En primer término hay que decir que nos encontramos frente a acontecimientos que nos permiten vislumbrar de manera condensada una buena parte de los problemas que más preocupan tanto a los habitantes como a las autoridades de la Ciudad de México. Se trata, en este sentido, de acontecimientos "densos" como los denominara el famoso antropólogo Clifford Geertz.

De la densidad de este acontecimiento podemos valernos para elaborar la agenda que se requiere tanto para encausar los cambios que es preciso emprender en las instituciones policiales, como aquellos que hacen falta para construir otra clase de vínculos entre policía y sociedad. Un saldo positivo que no debemos desdeñar es el repudio generalizado que estos hechos suscitaron: no hubo nadie que los justificara. Este es, quizá, el único hecho positivo que encontramos al lado de una cadena de infortunios. Es por ello que no debemos perderlo de vista.

En el intento por retomar algunos hilos de la madeja que quisiera desenredar, me pareció importante destacar ocho puntos que, considero, nunca debieron haber ocurrido y no debieran repetirse si la sociedad que queremos es una en la que autoridades y ciudadanos se sometan por igual al pacto que impone vivir dentro de un Estado democrático de Derecho. Estos ocho puntos son:

1. Una policía distante, por encima de la comunidad

Según una de las versiones que se han difundido sobre el linchamiento, el primer contacto de algunos miembros de la comunidad con los agentes de la pfp consistió en preguntarles quiénes eran y qué estaban haciendo en el pueblo. De acuerdo con esta versión, los oficiales respondieron que no tenían por qué dar explicaciones a los vecinos ni rendirles cuentas.

De haber sucedido así, este sería el primero de una serie de eventos desafortunados que podría ilustrar la naturaleza de los contactos que cotidianamente ocurren entre policías y ciudadanos. En este caso lo que se pone en evidencia es la existencia de un modelo mediante el cual la policía no se concibe como una institución que tiene como prioridad el servicio a la comunidad. Un modelo policial alternativo colocaría a la sociedad en primer plano y entrenaría a sus agentes de tal modo que actuaran en consecuencia con esta premisa ante cualquier circunstancia. En un modelo alternativo, no cabría una respuesta que colocara a la policía por encima y en confrontación con la comunidad.

2. Una comunidad desprovista de alternativas, empujada a la ilegalidad

En el origen de la agresión que sufrieron los policías, otra de las versiones sitúa el rumor que se habría esparcido en la comunidad acerca de que éstos habrían secuestrado o pretenderían secuestrar a niños de una escuela pública a los que previamente habrían fotografiado. Cabe señalar que dicho rumor podría parecer verosímil a la luz de casos en los que algunos elementos de la policía efectivamente han tomado parte en organizaciones delictivas dedicadas al secuestro. No obstante, aun en el caso extremo de que se tratara de policías que hubieran tomado parte en hechos delictivos —lo que ninguna de las versiones que hasta ahora se conocen habría confirmado—, nada justifica la violencia exacerbada que contra ellos ejercieron algunos habitantes del lugar hasta ocasionarles la muerte por golpes e incluso que se les prendiera fuego antes de morir. Este grado extremo de violencia no debe ser pasado por alto sino que, por el contrario, debe inducirnos a la reflexión. ¿Qué puede explicar esta violencia, esta furia de algunos habitantes de la comunidad allí desplegada? Habremos de resguardarnos de ocultar el origen de esta violencia tras las explicaciones que se contentarían con pensar que narcotraficantes o guerrilleros habrían utilizado a los habitantes del lugar en una operación previamente calculada para proteger sus intereses. Aun si hubieran sido instigados por miembros de organizaciones delictivas, la pregunta permanece: ¿qué llevó a algunos habitantes de la localidad a actuar de ese modo?

Otras versiones afirman que también hubo policías de otras corporaciones que tomaron parte en el linchamiento. De ser el caso, no podemos eludir la pregunta: ¿de dónde viene esta brutal descomposición que conduce a un oficial de policía no sólo a dejar de intervenir para ayudar a un colega, sino a participar activamente en su agresión hasta la muerte, tan sólo por pertenecer a una corporación distinta?

Aunque seguramente no lograremos dar respuesta a estas interrogantes, considero que esta violencia exacerbada revela un nivel igualmente elevado de rencor social, de desencuentro entre sectores, de desgarramiento del tejido social. Nos muestra que algunos grupos quizá se encuentran en los bordes, en el límite de la exasperación, como lo manifiesta la furia incontenible que caracterizó estos hechos. Si tuviera que arriesgar alguna hipótesis para explicar este grado de violencia, comenzaría señalando que la distancia que existe entre el orden jurídico y la realidad cotidiana de la mayor parte de los habitantes de nuestro país, no sólo podemos observarla en hechos como éstos. Además de que, de dicho distanciamiento, no son sólo responsables los habitantes sino también, en buena parte, las autoridades. La hipótesis que arriesgaría es que la falta de respeto de la legalidad por parte de las autoridades, propicia la falta de respeto a la ley por parte de las comunidades y se constituye, quizás, en uno de los motores que impulsan la rabia acumulada. Otra hipótesis, para la que no habría más que consultar los principales indicadores acerca de la distribución de la riqueza en el país, sería que la violencia es el resultado de una sociedad que se encuentra profundamente marcada y agraviada por sus enormes desigualdades, por sus injusticias cotidianas. Durante las últimas décadas nuestro país ha salido de una crisis para entrar en otra y sus habitantes han visto que una y otra vez se reducen las posibilidades que tienen para obtener un empleo y un salario dignos, en otras palabras, para insertarse de manera legal a la sociedad. Lo que, en cambio, se ha incrementado, son las posibilidades de inserción tanto en el mercado informal como en las actividades paralegales e ilegales. Estas son sólo algunas consideraciones de entre otras que podrían hacerse.

