Aseguran que viola la Constitución y amenazan con una lluvia de amparos
Crece el rechazo de microempresarios a la Ley de Cámaras y Confederaciones
Otorga a organismos empresariales facultades recaudatorias que sólo son del Estado
La Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada el 20 de enero en el Diario Oficial de la Federación, ha generado un creciente rechazo entre organismos de microempresarios que amenazan con una lluvia de amparos.
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación (ANIT), Sadi Dupeyrón, sostiene que la nueva disposición es violatoria de la Constitución, pasa sobre el derecho de libre afiliación, otorga a los organismos empresariales facultades recaudatorias que sólo corresponden al Estado, amenaza a los micro, pequeños y medianos negocios con multas que van de 200 a 600 salarios mínimos, y busca revivir el corporativismo empresarial.
Por su parte, Adán Rivera, representante de la Asociación Latinoamericana de Micro, pequeñas y Medianas Empresas (Alampyme), advierte que esta ley abrirá la posibilidad de que organismos cupulares, cuyos manejos financieros son poco claros, tengan acceso a recursos públicos.
Rivera recordó que cuando se intentó establecer en México el Registro Nacional de Vehículos (Renave) hubo varios organismos que intentaron operarlo, entre ellos la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) que, según el dirigente, tiene deudas por más de 120 millones de pesos. Esto, agrega, robustece la sospecha de que se pretende convertir a las cámaras en ''organizaciones paragubernamentales, deslegitimando su función de representación empresarial''.
En entrevista, Sadi Dupeyrón señaló que la Ley de Cámaras va en contra de los artículos noveno, 14, 16, 25, 26, 31, 28, 92 y 124 de la Carta Magna y anunció que integrantes de la ANIT y de organizaciones interpondrán al menos 3 mil o 4 mil amparos.
La nueva norma, agregó Dupeyrón Unda, fue ''una traición'' de los legisladores y ''un ataque'' del presidente Vicente Fox a ''los verdaderos generadores de empleos'' del país, pues se pretende aplicarles la cuota de inscripción al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), que en los hechos será ''un nuevo impuesto'' que administrarán las cámaras.
Además, se pasó por alto que ya existe jurisprudencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que considera ilegal la obligatoriedad de pertenecer a algún organismo empresarial.
Mientras otros países buscan fomentar la producción para que la economía se recupere, aseveró, en México ''el gobierno federal se empeña en sacarle dinero a quien pueda para beneficiar a un grupo de quienes considera sus amigos''.
El dirigente dijo sospechar de las verdaderas intenciones del SIEM, un registro que, al igual que el Renave, ''ya había fracasado''. Dupeyrón reconoce que hace falta un censo confiable de los negocios en México, pero argumentó que si realmente se buscara tener una base de datos actualizada bastaría con cruzar información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda, de los gobiernos estatales y municipales que recaudan contribuciones locales, e incluso de la propia Secretaría de Economía.
Más aún, Sadi Dupeyrón advirtió que la base de datos podría utilizarse, más que para impulsar a las empresas mexicanas, como un estudio que le servirá a empresas extranjeras para terminar de apoderarse del mercado nacional. ''Nosotros no sabemos quién produce hule, clavos, zapatos, condones o lo que sea, pero con la información que entreguemos los grandes monopolios u oligopolios sí van a saber cuál es el potencial de las empresas y del mercado de México. Hay más de fondo''.
El presidente de la ANIT aclaró que no está en contra de las cámaras y señala que estos organismos deben allegarse apoyo y recursos mediante la oferta de servicios y representación, no mediante la recaudación de un gravamen. ''El SIEM lo debe manejar el Estado y debe ser para beneficio de la sociedad productora de riqueza de este país''.
-¿La ANIT aceptaría participar en el registro del SIEM?
-Si le entran todas las asociaciones civiles para que participen, posiblemente nos convenga, porque se volvería algo equitativo y sentaría las bases para democratizar las cámaras y presionarlas para que cumplan su objetivo.
Modificaciones a los artículos
La Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, que entró en vigor el 21 de enero, se compone de 44 artículos generales y ocho transitorios. En la reforma se modificaron, por ejemplo, el ocho, que estipula que sólo habrá dos confederaciones: la de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), y la de Cámaras Industriales (Concamin), lo que cierra la posibilidad de crear otras confederaciones.
El artículo 24 señala que el presidente, vicepresidente y tesorero de las cámaras o confederaciones durarán un año en el cargo, pero pueden reelegirse hasta dos veces para acumular tres periodos.
El 29 estipula que la inscripción al SIEM ''no obligará al pago de cuota de afiliación, pero sí al pago de registro''.
En el 33 se detalla que el SIEM lo administrará la Secretaría de Economía, pero el registro y operación serán responsabilidad de las cámaras empresariales.
En el 40 se prevé que la Secretaría de Economía sancionará con una multa de 200 a 600 salarios mínimos a los comerciantes o industriales que no se registren al SIEM