Usted está aquí: sábado 5 de febrero de 2005 Opinión MEXICO SA

MEXICO SA

Carlos Fernández-Vega

Nomenklatura financiera

Alerta en la familia ante un problema con la justicia ibérica

El nombre del juego: impunidad

Las rebanadas del pastel:

TODO HA INTENTADO con tal de sepultar el pestilente circuito reprivatización-rescate bancario-extranjerización del sistema financiero que opera en el país, pero la "familia" financiera -pública y privada- no logra su objetivo: donde se pise, emana el fétido olor del "negocio" y aparece la huella de quienes en él participaron, participan.

TRES LUSTROS SE cumplen este año desde que inició la reprivatización bancaria y encadenada a ésta el Fobaproa y la cesión de las instituciones a trasnacionales financieras, y los personajes involucrados en un principio son prácticamente los mismos que 15 años después, aunque oficialmente instalados en "otras" posiciones (en el sector público o en el privado).

LA FISCALIA ANTICORRUPCION española decidió reabrir un procedimiento judicial por medio del cual demostraría que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria evadió impuestos en 1995 al comprar el entonces banco mexicano Probursa (el primero de los siete adquiridos en el país por la trasnacional financiera entre aquel año y 2004), un caso que la autoridad financiera mexicana rápidamente enterró casi tres años atrás.

EL CASO HA sido reabierto y amenaza a las principales cabezas de la Secretaría de Hacienda, toda vez que la autoridad española considera que "se habrían apresurado" para darle carpetazo a dicho asunto en su afán por encubrir a los directivos del corporativo ibérico y a la cabeza visible de Probursa, José Madariaga Lomelín, en aquel año -1995- presidente de la Asociación de Banqueros de México y, poco después, miembro del consejo directivo del Banco Bilbao Vizcaya. En Hacienda despachaba Guillermo Ortiz; en el Banco de México, Miguel Mancera, y en el Fobaproa, Javier Arrigunaga, quien actualmente funge como director jurídico de Grupo Banamex Citigroup.

LA NOMENKLATURA FINANCIERA -o la "familia", está sólidamente constituida; sus integrantes se protegen y cuidan la espalda, y representa uno de los poderes más fuertes y reales en el país. Ellos participaron el citado circuito; se beneficiaron con la reprivatización, echaron a andar el operativo Fobaproa y hoy ellos mismos, desde el gobierno del "cambio", deciden qué se hizo bien y qué se hizo mal en tiempos del "rescate" o de la extranjerización del sistema bancario, es decir se juzgan a sí mismos y ellos mismos se absuelven. Por ello, han encendido las señales de alerta, porque uno de sus vástagos podría tener complicaciones.

CON LA REAPERTURA del citado caso, la fiscalía española anticorrupción ha reiterado que las autoridades mexicanas "se apresuraron" a exculpar al grupo financiero ibérico de cualquier acto ilegal por la adquisición de Probursa y su ampliación en el mercado financiero mexicano. Lo anterior parece un señalamiento genérico, pero los ojos de la justicia ibérica ven fijamente hacia el flamante procurador Fiscal de la Federación, que no lleva otro nombre que el de Luis Mancera Arrigunaga, en lo profesional ex director ejecutivo Jurídico Regulatorio de Avantel -la telefónica de Banamex- cuando Francisco Gil Díaz -hoy titular de Hacienda- despachaba como director general de esa empresa, y director general de Banca de la Secretaría de Hacienda hasta el pasado 29 de diciembre; en lo privado, simplemente nieto de Miguel Mancera y sobrino de Javier Arrigunaga, ambos citados líneas arriba.

CUANDO EN MAYO de 2002 por primera vez se hace pública la denuncia de la autoridad española sobre el caso BBV-Probursa, el secretario Gil Díaz aseguró que para el gobierno mexicano "no hay evidencias" de operaciones irregulares en la participación del grupo español en el sistema financiero mexicano, y sostuvo que "no tengo más información" sobre el presunto lavado de dinero en el que estarían involucradas ambas instituciones financieras.

EL EX DIRECTOR general de Avantel abundó (se respeta sintaxis): "las operaciones llevadas a cabo por los directivos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -en España- no tienen nada que ver con México. Yo no tengo ninguna duda de que el BBVA no violó ninguna ley ni disposición legal mexicana, porque esas operaciones se analizaron en su momento y se consideró que respetaban el régimen legal mexicano".

CASI TRES AÑOS después, Luis Mancera Arrigunaga no podía reaccionar de manera distinta. Como director general de Banca de la Secretaría de Hacienda encabezó, protegió a los banqueros, encubrió el "rescate" bancario, sacó adelante el intercambio de pagarés sin consentimiento del Legislativo y puntualmente respetó la Ley de Omerta impuesta por la "familia". Que la autoridad española reclame el proceder del ahora procurador fiscal de la Federación probablemente le provea de premios adicionales.

AHORA COMO ANTES, la nomenklatura controla las instituciones relacionadas con el circuito reprivatización-rescate bancario-extranjerización del sistema financiero; en sus manos están la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el IPAB, el gobierno y la Procuraduría Fiscal de la Federación. ¿Por qué, entonces, esperar una actitud distinta de Gil Díaz o de Mancera Arrigunaga, si el nombre del juego es impunidad y la "familia" es dueña del balón?

DESDE QUE EL 3 de marzo de 2002 la autoridad española formalmente ordenó investigar la presunta comisión de ilícitos por parte de los directivos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el consecuente uso de dinero sucio -en España y plazas financieras-, las operaciones que esa institución ha realizado en México (en nueve años adquirió los bancos Banoro, Promex, Unión, Cremi, Oriente, Probursa y Bancomer) no han hecho mayor cosa que engrosar el negro y sucio expediente de los "negocios"en el sistema financiera que opera en el país, que en resumidas cuentas se traduce en ganancias privadas con dinero público.

ANTES COMO AHORA la actitud del gobierno mexicano en torno a este caso ha sido por demás sospechosa. Sin mediar investigación alguna, de inmediato exonera a bancos y banqueros, y avala la procedencia de los recursos utilizados en la adquisición de instituciones financieras otrora nacionales.

NO ES PARA preocuparse: son cosas de familia, simplemente.

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