaleza contraviene la Constitución y la ley reglamentaria de este organismo descentralizado:
"En ningún momento se motiva la modificación jurídica. Para nosotros este dictamen representa un retroceso, con lo cual se pretende conservar privilegios y arreglar discrecionalmente los diversos procesos que deben ser públicos, entre ellos la definición de prioridades que privilegian a monopolios de constructores y desarrolladores."
El argumento para evitar la revisión de la información del instituto se fundamentó en que es un ente descentralizado. No obstante, en la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional se manifiesta que al ser un organismo de utilidad social cuyos recursos se convierten en públicos en el momento de ingresar al Infonavit, no puede estar exento de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia.
Pablo Franco presentó una moción suspensiva para intentar frenar el trámite de aprobación y regresar el dictamen a comisiones, con la intención de modificarlo y restar discrecionalidad al manejo de los recursos públicos.
La sombra de los hijos de Marta
La reacción reprobatoria también se escuchó en voz de la ex panista Tatiana Clouthier -quien semanas atrás denunció la elaboración de la ley a modo de los intereses de los hijos de Marta Sahagún-, al plantear: "El Infonavit sí tiene una relación con los constructores. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué pretender o qué se pretende ocultar? ¿Acaso hay algo que ocultar? Si no, ¿por qué tanta prisa para que esta ley salga ya así?"
Entre el mar de sospechas, el diputado del PT Amadeo Franco señaló el retroceso que implicará en materia de fiscalización y transparencia la citada reforma, porque se creará un régimen de excepción, ya que un organismo cuyo sustento se encuentra en los fondos financieros públicos quedará fuera de la supervisión y control oficiales.
"No podemos dejar de señalar que los hijos de la señora Marta Sahagún se han visto beneficiados por adjudicaciones de obra para construcción de vivienda. Esto coloca a esta reforma en la sospecha. El PRI y el PAN nuevamente pretenden dar un albazo para proteger a la familia presidencial y a los grandes constructores de vivienda en el país, que lucran con las necesidades del pueblo. En lugar de que la ley demuestre preocupación por romper con los esquemas de construcción de vivienda popular basada en las conejeras y palomeras, como se les conoce por el pueblo, ustedes están más preocupados de cuidar los negocios de las grandes constructoras que están detrás del Infonavit."
La respuesta a esas aseveraciones la emprendió el panista, Jorge Carlos Obregón -quien es socio en tres empresas constructoras en el estado de Guanajuato-, al rechazar, sin argumentos legales, la sombra de duda en torno a la discrecionalidad en el manejo de la información clasificada en el Infonavit:
"Se ha dicho que se quiere privatizar todo; es un gran error, es un desfasamiento de opinión. No tiene razón este comentario. Y también se ha dicho que hay constructores interesados en la Comisión de Vivienda. Qué falso y qué calumnia tan grande. No es cierto. No se distraiga la opinión pública con estos comentarios."
Esa postura no sirvió de mucho para evitar la denuncia de los opositores al albazo. Francisco Carrillo Soberón, del PRD, adujo que la reforma avanzará contra los intereses de la mayoría de la sociedad, porque "un reducido grupo de desarrolladores de vivienda (Geo, ARA, SARA, Pomex, Urbi y Hogar) reciben información privilegiada de la base de datos de los derechohabientes del Infonavit, por lo que ese sector empresarial es el verdadero beneficiario del manejo de miles de millones de pesos que anualmente moviliza el instituto".
En el mismo tono, el perredista Miguel Alonso Raya emitió preguntas en torno a los beneficios de las reformas: "¿Quién puede negar aquí el tráfico de los puntos de los trabajadores? ¿Quién puede negar aquí la relación de complicidad, de tráfico de influencias que se hace con las grandes constructoras y la manera como se les facilita la información para que sean los gananciosos de los créditos que les otorgan a los trabajadores? ¿Quién puede negar aquí la baja calidad de las viviendas que se están construyendo y los altos precios que se establecen por ellas?"
Tales señales de alerta no hicieron cambiar el rumbo de la decisión que se había tomado ya con antelación entre los coordinadores del PRI, Emilio Chuyaffet, y del PAN, José González. La mayoría de priístas y panistas, acompañados de los verdes, votó para que el Infonavit no cumpla con los preceptos de la Ley de Información.
Por otra parte, el pleno camaral -por unanimidad- concedió permiso al presidente Vicente Fox Quesada para ausentarse del territorio nacional del 2 al 4 de mayo, con objeto de visitar Bolivia y Jamaica. Sobre el particular, el coordinador parlamentario del PRD, Pablo Gómez, manifestó que la bancada del sol azteca voto en favor de autorizar el viaje, como una señal de "buena voluntad hacia el gobierno federal"