Pensiones y trabajo
Los sistemas de pensiones son hoy motivo de disputa social en muchos países. Los cambios demográficos y los límites de la expansión económica van imponiendo una presión financiera más fuerte sobre los pagos por pensiones y jubilaciones y con ello sobre las finanzas públicas de diversos gobiernos.
El conflicto es mayor puesto que los beneficiarios de la previsión social quieren mantener sus derechos, al tiempo que los gobiernos quieren mantener la viabilidad fiscal de largo plazo. Es comprensible que cualquier reforma de los sistemas de pensiones desate fricciones.
Hay tres vertientes de este asunto -cercanamente relacionadas entre sí-, que conviene mantener en la mira en los debates técnicos y políticos que se generan. La primera es la relativa a la dinámica de la población, la segunda tiene que ver con la estructura actuarial de los esquemas de pensiones que se mantienen mediante las contribuciones de los trabajadores en activo, y la tercera es la cuestión del empleo y de los ingresos que se generan en la economía.
Los derechos adquiridos sobre las pensiones involucran los aportes que los trabajadores han hecho con parte de sus salarios para constituir sus fondos de retiro. Esto es independiente de que esos derechos puedan juzgarse como excesivos por el efecto de distintas concesiones y que generan inequidad entre distintos grupos, como ocurre en México.
La población tiende a envejecer, lo que significa que se tendrán que acumular más recursos para poder pagar las pensiones de aquellos que ya están en retiro y los que les seguirán. Pero no nada más por razones demográficas habría eventualmente un problema de recursos suficientes, sino que, además, no se están creando los nuevos empleos formales con cuyos ingresos se aporte durante el tiempo necesario para constituir los fondos.
En México, a diferencia de otras naciones, la privatización del sistema de pensiones se dio como un golpe de autoridad. La cosa es distinta en países como Alemania o Estados Unidos, donde se abre una fuerte controversia social al respecto. El presidente Bush, por ejemplo, ha puesto la leña de su política del segundo periodo de gobierno en la reforma de la seguridad social, pero las discrepancias son muy grandes y puede ser que no obtenga el apoyo para conseguir su objetivo. Esto indica el peso político de la previsión social.
En un sistema de pensiones privado, los trabajadores aportan a la creación de sus propios fondos, ya sea de manera forzosa o voluntaria en cuentas que se invierten mediante los intermediarios especializados (como las Siefores). Estos tienden, por la naturaleza de su propio negocio, a ampliar el espectro de las inversiones de dichos ahorros en un entorno que suele ser de creciente riesgo. En México las inversiones se destinan a aumentar o bien a restructurar las deudas del público y de las grandes empresas, sin que eso sirva para aumentar esencialmente los créditos productivos.
El caso es que a la hora del retiro, el trabajador cuente con los fondos para una pensión que le alcance, pero ahí está la incertidumbre propia de este tipo de arreglo. Por supuesto que la disyuntiva se puede presentar igualmente en un esquema de pensiones como el que anteriormente giraba en torno del IMSS, cuando los recursos se usan para fines distintos a los previstos.
La idea que enmarca a los fondos privados de pensiones es que dan mayor libertad a los dueños del dinero. Eso puede admitirse como un principio, pero debe ubicarse en un determinado entorno institucional, en el modo en que operan los mercados financieros y en el que trabajan las empresas responsables de administrar el ahorro para las pensiones.
¿Qué debe hacer un gobierno responsable para garantizar que los trabajadores tengan una pensión a la hora de su retiro o jubilación? No se trata sólo de ampliar, prácticamente a fuerza, el ahorro de la sociedad ni tampoco de crear un negocio muy rentable para un sector privado que en el área financiera ha mostrado poca solvencia en México desde hace mucho tiempo.
Un gobierno responsable debe enfrentar el escenario en el que está entrampada la economía mexicana. Este es el problema del estancamiento de largo plazo. La seguridad social, sobre todo en ausencia de sistemas que incluyan, por ejemplo, el seguro de desempleo y las redes de protección de otros países, debe sustentarse en la creación de empleos de tipo formal y suficientemente remunerados junto con un sistema institucional que promueva de modo efectivo la viabilidad de las pensiones y, al mismo tiempo, haga una gestión prudente de las finanzas públicas.
La clave está en la estructura de esta economía que no genera suficientes empleos, no aumenta de manera sostenida los ingresos reales ni la productividad. Ahí está la medida de la política económica que se aplica y no hay entusiasmo oficial que contradiga las tendencias que se observan y los necios registros del mercado de trabajo que -junto con la emigración- muestran el fracaso en el campo del empleo.