Impulso a proyecto para prevenir el delito en el país
Ubican en México 135 redes de tratantes de personas
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) considera que el flujo migratorio de México aumentó la vulnerabilidad de mujeres, menores y adolescentes, exponiéndolos a ser víctimas de la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral. Por ello, en coordinación con la Organización de Estados Americanos, así como los institutos nacionales de Migración (INM) y de las Mujeres (Inmujeres), impulsan un proyecto que permita proveer al gobierno y a instancias de la sociedad civil de las herramientas necesarias para fortalecer acciones de prevención y combate a este delito.
De acuerdo con el organismo internacional, en el país existen unas 15 redes "importantes" de trata y 120 pequeñas que operan sobre todo en destinos turísticos como Cancún, Acapulco y la ciudad de México.
El próximo jueves, el Inmujeres sesionará sobre las pautas a seguir en torno a este tema, y abordará cómo y bajo qué reglas repartirá a las instancias estatales a su cargo los 96 millones de pesos que le aprobó la Cámara de Diputados como presupuesto para este año, en tanto que la Dirección General de Protección Civil le presentará el atlas de riesgos del país.
Por primera vez el OIM diagnosticará la situación en que se encuentra México en cuanto al tráfico de personas, como parte del acuerdo signado, tras revelarse que existe una sorprendente escasez de datos confiables y completos sobre el fenómeno. De acuerdo con los datos hasta ahora recabados, más de 700 mil personas son víctimas cada año de la explotación sexual.
Las redes de contrabando y tráfico explotan las necesidades económicas y las ambiciones de una vida mejor de los ciudadanos más vulnerables de Centroamérica. Actúan primordialmente a través del engaño, con falsas promesas de un empleo decente en maquilas, restaurantes, bares, hoteles y hogares. Una vez alcanzado el objetivo obligan a mujeres y niños a la servidumbre sexual para solventar gastos de transporte y otras deudas.
Mantienen el control mediante violencia y amenaza, deudas y multas, restricciones físicas, y uso de guardias armados, además de demostraciones de impunidad mediante una colaboración directa con las autoridades, de acuerdo con las conclusiones que derivaron del proyecto sobre tráfico que realizaron en 1998 el Instituto de Derecho Internacional en Materia de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de DePaul University, la OEA y la Comisión Interamericana de Mujeres, y que sirvió de pauta para otra sesión en el 2000.