Discurso a la deriva
El informe anual del Departamento de Estado estadunidense sobre la situación de los derechos humanos en el mundo puso al gobierno mexicano en una difícil y penosa situación. Y no es para menos. La administración del presidente Fox ha navegado con la bandera de los derechos humanos tratando de marcar una línea divisoria inclusive en materia de política exterior. Al asumir la inexistencia de barreras infranqueables a la intervención en asuntos de otros estados como una especie de verdad absoluta, el gobierno canceló en los hechos los viejos principios que habían normado la presencia de México a lo largo del siglo XX.
Por eso llama la atención el repentino celo de los altos funcionarios mexicanos contra el injerencismo estadunidense en asuntos que consideramos de nuestra exclusiva incumbencia. No discuto si Santiago Creel tiene razón al responder airadamente a un informe que puede ser rutinario y falso (que no parece), pero salta a la vista la incongruencia de un gobierno que cree válido juzgar a otros con la misma vara que ahora causa enojo y desconcierto. México tiene que revisar y reflexionar seriamente sobre sus relaciones con el mundo en una era de globalización que disminuye, pero no elimina los estados nacionales; en particular está en la agenda una actualización de la política hacia Estados Unidos. No se puede abjurar de los principios de no intervención para al día siguiente escandalizarse por un informe del Departamento de Estado, a menos que se vea detrás de su publicación la intención de presionar al gobierno mexicano mostrando las llagas que más le duelen. Pero, en ese caso, la respuesta oficial debe abandonar la retórica y asumir con seriedad los verdaderos problemas en esa relación.
Estados Unidos, como es bien sabido, promueve condenas y califica arbitrariamente a determinados países que, según sus criterios, violan los derechos humanos. Para ese fin utiliza muy diversos organismos, incluyendo algunos foros multilaterales, donde su voz es ley y voto. Es ése un papel obviamente autoasignado por el solo hecho de ser la única potencia que puede hacerlo, pero la legitimidad de tales acciones punitivas no se sostiene por una sencilla razón: Estados Unidos de América no puede erigirse en juez de los demás cuando ellos pasan sobre el derecho internacional para alcanzar sus propios fines particulares, al precio de violentar la vida y la dignidad de comunidades enteras.
Creel, sin embargo, critica el injerencismo, no el contenido puntual del Informe. En cambio, la Secretaría de Relaciones, ausente desde hace rato de la escena, dijo con ánimo descalificatorio que el documento era "un ejercicio unilateral" contrapuesto, por lo demás, con otros informes de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declaración que fue de inmediato refutada por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, quien lamentó tener que dar la razón a Estados Unidos, pues los hechos reseñados en el informe "desgraciadamente es algo que existe, no podemos negarlo". Al debate se sumó el representante de Amnistía Internacional en México, Carlos Mario Gómez, quien criticó la doble moral estadunidense, aunque dijo "los derechos humanos son una responsabilidad de carácter internacional y que por ello no se pueden calificar como 'injerencistas' los juicios que emitan otros países sobre ese tema", aunque aclaró que "nosotros no compartimos que los derechos humanos sean usados como instrumento político en términos de relaciones exteriores de un país con otro. En ese caso, Estados Unidos no critica con dureza la violación a los derechos humanos en Colombia, como sí lo hace contra países como Cuba, por ejemplo" (El Universal, 2/3/05)
Como sea, si consideramos que el informe sobre derechos humanos es sólo uno de los varios que se han difundido recientemente, comprenderemos mejor la irritación del gobierno foxista. La CIA y el Departamento de Estado parecen decididos a romper la pompa de jabón que los residentes de Los Pinos se habían fabricado para el exterior. Resulta que no sólo no avanzamos como se presume en materia de derechos humanos, sino que tampoco la lucha contra el narcotráfico es tan efectiva como se nos presenta.
En vísperas de las elecciones presidenciales, las agencias del imperio descubren rémoras y riesgos nada despreciables, una realidad pintada con tonos cercanos al gris, sin la ingenua luminosidad que nos transmiten los discursos presidenciales: 3 mil secuestros en el año, torturas policiales para obligar confesiones, desapariciones, falta de independencia del Poder Judicial, "un pobre clima de respeto a los derechos humanos" en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, "corrupción, ineficiencia, desdén de la ley y falta de entrenamiento" de los cuerpos de seguridad, involucramiento de éstos en el narcotráfico, feminicidios sin aclarar, en fin, la vieja historia de un Poder Judicial incapaz de no contaminarse con los métodos del lumpen que dice combatir. Es obvio que hay un problema de gran envergadura que a nadie conviene minimizar. Estados Unidos observa a México mucho más de lo que nos gustaría, pero ésa es la realidad y no se puede ocultar el sol con un dedo. Pero el gobierno no hace su tarea y sigue en su nube. Más vale no frivolizar con estos temas.