Editorial
Demolición de las instituciones
Después de años, meses, semanas y días de un ejercicio del poder público que ha degradado severamente las instituciones nacionales, particularmente la presidencial, el titular de ésta, Vicente Fox, no tuvo empacho en afirmar ayer, en un acto conmemorativo de la defensa de Veracruz, que "el gran patrimonio de México son sus instituciones" y que "debemos respeto y compromiso con su mayor fortalecimiento". El hecho de que semejante divergencia entre los actos y las palabras ya ni siquiera cause sorpresa, porque la sociedad ha ido habituándose a escuchar que el gobierno dice una cosa y hace la contraria, es indicativo en sí mismo de ese deterioro institucional pronunciado, inocultable e indignante. La dedicación del gobierno federal casi en pleno al linchamiento propagandístico y judicial de un hombre al que el foxismo no quiere ver inscrito en las boletas de la elección presidencial del año entrante es una expresión clara de que la actual administración ha perdido (si alguna vez lo tuvo) un programa coherente de gobierno, y que hoy en día su único propósito es incidir, por medio de la exclusión y de la negociación oscura, en la definición y conformación de sus sucesores. Ante las escasas posibilidades del panismo de preservar (de nuevo: si alguna vez la tuvo) la Presidencia de la República, su titular actual parece empeñado en definir, al menos, quiénes pueden, y quiénes no, aspirar a quedarse con el cargo.
Al atropello del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, al desconcierto de los gobernantes una vez que tuvieron en sus manos la aprobación de la Cámara de Diputados para perseguir judicialmente al gobernante capitalino por un delito inexistente, y al acto circense montado anteayer por la Procuraduría General de la República (PGR), oportunamente auxiliada por dos diputados locales panistas tripulados, a su vez, por Felipe Calderón Hinojosa, Carlos Gelista y José Espina, se agregan ahora palabras imposibles de creer sobre la "defensa de las instituciones" y "confianza en la legalidad", así como llamados al "diálogo y la disposición al acuerdo" dirigidos por el vocero presidencial, con toda la hostilidad y el desdén posibles, al "señor López".
La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, anunció el inicio de una campaña internacional, con cargo al erario, con la que el gobierno foxista tratará de lavar su imagen, ensuciada por los propios actos antidemocráticos, facciosos y fársicos del poder. Será, por supuesto, un empeño vano, y hasta contraproducente, como lo han sido las acciones oficiales del último año contra López Obrador, porque los gobiernos, las instituciones internacionales, los medios informativos y las sociedades de otros países se dan perfecta cuenta de que la persecución contra el gobernante capitalino no tiene nada que ver con la aplicación de las leyes sino, por el contrario, con una distorsión inocultable del estado de derecho.
Dentro del país el repudio a las chapucerías de la PGR y sus auxiliares se ha extendido a las propias filas panistas, desde las cuales voces destacadas como las Francisco Barrio y los senadores Javier Corral Jurado y César Jáuregi criticaron la maniobra del pago de la fianza y el intento de ahorrar al gobierno federal los costos políticos de su empeño persecutorio. La Comisión de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano, por su parte, calificó el desafuero y su cauda de desfiguros gubernamentales de "hecho cuestionado en lo jurídico y lamentado en lo político" que "ha generado incertidumbre en la ciudadanía, mandado una señal de alerta a los actores económicos y creado condiciones que ahondan la división y abren la puerta a la inestabilidad política".
Para colmo, el empecinamiento de los enemigos de López Obrador (el propio Fox, Carlos Salinas, las dirigencias panista y priísta) ha generado una arborescencia de procesos judiciales en la que se confrontan la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del DF y en la que ya aparece como acusado el acusador Carlos Vega Memije, quien, con la bufonada que escenificó anteayer, pudo haber violado el Código Penal, según el cual es delito enterar de detalles de una averiguación previa a quien no tenga derecho de conocerla, como era el caso de los dos pagadores de fianzas empleados en la maniobra por el gobierno.
Y en medio de toda esa farsa, ayer la PGR se desistió de su acusación alegada y argumentada a todo pulmón en varias ocasiones por el titular de la dependencia, Rafael Macedo de la Concha contra Nahúm Acosta Lugo.
El grupo en el poder todavía está a tiempo de rectificar sus yerros, reconocerlos y disculparse. Si persiste en ellos, y si se empeña en seguir demoliendo las instituciones, más temprano que tarde la sociedad que sí está comprometida con la defensa de la estabilidad, la legalidad y la institucionalidad le pasará la factura.