Usted está aquí: viernes 4 de marzo de 2005 Opinión El PRI ante el desafuero

Jaime Martínez Veloz

El PRI ante el desafuero

La Asamblea Nacional del PRI se realiza en medio de un clima de incertidumbre y guerra declarativa, mientras en todos los partidos existe una fuerte disputa interna por las definiciones rumbo al proceso electoral de 2006 y la guerra mediática junto al argumento frívolo domina el escabroso escenario prelectoral.

En este caos sobresale la fuerte disputa generada por el gobierno federal para inhabilitar como contendiente a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Poco importa ahora que haya dicho hasta la saciedad "que lo dieran por muerto".

Ante la opinión ciudadana, los argumentos con los que se pretende dejar fuera de una competencia en las urnas al jefe de Gobierno son ridículos y arbitrarios cuando se contrastan con las -ésas sí- severas y múltiples violaciones a la legalidad institucional, que han quedado impunes y sin castigo: Fobaproa, rescate carretero, violación constitucional en materia de política exterior, privatización aeroportuaria, crimen organizado -fomentado y apoyado desde el interior de las corporaciones policiacas-, los crímenes del 68, el 71 y los de la guerra sucia, los cientos de asesinatos de mujeres en Juárez son, entre otros, ejemplos de los niveles de impunidad solapada por las autoridades.

Por ello, la acción de gobierno federal para inhabilitar a Andrés Manuel López Obrador aparece como pretexto ridículo en el que lo jurídico disfraza el sentimiento de venganza. Los panistas pretenden ganar por la vía del sometimiento del adversario lo que dudan ganar por la vía de las urnas.

La impericia presidencial es de tal magnitud que Fox se ha convertido en el principal propagandista de la candidatura de López Obrador, que, sin tardanza, ha aprovechado la ocasión para apoderarse de los principales órganos de dirección del PRD y destapar a su sucesor en el Distrito Federal.

En el río de desafueros, López Obrador y Pablo Gómez, sin juicio de por medio ni acuerdo partidario, practican lo que critican y "han inhabilitado" declarativamente a Cuauhtémoc Cárdenas como posible candidato del PRD a la Presidencia de la República. El plan B de Camacho Solís, igual que en 88, parece ser "¡cualquiera, menos Cárdenas!", asunto que merece un tratamiento más profundo en otro momento.

En medio de esta tramposa e intensa confrontación mediática, han surgido algunas opiniones de dirigentes priístas; las más significativas son las de Roberto Madrazo y Enrique Martínez y Martínez, gobernador de Coahuila, oponiéndose al desafuero.

Sin embargo, estas definiciones, importantes en sí mismas y por quienes las emiten, resultan insuficientes ante la dimensión del fenómeno propagandístico desatado en torno al tema.

Otras voces priístas se han expresado en términos parecidos, declarando reiteradamente que se respetará la libertad de los diputados priístas en este asunto para que emitan "un voto de conciencia" y que, llegado el caso, decidirían libremente, sin coacción, el sentido de su voto. Esto suena democrático, pero carece de antecedente verificable; hasta ahora, el "voto de conciencia" sigue siendo una aspiración, reconocible en su intención democrática mas aún irrealizable por riesgosa, debido al insatisfactorio desarrollo de la vida parlamentaria real.

Por ello, afirmar que habrá respeto al voto de cada legislador en el tema del desafuero, en un Congreso donde no hay tradición de esta práctica parlamentaria, es una posición carente de credibilidad e insegura en un tema de alto significado táctico.

Ya corren vientos que anuncian tormenta; éstos son tiempos de crisis en los que la determinación se pone a prueba. Dejar pasar la realización de la asamblea sin tomar una decisión es excesivamente riesgoso. Algunos priístas afirman que sería mejor asumir una posición después, pero se equivocan, porque de ese modo no se lograría el impacto y la contundencia de un acuerdo surgido de la máxima instancia partidista; sería insuficiente y demasiado tarde.

Los retos mañaneros y rijosos de López Obrador, las baladronadas del mediodía del secretario de Gobernación y las respuestas por la tarde de un vocero presidencial al borde de un ataque de nervios se han convertido en un espectáculo cotidiano, denigrante y ofensivo para las prioridades de la ciudadanía, de donde surge la pregunta: ¿a qué horas gobiernan los gobernantes?

Una decisión de este tipo en la asamblea priísta terminaría con la turbia mixtura de parodia-comedia-tragedia nacional que hoy todos padecemos: "la inocente caperucita asediada por el malvado zorro feroz", para dar paso a una agenda política que ponga en la mesa del debate nacional los temas sustantivos del país, que hasta hoy brillan por su ausencia

Si el PRI logra un acuerdo en su Asamblea Nacional en contra del desafuero vaciará el contenido mediático del debate-trampa sobre este tema y habrá contribuido a restablecer las condiciones para que el país pueda seguir procesando sus diferencias y contradicciones en el marco de la institucionalidad mexicana.

El PRI podrá ganar o perder la contienda por la Presidencia de la República, pero nadie le podrá regatear haber restablecido los niveles de convivencia social para contribuir en la construcción de un proceso electoral democrático, incluyente y equitativo. De producirse este acuerdo, la aportación del PRI a la estabilidad republicana será reconocida por aliados y adversarios. Esta decisión puede ser un parteaguas en la vida interna del PRI y renovar su relación con la sociedad.

En tiempos de crisis no hay medias tintas: en este momento se está en favor o en contra del desafuero. O el PRI le da un ¡Madrazo al desafuero! o en poco tiempo el PRI sufrirá un ¡Madrazo electoral! De ese tamaño es la decisión. Ni más ni menos. La toman o la dejan.

 
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