A pesar de la alternancia, no ha cambiado la administración de justicia con relación a los regímenes del pasado, agrega el también consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. "El supuesto gobierno democrático no trajo una mejoría visible en ese campo. Hay un alto índice de corrupción en los juzgados y en la administración de justicia en todos los ámbitos, desde la justicia penal, administrativa, hasta la laboral".

Aunque Corcuera reconoce avances en materia de derechos humanos, señala que "la justicia está en los discursos del gobierno porque en la realidad vivimos la injusticia cotidiana". El especialista destaca "la doble moral del gobierno panista y, hoy vemos con toda claridad, la inclinación política de la PGR para golpear a un adversario inconveniente".

El académico afirma que "se sigue cometiendo tortura como lo ha señalado en diversos informes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero el presidente Fox se niega a reconocer esta verdad".

Creel

Hay muchos tribunales que no son independientes, explica, "aunque sean autónomos del Poder Ejecutivo". "Hay otros que siguen perteneciendo al Poder Ejecutivo, como el tribunal fiscal, los administrativos, las juntas de conciliación y arbitraje, los tribunales militares. No son independientes porque su jefe último es el Presidente".

Esta visión se fortalece con los informes de la ONU, como el del relator de cortes y abogados (señaló que 70% de los jueces mexicanos son corruptos); el del relator de ejecuciones sumarias (que documentó casos en Chiapas, Guerrero y el norte del país); el de desapariciones forzadas (que ratificó la necesidad de castigar a los responsables ya que el delito no prescribe), y más recientemente, sobre la tortura (donde se afirma que si bien no está organizada desde el gobierno, sí es una práctica generalizada). El presidente Fox afirmó que no hay violaciones a los derechos humanos y que "la tortura es cosa del pasado", pese incluso a denuncias recientes documentadas en Guadalajara (mayo de 2004) por organismos como Amnistía Internacional.

"El Ejército se niega a ser juzgado por crímenes y delitos contra civiles y por eso defiende el fuero militar", precisa el investigador. "Hay recomendaciones de la ONU que el gobierno no atiende porque niega los problemas y eso permite que continúen ocurriendo injusticias".

Los casos

Korrodi

Pemexgate. En las elecciones del 2000, Pemex entregó mil 500 millones de pesos al Sindicato Petrolero (STPRM). 500 millones se transfirieron a la campaña de Francisco Labastida, y otros 500 millones se depositaron en Estados Unidos en cuentas del dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps y del tesorero y senador, Ricardo Aldana. Por este delito no hay detenidos, y el PRI y el PAN han impedido el desafuero del senador Aldana (lo que fue ratificado esta semana por ambos partidos en la Cámara de Diputados). El IFE multó al tricolor con mil millones de pesos (aún le faltan pagar 226 millones). El ex director de Pemex, Rogelio Montemayor, quien autorizó la entrega de dinero, fue extraditado de Estados Unidos acusado de peculado y se encuentra en libertad provisional (falta procesarlo por delito electoral). Para evitar la cárcel, tres funcionarios del PRI y uno de Pemex se ampararon ante un juez. Importantes figuras del PRI tampoco han sido investigadas.

Amigos de Fox. La PGR exoneró de cualquier delito a los panistas involucrados en este caso, incluidos el presidente Fox y el secretario de Gobernación, Santiago Creel. La PGR concluyó que "no había elementos de que existió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la campaña de la Alianza por el Cambio".

Pese a las evidencias, la PGR y el Tribunal Federal Electoral (Trife) se negaron a investigar a fondo las probables responsabilidades de Lino Korrodi, Carlota Robinson y muchos panistas que participaron en la red financiera que manejó recursos del extranjero en la campaña de Fox.

El IFE cerró el caso y multó al PAN con casi 400 millones pesos y al Partido Verde Ecologista de México con 98 millones. Nada sucedió a pesar de que el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial determinó que "tanto los directivos del PAN como su candidato a la Presidencia de la República y militantes tuvieron conocimiento de las triangulaciones financieras".

Sahagún

Según la resolución del tribunal, "quedó evidenciado que dicho partido utilizó el financiamiento ilícito y se benefició con éste".

En cambio, sí se procedió penalmente contra nueve funcionarios y el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Eduardo Fernández, por violar el secreto bancario al revelar las cuentas de Lino Korrodi.

Vamos México. Marta Sahagún ha sido acusada de financiar su fundación con donaciones ilegales y de usarla para su proselitismo político (el caso más reciente fue la distribución de bicicletas en el estado de México).

Pero la principal acusación ha sido la recaudación ilícita de recursos públicos y de dinero procedente de Estados Unidos (9.5 millones de dólares en 2003, como lo documentó The Financial Times) para campañas publicitarias de promoción de su imagen (no se sabe cuánto queda para las actividades altruistas).

El caso más escandaloso son las partidas que la Fundación obtuvo del fideicomiso Transforma de la Lotería Nacional.

La PGR exoneró a la primera dama y a su fundación. Sahagún no ha transparentado del todo sus cuentas (incluso ha negado información sobre el flujo de efectivo, declaraciones fiscales y desglose de gastos operativos), pese a declarar públicamente lo contrario. Eso, sin mencionar que parte del personal que trabaja en la Fundación está adscrito y cobra en Presidencia, lo cual es un delito.

Lotería Nacional. La investigación por la transferencia ilegal de recursos que hizo la directora de Lotenal, Laura Valdés, obligó al presidente Fox a destituirla del puesto en julio pasado. Valdés está acusada de traspasar de manera irregular (triangular) fondos públicos al fideicomiso Transforma que dio dinero a Vamos México y a Provida, entre otros, además de gastos injustificables durante su gestión. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció hace una semana que presentará una denuncia penal en su contra por estos ilícitos. La PGR, una vez más, voltea para otro lado.

Laura Valdés

Provida. La organización que encabeza Jorge Serrano Limón ha sido acusada por la Secretaría de Salud, de la Función Pública y por la ASF por irregularidades graves (incluidas triangulaciones fraudulentas y lavado de dinero) por más de 30 millones de pesos que recibió del erario público. A pesar del escándalo público y de las denuncias penales en su contra, la PGR no ha actuado.

Sergio Estrada Cajigal. El gobernador de Morelos fue enjuiciado por el Congreso de su estado por manejos presupuestales irregulares y sus presuntos vínculos con el narcotráfico y su responsabilidad en algunos crímenes. La SCJN lo amparó e impidió la destitución acordada por el Congreso local. El presidente Fox lo protegió y hasta lo felicitó.

Crímenes del pasado. Una de las principales promesas de Fox fue llevar a prisión a los responsables de los crímenes políticos cometidos en el pasado. Pero no ha cumplido. Creó la Fiscalía Especial que investigó las responsabilidades en la matanza de estudiantes en Tlaltelolco en 1968, del Jueves de Corpus en 1971 y la guerra sucia contra la guerrilla y los opositores en los setenta (con más de 532 desaparecidos políticos). Hasta el momento, sólo se ha procesado a Miguel Nazar Haro, ex titular director de la Dirección Federal de Seguridad.