La inquietud surge cuando empiezan a jubilarse los primeros afiliados
En duda, beneficios del sistema privado de pensiones chileno a 24 años de vida
El modelo obliga a todos los trabajadores a aportar entre 10 y 12% de ingresos mensuales
Santiago, 2 de marzo. El elogiado sistema privado de pensiones instaurado en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet genera, a 24 años de su puesta en marcha, un manto de dudas sobre los reales beneficios y coberturas que podrá entregar a la mayoría de los trabajadores afiliados.
La inquietud surge cuando deben empezar a jubilarse los primeros afiliados al sistema, que entró en funcionamiento en mayo de 1981 bajo la iniciativa del entonces ministro del Trabajo, el economista de la "Escuela de Chicago" José Piñera.
El modelo obliga a todos los trabajadores a pagar cotizaciones que oscilan entre un 10 y un 12 por ciento de sus rentas mensuales, para alimentar un fondo individual administrado por instituciones privadas que, a su vez, invierten en acciones y bonos, con una rentabilidad anual que en 2004 fluctuó entre 5.9 y 12.11 por ciento.
Hasta el año pasado, el sistema acumuló activos por 58 mil 374 millones de dólares, que fueron invertidos mayoritariamente en el mercado bursátil y contribuyeron a dinamizar la expansión de la economía chilena, que en 2004 creció un 5.9 por ciento en su producto interno bruto (PIB).
El programa fue asimilado y adaptado en otros 17 países, entre ellos Argentina y Perú. También ha sido mencionado como un ejemplo exitoso por el presidente estadounidense George W. Bush en sus planes de reformar la seguridad social de su país.
Pero de acuerdo con estudios recientes, el sistema no sería capaz de entregar pensiones mínimas a la mitad de los trabajadores afiliados, que hasta octubre de 2004 eran más de siete millones.
Los montos de las pensiones para los primeros en jubilarse estarían también muy por debajo de las proyecciones iniciales, advirtió un estudio del estatal Instituto Nacional de Normalización Previsional (INP).
La interrupción en los pagos de las cotizaciones mensuales que presenta más de la mitad de los afiliados, por desempleo o cambio de empleador, se proyecta como el principal problema.
Según cálculos del INP, para optar a una jubilación mínima de unos 130 dólares se requiere de al menos 240 cotizaciones, es decir, 20 años de pagos mensuales ininterrumpidos, pero el 60 por ciento de los afiliados cotiza con menos de 4.2 meses por año.
Además quienes opten por jubilaciones por sobre el mínimo recibirán montos muy inferiores a las cifras anunciadas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), que publicitó mediante agresivas campañas los espectaculares beneficios del nuevo sistema.
El principal gancho que utilizaron las autoridades de esa época fue la rebaja del monto mensual de cotización desde un 17 por ciento a un 10 por ciento de los sueldos, lo que implicó el aumento de los salarios líquidos en medio de una de las peores crisis económicas que enfrentó el país.
La posibilidad de contar con un mayor salario motivó la masiva migración de los trabajadores desde las antiguas cajas de previsión, dependientes del Estado, que se limitaban sólo a guardar los fondos, hasta las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), que además de guardarlos invierten esos recursos en nuevos negocios.
Pero los altos costos que cobran las administradoras por el manejo de los fondos provisionales, calculados entre un 10 y un 30 por ciento de total de los recursos que entrega el trabajador, estarían mermando el monto de las jubilaciones, de acuerdo a los estudios.