Usted está aquí: jueves 24 de marzo de 2005 Economía En México los correos basura ocasionan pérdidas por $6.5 millones al mes

Circulan mil 460 millones de esos mensajes diarios en el país, informan especialistas

En México los correos basura ocasionan pérdidas por $6.5 millones al mes

El problema daña la calidad de los servicios y satura las telecomunicaciones

VICTOR CARDOSO

A pesar de las dimensiones y las pérdidas económicas que genera el correo electrónico basura (spam) en el mundo, todavía se carece de información y de legislaciones adecuadas para su combate que, en principio, requiere acciones globales para evitar que continúe dañando la infraestructura, los servicios y el desarrollo de las comunicaciones electrónicas.

Esas fueron las conclusiones a que llegaron investigadores y funcionarios de México y Estados Unidos que participaron en el foro El spam y su impacto, organizado por la Universidad La Salle, en coordinación con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

A pesar de la falta de información sobre los efectos, el director de la empresa de telecomunicaciones NIC de México, Oscar Robles Garay, dijo que en el país se supone la transmisión de por lo menos mil 460 millones de correos electrónicos no solicitados, lo que representa pérdidas económicas por 6.5 millones de pesos al mes.

La subdirectora de Instrumentación Legal de la Cofetel, Claudia Fonseca Martínez, dijo que algunas otras cifras permiten considerar que tres cuartas partes (75 por ciento) del correo electrónico mundial es spam; de ese porcentaje, 63 por ciento se produce en Estados Unidos; 21 por ciento en la región Asia Pacífico; 13 por ciento en Europa, y 3 por ciento en América del Sur.

Afirmó que además de generar daños en la productividad y competitividad de las empresas, el spam afecta a la infraestructura informática al propiciar el uso inútil de banda ancha, la denegación del servicio por saturación y la transmisión de virus y gusanos, lo que provoca servicios de telecomunicaciones menos eficientes, a costos elevados.

El spam, precisó, se distingue porque es un correo no solicitado, comercial o de contenido ilícito, de distribución masiva y emisor desconocido, que evoluciona con la tecnología y que en algunos casos es involuntario pues se distribuye a partir de un virus informático. No obstante, justificó su existencia por el hecho que es un negocio que genera publicidad y beneficios económicos casi sin costo para quienes lo envían.

No obstante esa situación, Roberto Caballero, integrante de la Policía Cibernética, reconoció que ''lamentablemente'' no existe una base jurídica para castigar a quien utiliza una computadora o cualquier medio electrónico para cometer ilícitos.

Mientras tanto, la asesora jurídica de la Comisión Federal Comercial Internacional de la Protección al Consumidor de Estados Unidos, Elena Gasol Ramos, señaló que el correo basura es un problema que no conoce fronteras y por tanto es necesario impulsar la cooperación internacional para establecer acuerdos que permitan combatirlo.

En ese sentido, propuso la ley ''Can Spam'', elaborada por su país y en vigor desde 2004, para aplicarla en todos los países con las adecuaciones a cada marco jurídico, tanto en niveles federales como estatales. Esa legislación, explicó, ordena crear una serie de reglamentos para combatir el correo electrónico no deseado.

Sobre la materia legislativa, tanto Bruno Vite Angeles, como Patricia Ruiz de Velasco, coordinador ejecutivo de la Subprocuraduría Jurídica y directora de Asuntos Internacionales de la Procuraduría Federal del Consumidor, respectivamente, precisaron que las leyes mexicanas ya prevén la creación de un registro público de consumidores que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios, y que no quieran recibir publicidad o información.

Incluso, adelantó Ruiz de Velasco, la Profeco ya trabaja con los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para elaborar un documento que se denominará Background Paper on Spam, y el cual contiene un análisis de la naturaleza del problema y las herramientas legales aplicadas por las autoridades responsables de la protección al consumidor, a fin de combatir esa práctica ilícita.

 
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