Previsible fallo adverso sobre reforma legal en SLP
Se polariza la Corte en el tema de la autonomía universitaria
Los alcances de la autonomía universitaria polarizaron la discusión entre los ministros de la Suprema Corte, entre quienes consideran que la Constitución permite el reconocimiento de "autonomía" no sólo a las universidades públicas, sino también a las particulares, y los que afirman que esta figura es aplicable sólo para las instituciones oficiales, que reciben recursos públicos, gozan de libertad académica y de discusión, y se regulan por sí mismas con base en una ley orgánica específica.
En lo que sí coincidieron los ministros fue en adelantar que declararán la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Educación de San Luis Potosí que otorgan autonomía a la Universidad Abierta SC, por considerar que el Ejecutivo local no tiene facultades discrecionales para establecer qué instituciones pueden recibir ese beneficio, sino que eso debe estar regulado por una ley que emita el Congreso para tal efecto.
En la sesión pública de ayer, ministros egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza, cerraron filas en apoyo del ministro instructor, Juan Díaz Romero, quien luego de subrayar que sólo las instituciones públicas pueden ser autónomas, comentó que él era uno más de los que habían realizado sus estudios profesionales gracias a la existencia de las universidades públicas.
Insistió el ministro en que el sistema educativo nacional también establece que la Federación regule la enseñanza superior junto con los estados, y advirtió que en caso de que prosperara la propuesta de reforma de San Luis Potosí se correría el riesgo de que las instituciones de educación superior, por ser autónomas, ya no requieran en un futuro de la validez oficial de estudios, lo que iría en detrimento de la calidad de la enseñanza.
Las excepciones entre los pumas fueron el presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, y Sergio Valls. El primero dijo que el artículo tercero constitucional no distingue entre entes públicos y privados para la obtención de la autonomía, y que la única condicionante para las instituciones particulares es que estén sujetas a una ley orgánica aprobada por el Congreso federal o local, en la que se reglamente su actuación.
Cabe señalar que aun cuando Azuela es egresado de la UNAM, su labor como académico la desempeñó fundamentalmente en la Universidad Iberoamericana. Incluso comentó en la sesión que, en los años 60, la Ibero le encargó un estudio sobre la posibilidad de que ésta lograra su autonomía, pero ante la imposibilidad jurídica de lograrlo, tuvo que esperar unos años hasta que aprovechó su acercamiento con José López Portillo -cuando fue presidente de la República- para lograr concesiones gubernamentales que le permitieron avanzar en su regulación interna.
Al igual que el ministro presidente, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano -quien es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara- desestimó los argumentos de Díaz Romero, y en forma sarcástica dijo en su intervención que las palabras de éste, "aunque poéticas", no lo habían convencido "en lo absoluto", que el artículo tercero no prohíbe que instituciones privadas sean autónomas, y aseguró que éstas "no tienen fines de lucro".