Dos, ex alcaldes de Escuintla y Suchiate de 1999 a 2001
Apresan a 4 funcionarios municipales chiapanecos, por anomalías financieras
Tapachula, Chis., 12 de marzo. Dos ex alcaldes, un ex tesorero y un ex síndico acusados por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de incurrir en "serias" irregularidades financieras en administraciones municipales, fueron detenidos por elementos policiacos y recluidos en el penal de El Amate.
Los uniformados cumplimentaron órdenes de captura contra Heriberto Mina Altúzar, ex edil de Escuintla, y de su tesorero, Juan Alberto Cruz Ramírez, luego de que el Organo de Fiscalización Superior del Congreso estatal presentó denuncias al detectar anomalías en los ejercicios 2000 y 2001.
En la averiguación previa número FESP/036/2004 se detallan irregularidades por un millón 203 mil pesos, relacionadas con recursos que se destinarían para la introducción de energía eléctrica en el ejido Nueva Esperanza, remodelación del parque Benito Juárez del ejido El Triunfo, pavimentación de las calles Emiliano Zapata y Francisco I. Madero del mismo lugar, construcción de canchas de usos múltiples en el ejido Ricardo Flores Magón, entre otros. Las anomalías asentadas en la averiguación FESP/127/2002-12 ascienden a un millón 593 mil pesos.
En la DAR/016/2002-10 se establece responsabilidad penal por peculado por 212 mil pesos que se destinarían a obras de electricidad en San Benito, San Lucas y Río Arriba; ejercicio indebido de funciones, y evadir la entrega de bienes y fondos al ayuntamiento entrante. Por todo lo anterior, Mina Altúzar y Cruz Ramírez fueron recluidos en el Centro de Readaptación Social 14 El Amate, ubicado en Cintalapa, a unos 90 kilómetros de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez.
Por otro lado, la misma fiscalía detuvo a Cesalmiro Hernández Reyna y a Gilberto Calderón Gamboa, ex edil y ex síndico del municipio de Suchiate, respectivamente, como probables responsables de peculado y ejercicio indebido de funciones, delitos que según el expediente 157/2004 se cometieron entre 1999 y 2001. A ambos se les detectaron facturas apócrifas, apoyos no entregados, y anomalías en la construcción de obras.