Se incurriría en un acto ilegal si se libra orden de aprehensión, sostiene Javier Quijano
Divide a juristas la posible acción penal en contra del jefe de Gobierno
Al haberse negado la suspensión a la ALDF, no hay nada que la impida: Arteaga y Valdés
La controversia de la Cámara de Diputados contra la ALDF complica las cosas, advierten
Para el abogado Javier Quijano, asesor jurídico del Gobierno del Distrito Federal, aun cuando la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero no otorgó la suspensión a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), como parte de la controversia constitucional contra la Cámara de Diputados que ayer se admitió a trámite, la Procuraduría General de la República (PGR) y un juez federal incurrirán en un acto ilegal si es consignado el caso El Encino y se libra una orden de aprehensión en contra de Andrés Manuel López Obrador.
La situación se mantiene en los mismos términos
Sin embargo, los expertos constitucionalistas Elisur Arteaga y Clemente Valdés no coincidieron con la opinión de Quijano, pues indicaron que al haberse negado la suspensión a la ALDF, las cosas se mantienen en los mismos términos, por lo que hasta el momento no hay nada que impida ejercer acción penal y dejar sujeto a un eventual proceso al jefe de Gobierno capitalino que fue desaforado por 360 diputados federales.
Además, indicaron estos últimos juristas, la controversia de la Cámara de Diputados contra la ALDF -misma que también fue admitida ayer a trámite- complica más las cosas, ya que es probable que ambas demandas se acumulen en un expediente, por lo que el juicio controversial podría alargarse hasta un año.
''Con esta decisión de no otorgar la suspensión a la Asamblea, la Corte se está adornando y juega a ser independiente'', refirió Arteaga.
''Mientras no resuelva la Corte el fondo de las dos controversias, las cosas no cambian en nada y deben permanecer como antes de que se presentaran las demandas'', puntualizó Valdés, quien precisó que el camino de la controversia es largo, ''y la van a tener difícil; ahora tendrá que esperar (López Obrador) a lo que venga''.
No se pueden congelar los acuerdos de la Cámara de Diputados
Los dos doctores en derecho constitucional coincidieron en que la PGR está en su derecho de consignar el expediente del caso El Encino, en el que se acusa a López Obrador de haber violado una suspensión de amparo, y precisaron que ningún juez federal incurriría en un acto ilegal en caso que reciba el asunto y libre una orden de aprehensión.
Elisur Arteaga refirió que ''se corre el riesgo de que López Obrador sea encarcelado, porque como no hubo suspensión no se pueden congelar los acuerdos de la Cámara de Diputados respecto a desaforar al funcionario y ponerlo a disposición de una autoridad jurisdiccional que ha de juzgarlo. Además, puede pasar que las dos controversias se alarguen tanto, por decir un año, que incluso concluya antes el proceso penal por supuesto desacato''.
Agregó que aun cuando es inconstitucional la separación inmediata del cargo de jefe de Gobierno capitalino, ''como la Corte no otorgó la suspensión sigue en suspenso el asunto de si puede reasumir su cargo, pues aunque constitucionalmente lo sigue siendo, la autoridad ministerial puede inventarle más cargos si reasume como funcionario''.
En tanto, Javier Quijano, abogado encargado de la controversia constitucional presentada por la ALDF contra el desafuero de López Obrador, señaló que el órgano legislativo local es el único que está facultado legalmente para desaforar e inhabilitar al tabasqueño como funcionario público.
''Como la Asamblea Legislativa acordó que no ha lugar a retirarle la inmunidad constitucional procesal, ni a separarlo del cargo de jefe de Gobierno, la PGR está impedida para consignarlo y ningún juez que conozca la Constitución emitiría una orden de aprehensión, porque de hacerlo incurriría en responsabilidades administrativas y penales'', puntualizó el litigante.
Aseguró que como el jefe de Gobierno -aun sin la suspensión de la Corte- tiene inmunidad constitucional, ''por prudencia e inteligencia política'' no se presentará a trabajar como servidor público.