Usted está aquí: domingo 6 de febrero de 2005 Política Golpe de Estado, el desafuero de López Obrador: directora jurídica del GDF

También constituiría una transgresión a la división de poderes: Ernestina Godoy

Golpe de Estado, el desafuero de López Obrador: directora jurídica del GDF

Consideró que el Poder Judicial sería cómplice si guarda silencio ante violaciones a la ley

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Ampliar la imagen Los legisladores Alvaro El� Loredo, Rebeca God�z Bravo, Horacio Duarte y Francisco Cuauht�c Fr� Castro, integrantes de la comisi�nstructora, durante una reuni�ace unos meses FOTO Carlos Cisneros

Consumar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador representaría un "golpe de Estado" y "una grave transgresión a los principios constitucionales de la división de poderes, de la autonomía del Poder Judicial, de los principios de legalidad y de la soberanía popular", señaló Ernestina Godoy Ramos, titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal, en su mensaje como oradora principal de la ceremonia cívica con motivo del 88 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el acto, realizado en el patio de cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la funcionaria retomó la exigencia que ha hecho de manera reiterada el mandatario capitalino de realizar una reforma profunda al Poder Judicial, y ante el papel que éste jugará si los diputados retiran al gobernante su inmunidad procesal penal, advirtió que "guardar silencio cómplice ante violaciones a los mandatos constitucionales que norman su conducta, es también ser coautores de estas transgresiones".

En este día, inició su lectura, "es particularmente trascendente hablar de la Constitución de 1917, ante los graves acontecimientos que amenazan a nuestra joven e incipiente democracia, ante el peligro de que se anulen los derechos políticos de los mexicanos, ante el riesgo inminente de rompimiento violento del orden constitucional por parte de las autoridades federales, que están obligadas a vigilar su cumplimiento y a respetarlo".

En este contexto, refirió que quienes redactaron la Carta Magna después de la primera gran revolución social del siglo XX, tenían la convicción de que quedaban en ella formalmente garantizados los derechos del pueblo; sin embargo, "los mexicanos estamos muy lejos de haber satisfecho nuestros anhelos de justicia, bienestar y democracia", al haber instalado en el poder "una elite que usurpó el poder e instauró un régimen autoritario y antidemocrático".

Por ello, señaló, es necesario rescatar su esencia de orientar el fortalecimiento de la nación y el aprovechamiento racional de los recursos para beneficio colectivo expresados en una distribución equitativa de la tierra, mejores salarios para los trabajadores, seguridad social, vivienda, educación y servicios públicos eficaces y extensivos. Así como sus principios, como la soberanía nacional, la división de poderes y las garantías individuales y los derechos sociales.

Ante representantes de la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, en representación de López Obrador, que ayer continuó la presentación del libro sobre su proyecto alternativo de nación en la ciudad coahuilense de Torreón, Godoy Ramos afirmó que "este gobierno de izquierda reivindica y defiende este tipo de estado de derecho", señaló, y no es el que sólo está en el discurso, porque "no le hacen ningún favor a la legalidad y al estado de derecho aquellos que los invocan constantemente pero sólo de palabra, porque en su actuación promueven acciones contrarias a la ley, a las normas y a los principios constitucionales".

Por esto, agregó, en nada ayuda a generar un verdadero estado de derecho el procesamiento penal del adversario político y más aun cuando se invoca una supuesta falta legal inexistente que sólo socava la posibilidad de entendimiento entre los distintos actores políticos y vulneran la credibilidad en la legalidad, el marco jurídico y la frágil democracia.

"Requerimos un gobierno que por estar sometido a la ley y dotado de la fortaleza institucional, tenga el respaldo moral y la capacidad para combatir el crimen procurando y administrando justicia verdadera", señaló.

 
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