El jefe del Pentágono violó la Constitución y el derecho internacional, acusan
Querella de ACLU y Human Rights First contra Rumsfeld por torturas a detenidos
La demanda por vejaciones a ocho presos es apoyada por un grupo de militares en retiro
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Imagen de archivo de Donald Rumsfeld cuando comparece en febrero ante un comit�el Congreso FOTO Reuters
Nueva York, 1º. de marzo. El secretario de Defensa estadunidense, Donald Rumsfeld, fue formalmente acusado por dos organizaciones de defensa de derechos humanos y un grupo de militares en retiro por ser responsable directo de tortura y abuso de detenidos, en la primera demanda ante un tribunal federal que responsabiliza a un alto funcionario del gobierno en los escándalos de tortura en Irak y Afganistán.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Human Rights First sometieron la demanda en un tribunal federal en Illinois a nombre de ocho hombres que fueron sujetos a tortura y abuso por fuerzas estadunidenses que estaban bajo el mando de Rumsfeld, y solicitan una orden judicial que declare que el secretario de Defensa violó la Constitución de Estados Unidos, estatutos federales y el derecho internacional.
"Rumsfeld tiene responsabilidad directa y final por este descender al horror al autorizar personalmente técnicas de interrogación ilegales y al abdicar de su deber legal para detener la tortura", declaró Lucas Guttentag, abogado que encabeza la demanda y director del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU.
El director ejecutivo de la influyente ACLU, Anthony D. Romero, declaró hoy que "los efectos de las políticas de Rumsfeld han sido devastadores tanto para la reputación internacional de Estados Unidos como faro de libertad y democracia como para los cientos, aun miles, de individuos que han sufrido a manos de las fuerzas de Estados Unidos".
Human Rights First, agrupación de abogados de defensa de derechos humanos, indicó que se sumó a esta demanda después de concluir que el gobierno no estaba dispuesto a rendir cuentas ni asumir responsabilidad plena ante los casos de tortura y abuso.
Michael Posner, director ejecutivo de la organización, informó que la demanda tiene el propósito de solicitar a los tribunales que pongan fin a la práctica y política de tortura de este gobierno y, segundo, obligar al gobierno a rendir cuentas.
"Estados Unidos fue fundado sobre el principio simple de que toda persona, por virtud de su humanidad, tiene derechos inajenables bajo la ley. La tortura y la crueldad calculada infligida como política oficial -el tipo de abusos sufridos por nuestros clientes y documentado en nuestra demanda- no puede ser reconciliado con este principio (...) Es lo opuesto a un régimen de derechos bajo la ley", declaró Posner.
Añadió que "el fracaso del secretario Rumsfeld, de observar y hacer cumplir las prohibiciones contra la tortura y otro trato inhumano, va al centro del sistema de ley de Estados Unidos. Esta demanda presenta la oportunidad de dejar claro que Estados Unidos aún está comprometido con el imperio de la ley, y que cada estadunidense, sin importar a qué tan alto grado, está obligado a cumplir con estas reglas".
Entre los abogados que se suman a la queja legal se encuentran el almirante John D. Hutson (retirado), ex juez abogado general de la marina; el general James Cullen (retirado), ex juez en jefe de la Corte de Apelaciones Criminales del Ejército, y Bill Lann Lee, abogado del bufete Lieff, Cabraser, Heimann y Bernstein y ex procurador general asistente para derechos civiles del Departamento de Justicia.
El almirante Hutson declaró hoy que "una de las grandes fortalezas de las fuerzas armadas de Estados Unidos en nuestra historia ha sido el liderazgo civil fuerte en la cima de la cadena de comando. Desafortunadamente, Rumsfeld ha fracasado al no seguir esta tradición. Al fin, eso pone en peligro a nuestras tropas y mina el esfuerzo de guerra. Es crítico que retornemos a otra tradición militar: rendimiento de cuentas".
El Pentágono emitió una declaración en respuesta al anuncio de la demanda: "De manera vigorosa disputamos toda aseveración o implicación de que el Departamento de Defensa aprobó, sancionó o condonó como materia de política el abuso de detenidos. Ninguna política o procedimiento aprobado por el secretario de Defensa tuvo la intención de, o podría concebiblemente ser interpretado como, una política de abuso o de condonar el abuso".
El Departamento de Defensa agregó: "se han realizado múltiples investigaciones sobre los varios aspectos del abuso de detenidos. Ninguno ha concluido que existió una política de abuso".
La demanda es resultado de las revelaciones sobre abusos y torturas de detenidos en custodia de las fuerzas estadunidenses en Irak, Afganistán y Guantánamo. La ACLU y otros grupos aliados han logrado obtener más de 23 mil cuartillas de documentos oficiales mediante una demanda de libertad de información, y descubrieron que la propia Oficina Federal de Investigaciones empezó a expresar preocupaciones sobre las técnicas de interrogación desde 2002, al comienzo en Guantánamo, y estas técnicas después fueron empleadas en Afganistán e Irak.
Los ocho hombres representados por la ACLU y Human Rights First fueron encarcelados en centros de detención estadunidenses en Irak y Afganistán, donde fueron sujetos a tortura, incluyendo golpizas severas, cortes con cuchillos, humillación sexual, aparentes ejecuciones, amenazas de muerte y puestos en posiciones para provocar dolor.
Ninguno de ellos fue formalmente acusado de un delito y todos han sido liberados. Los ocho no están disponibles para entrevistas por razones de seguridad y privacidad, informó la ACLU.
La demanda legal registrada hoy ante el tribunal federal afirma que Rumsfeld "autorizó abandono de la prohibición inviolable y enraizada de nuestra nación contra la tortura y otro trato cruel, inhumano o degradante o castigo de detenidos en custodia militar de Estados Unidos". Sostiene que Rumsfeld autorizó personalmente estas técnicas en diciembre de 2002, y una nueva lista de técnicas en abril de 2003.
"Las leyes de derechos humanos y reglas militares prohíben la tortura en todo momento y circunstancia, principio aplicable al comandante más alto como al subordinado más bajo", afirmó el abogado Lee, ex alto funcionario del Departamento de Justicia.
La ACLU informó que también se han presentado demandas similares contra el coronel Thomas Pappas, la general Manis Karpinski y el teniente general Ricardo Sánchez por los que detenidos en Irak; todos los acusados fueron encargados de administrar la justicia militar en ese país.
El caso principal se llama "Ali et al v. Rumsfeld". El texto de la demanda, un calendario de las acciones de Rumsfeld, declaraciones y biografías de los acusadores y más detalles sobre el caso se pueden consultar en www.aclu.org/rumsfeld y en www.humanrightsfirst.org/lawsuit.