Dependencias y entidades no respetaron la normatividad federal
Surgen millonarias anomalías en la revisión de la cuenta pública de 2001
Ingresos, egresos, contabilidad, inversiones y coordinación fiscal, un enredo
En el primer año de gobierno de Vicente Fox, las dependencias y entidades públicas no respetaron la normatividad federal en materia de ingresos, egresos, contabilidad, inversiones, de coordinación fiscal, lo cual causó un efecto económico de 34 mil 404 millones de pesos, establece el dictamen con proyecto de decreto de la cuenta de la hacienda pública 2001, que entró ayer a primera lectura en la Cámara de Diputados y será votado el próximo martes 5 de abril.
También se encontró que debido a la inobservancia de las normas, el gobierno foxista ''consignó gastos que no fueron devengados'', pero que ''se presentaron como ejercidos en la cuenta pública federal 2001''.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública admitió, en el documento difundido ayer en San Lázaro, que el retraso de tres años en el análisis, discusión y dictamen de la cuenta pública de 2001 ''canceló muchas acciones que pudieron implementarse (sic) de haberse dado este proceso con mayor oportunidad''.
Sin embargo, considera que como los resultados económicos del primer año de gobierno de Fox ''tuvieron desviaciones respecto a las metas proyectadas, y los resultados de la gestión financiera no se ajustan a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos 2001, ni se han cumplido los objetivos contenidos en los programas observados... se instruye a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que, en uso de sus atribuciones legales, continúe con los procesos de solventación pendientes y finque las responsabilidades procedentes'' en este caso.
El dictamen contará, el martes, con el voto a favor de las fracciones de PRI, PRD y PT, y ayer el coordinador del PAN, José González Morfín, afirmó que su bancada rechazará el decreto, pues considera no sólo que la discusión está desfasada, sino que la Cámara ya no tiene facultades legales para aprobar o no la cuenta pública 2001. Tres años después de su presentación a la Cámara, el documento resalta que no pudieron solventarse 26 mil 327.4 millones de pesos, correspondientes al rescate bancario.
En el desglose de ese monto, se establece que hay 2 mil 854.8 millones de pesos en créditos relacionados, de los cuales 923.6 millones corresponden a Bancomer y mil 931.2 millones a Banamex. La comisión aclaró que aun cuando ese dinero fue pagado por ambos bancos en junio de 2004, a valor presente por 9 mil 481.6 millones de pesos, no se ha concretado su solventación hasta en tanto no se resuelva la controversia que interpuso el Ejecutivo en contra de la Cámara.
Otros 17 mil 221.9 millones de pesos corresponden a créditos en litigio y menores de Bancomer, Banorte y Bital, los cuales se encuentran también dentro de la controversia del Ejecutivo, y los otros 6 mil 250.7 millones de pesos pertenecen al Banco del Atlántico por pérdidas de dicha institución financiera condonadas y no pagadas por el grupo financiero e intereses moratorios y créditos relacionados, sobre los cuales la Secretaría de la Función Pública solicitó el fincamiento de responsabilidades administrativas.
Además, se confirmó que mientras el gobierno federal incrementó el gasto para el pago de salarios, se encontró un subejercicio en el gasto social. Así, mientras en la tercera parte de los organismos auditados se detectó que ''se realizaron contrataciones de personas físicas y morales para la realización de asesorías, estudios e investigaciones sin notificar al órgano de control interno correspondiente'', y aumentaron salarios y gratificaciones, en el ramo de combate a la pobreza dejaron de ejercerse 3 mil 287.6 millones de pesos.
La tendencia fue de un incremento superior a lo previsto en sueldos y prestaciones económicas de la burocracia federal, frente a una disminución de 19 por ciento en la inversión física directa.