Otra de las versiones que circulan sobre estos hechos se refiere a la participación que en los mismos tuvo la Jefa de la Delegación. Se dice —y ella misma así lo confirmó— que estuvo presente en el momento que se inició el linchamiento hasta que juzgó que no podría controlar la situación y entonces se retiró. Si este fue el caso, esta actitud no se explica ni se justifica de modo alguno. Siendo la máxima autoridad de la demarcación, y precisamente por la dificultad que la situación ofrecía, debió permanecer en el lugar. No se explica el hecho de que hubiera abandonado el sitio, conociendo el riesgo que existía para la vida de los policías y para resguardar el orden y la seguridad entre los pobladores. Si consideraba que los elementos con los que contaba no eran suficientes para controlar la situación, debió haber solicitado todo el apoyo que se requería tanto de las autoridades locales como de las federales a las que pertenecían los policías que estaban siendo agredidos. En cualquier caso, la Jefa de la Delegación debió haber permanecido y agotar todos los recursos. Que no lo haya hecho muestra una distorsión importante en la manera de concebir y asumir sus responsabilidades en tanto que autoridad máxima de la demarcación.

Resulta difícil de creer que ninguna de las corporaciones policiales, ni locales ni federales, hubieran logrado hacerse presentes oportunamente, mientras, casi de manera simultánea, todos podíamos presenciar por televisión la forma en que los policías estaban siendo brutalmente asesinados. A pesar de las llamadas de auxilio que hicieron a sus jefes los oficiales linchados, y que también fueron transmitidas por televisión, se les dejó morir sin que los mandos policiales ordenaran que se les brindara todo el apoyo necesario y de manera inmediata. Este hecho envía un mensaje francamente desalentador a los integrantes de todos los cuerpos de policía del país: también ellos pueden ser abandonados de manera poco solidaria y responsable, como les ocurrió a sus compañeros en Tláhuac. Esta omisión grave por parte de las autoridades nunca debió de haber ocurrido. Si pensamos en el modelo de policía que necesitamos y en la sociedad que queremos, este hecho revela otro tema también urgente que hay que incorporar a la agenda: la necesidad de coordinar de manera eficaz a las diversas fuerzas policiales tanto locales como federales.

Es indudable que las versiones que los jefes de las corporaciones policiales han expuesto para intentar explicar por qué fue imposible que la fuerza pública acudiera a evitar el linchamiento, no han resultado convincentes. Más aún, queda la impresión de que lo que habría provocado la parálisis que les impidió tomar las decisiones que se requerían de manera oportuna, es la guerra política que prevalece entre autoridades locales y federales y que habría extremado la posición de vulnerabilidad en la que, quizás, ambas autoridades se habrían sentido colocadas. Este supuesto quedó confirmado unos días después, cuando varios funcionarios locales y federales fueron destituidos de sus cargos aun antes de que concluyeran las investigaciones que deberían haber permitido deslindar las responsabilidades de cada quien. En cualquier caso, y dado el contexto antes descrito, las renuncias no han dejado satisfechos a propios ni ajenos, pues lejos de verse como un acto que permite reconocer la responsabilidad, se les mira, más bien, como actos que forman parte de la escalada política.

Ante la gravedad de los hechos ocurridos, frente a la pérdida de la vida de los dos oficiales linchados y el grave estado de salud de quien logró ser salvado por elementos de la policía judicial que intervinieron en el último momento, las autoridades no mostraron un esencial sentido de humanidad. Luego de la cadena de errores que hemos destacado, la ausencia de los altos mandos se hizo evidente. Los funcionarios de mayor rango permanecieron ausentes en el momento en que ocurrían los hechos, ausentes frente a los deudos de los oficiales linchados y ausentes frente a sus responsabilidades con la sociedad. No se registró ninguna reacción verdaderamente espontánea que revelara una mínima empatía con las familias de los policías muertos.

