López Obrador
El GDF aún no tiene que pagar a Enrique Arcipreste
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el nuevo avalúo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al predio Paraje San Juan, de acuerdo con el momento en que se realizó la expropiación hace 16 años, derivará en una cantidad mucho menor que los mil 810 millones de pesos que pretendía cobrar Enrique Arcipreste del Abrego
Aclaró que esto no implica que el Gobierno de la ciudad deberá pagar a esta persona el nuevo monto de la indemnización que fije el juez, porque no lo reconoce como legítimo dueño de la propiedad.
Si bien será en un juicio civil donde se determine la propiedad del predio, el mandatario capitalino señaló que para su administración no hay duda alguna de que el Paraje San Juan pertenece al gobierno federal.
El mandatario capitalino dijo que su gobierno está dispuesto a pagar el monto del nuevo avalúo una vez que en los juzgados se aclare la propiedad del predio, que insistió, es propiedad de la nación.
Reiteró que oponerse al pago de los mil 810 millones de pesos, como determinó en un primer momento un juez, fue para evitar que se cometiera un fraude y consideró vergonzoso que este asunto llegara hasta la Suprema Corte.
La ALDF pide explicaciones a la Judicatura
Por otra parte, en el marco de la sesión de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se solicita al Consejo de la Judicatura Federal un informe sobre el amparo de excarcelación que se le concedió a Enrique Arcipreste del Abrego.
En la solicitud, hecha con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se advierte que este hecho "enrarece el ambiente político por el que atraviesa el país, no sólo por la forma en la que se dio la libertad, sino porque a pesar de persistir la acreditación del delito de fraude procesal se le otorga la liberación bajo el principio de inocencia a quien es considerado el eslabón visible de la industria del fraude que atenta contra los intereses de los habitantes de la ciudad de México".
El texto del punto de acuerdo, aprobado durante la sesión de la Diputación Permanente, que se enviará al Consejo de la Judicatura Federal, establece que la actuación del Tribunal Colegiado de Circuito "es inaceptable y contrario a los principios generales del derecho" por conceder una resolución favorable a Enrique Arcipreste del Abrego, esgrimiendo la prescripción del delito de fraude procesal.
Asimismo se hace mención a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la cual se ordena reponer el procedimiento de valuación del predio y a pagar con base en el valor catastral de 1989 la indemnización a quien pruebe ante el juez de distrito tener el derecho de propiedad. Es decir, "deja en manos de los juzgados la resolución de la acreditación legítima de la propiedad, y a este llamado deberán acudir quienes consideren les asista la razón".