Cuando llegó el momento de asumir responsabilidades, el enfrentamiento político entre las autoridades locales y federales ocupó de nueva cuenta el lugar principal. En ningún caso las autoridades locales ni federales estuvieron dispuestas a reconocer los errores organizativos, logísticos, de cadena de mando, de inteligencia, de coordinación, de gestión, de eficacia y de toma de decisiones que los hechos habían dejado al descubierto. Quedaba sólo un cúmulo de preguntas sin responder: ¿Cuáles fueron los errores? ¿Qué impidió que se tomaran las decisiones necesarias? ¿Qué medidas se tomarán para subsanar esos errores? ¿Qué pasos se adoptarán para impedir que casos similares se vuelvan a repetir? En lugar de responder a estas preguntas, las autoridades se centraron, de nueva cuenta, en la discusión sobre quiénes deberían renunciar, más como un castigo político para los adversarios que como un paso encaminado a corregir los errores y las deficiencias que los acontecimientos habían revelado. Como si destituir a algunos funcionarios resolviera en forma automática las carencias y las deficiencias en las instituciones policiales. Centrar la atención en las destituciones nos parece desafortunado, porque la desvía o tiende una cortina de humo sobre los verdaderos problemas que quedaron sin resolver.

Ante la cadena de errores, no quedaba otra salida a las autoridades sino la de reconocerlos, ofrecer las disculpas necesarias a los deudos y a la sociedad, así como ofrecer al mismo tiempo el compromiso de repararlos adoptando las medidas necesarias para evitar que hechos similares volvieran a repetirse. Hasta ahora ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad por haberse mostrado incapaz de proteger la vida de los oficiales de policía, ni ha reconocido que ello no tendría por qué haber ocurrido. Esto último hace que los hechos sean doblemente desafortunados.

A los errores anteriores hay que sumar el que los medios televisivos hubieran hecho de la ejecución de los policías un espectáculo. También ellos, a través de sus reporteros, se mostraron incapaces de colocar la vida humana en un primer plano y de haber hecho todo lo que estaba a su alcance para impedir el martirio de los oficiales. El deber de informar, evidentemente, no alcanza para excusarlos. Filmaron y registraron paso a paso cada uno de los golpes y vejaciones en una conducta que, cuando menos, puede considerarse como cómplice de los agresores. Parecían estar frente a un espectáculo valioso y codiciado para su audiencia antes que frente a un acto que cualquier ser humano tenía el deber de repudiar. Aun durante los siguientes días, la continua repetición de las imágenes y el hecho de que siguieran contando con la audiencia para presenciarlas, nos llama a la reflexión pues nos habla de una sociedad dispuesta a tolerar lo intolerable, a reivindicar la violencia así sea como transmisores o espectadores.

El hecho, por otra parte, de que hubiera sido necesario que presenciáramos esas imágenes para que la sociedad pudiera expresar su repudio a esa agresión y solidarizarse con los policías, nos habla de la distancia enorme que hay que franquear para poder acercar a policía y sociedad. Nos habla, también, de las dificilísimas condiciones en que los policías desempeñan su trabajo, siempre en medio del recelo, la desconfianza, cuando no del abierto repudio y la agresión por parte de la sociedad. De nueva cuenta, cabe colocar estos hechos bajo la luz del modelo de policía que necesitamos, del modelo de sociedad que queremos. Es preciso elaborar una agenda que siente las condiciones que permitan revertir la desconfianza y construir lazos de solidaridad, sin tener que apelar a sucesos tan extremos para sensibilizar a la sociedad respecto de la labor policial.

Este último punto condensa y cierra el círculo de la cadena de sucesos que nunca debieron ocurrir. Me refiero a la escena, que también pudimos presenciar por televisión al día siguiente, en que policías federales se presentaron en las casas de los supuestos responsables derribando puertas, destruyendo objetos, golpeando y arrastrando a los vecinos para que confesaran su participación o señalaran a los culpables. Tampoco de ello los medios televisivos omitieron hacer un espectáculo. Si primero fue un grupo de ciudadanos que se valieron de la venganza y fueron incapaces de acudir a la justicia, después fueron las autoridades las que, desconociendo las formas y los procedimientos legales, también acudieron al expediente de la venganza haciendo a un lado el derecho, la razón y la justicia. El hecho preocupa especialmente porque en este caso no hubo voces que se levantaran para condenar los abusos de la autoridad.

Según afirma Max Weber, la política consiste en una lenta y tenaz superación de diversas dificultades que tiene que cumplirse con pasión y discernimiento crítico al mismo tiempo.

El objetivo de estas reflexiones es animar la construcción de los trayectos políticos que es preciso recorrer para dar paso a la superación de acontecimientos como los brevemente reseñados. Como nos lo recuerda Fernando Savater, la sociedad democrática no es otra sino la que hace posible la búsqueda razonable de lo mejor, o la que permite a todos elegir y participar igualitariamente desde su pluralidad de opciones en el futuro que va construyéndose socialmente. Es decir, aunque que todo parece indicar que nuestro país no reivindica ni desearía que acontecimientos como los de Tláhuac vuelvan a repetirse, quizás estamos todavía muy lejos de haber aprendido las lecciones que estos acontecimientos debieron dejarnos, así como de ejercer plenamente nuestra facultad para diseñar, en los hechos, la sociedad en la que queremos vivir.

--------

* Para elaborar este trabajo también he tenido en mente los testimonios de numerosos policías que he entrevistado durante los últimos años como parte de una investigación que se halla en curso sobre la policía de la Ciudad de México.