Editorial
País Vasco: diálogo, pese a todo
La intervención de presidente vasco, Juan José Ibarretxe, en el Congreso de los Diputados de España, en defensa de su plan de ampliación de la autonomía de Euskadi, es un precedente saludable y esperanzador en el curso del conflicto vasco, así como un indicador de los nuevos aires de tolerancia y diálogo en la vida política de España, luego de los ocho años de cerrazón, intolerancia y autoritarismo judicial y policial del gobierno de José María Aznar.
Pese a la continuada obsesión de la casi totalidad de la clase política española contra cualquier propuesta orientada a ensanchar las atribuciones de las comunidades autonómicas, y muy especialmente contra las iniciativas de ese corte que se refieran al País Vasco, el hecho es que ayer, durante largas horas, las fracciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados se dieron la oportunidad de escucharse, de ventilar y de argumentar el tema, como no había ocurrido nunca. Es cierto que el Legislativo rechazó en forma masiva por 313 votos en contra, 29 a favor y dos abstenciones dar curso al llamado Plan Ibarretxe en tanto iniciativa de reforma constitucional, y que las principales formaciones políticas, empezando por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente José Luis Rodríguez Zapatero; el Popular (PP), de Mariano Rajoy, principal de la oposición, Izquierda Unida (IU) y otras reiteraron una cerrada negativa a la propuesta. Sin embargo, Rodríguez Zapatero reconoció que la votación referida "cierra el debate, pero no lo resuelve" y abrió la perspectiva de construir "un acuerdo histórico y definitivo", es decir, de emprender negociaciones para modificar el estatuto autonómico del País Vasco, modificación que hasta hace muy poco era tema prohibido en las esferas políticas de Madrid.
Desde otra perspectiva, debe considerarse que la negativa de la mayoría de los diputados a considerar el Plan Ibarretxe supone el inicio de un conflicto institucional de horizontes inciertos entre el legislativo español y el parlamento vasco, toda vez que el segundo aprobó e hizo suyo el documento del lehendakari. Hay, en suma, una contradicción entre la representación democrática de la sociedad vasca y la del Estado español. Sería descabellado no encauzar y resolver ese diferendo mediante el diálogo, la negociación política y la construcción de consensos entre las partes, porque fuera de esos instrumentos sólo quedarían la fuerza y la violencia, el retorno a las prácticas de la guerra sucia a las que recurrieron los gobiernos de Felipe González y José María Aznar y el aliento a los métodos criminales de ETA.
Ibarretxe está situado entre dos fuegos: la ceguera españolista tradicional ante el conflicto de Euskadi y el espectro de los radicalismos independentistas vascos. Cabe esperar, por el bien de España y del País Vasco, que los dirigentes políticos madrileños sean capaces de comprenderlo y de adoptar, en consecuencia, posiciones más flexibles que permitan una salida a un conflicto que de otra manera terminará en confrontación abierta.
Con un lenguaje que degrada el quehacer político y el cargo del declarante, Diego Fernández de Cevallos, presidente en turno de la mesa directiva del Senado de la República, profirió ayer una andanada soez contra quienes "atacan" a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes calificó de "enfermos mentales". El legislador y contratista potencialmente beneficiado con sumas multimillonarias por fallos inminentes del máximo tribunal no quiso aclarar si se refería a Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados (quien advirtió sobre la posibilidad de que la SCJN lastime su propia credibilidad si se pliega al Ejecutivo en la controversia constitucional interpuesta por éste contra San Lázaro); al jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador (quien ha criticado los desmesurados salarios de los ministros y ha documentado la improcedencia de que el tribunal supremo respalde los fraudulentos reclamos de indemnizaciones por supuestos propietarios de los predios El Encino, El Escorpión y San Juan, algunos de ellos representados por el despacho de Fernández de Cevallos) o al ministro Genaro Góngora Pimentel, integrante de la SCJN, quien ayer señaló que esa institución violó la ley al dar curso a la controversia constitucional foxista.
Es razonable suponer que, llevado por su encono contra el gobernante capitalino, Fernández de Cevallos no reparó en que las críticas a la Suprema Corte son legítimas, legales y que, si se formulan en tono respetuoso y ponderado ese tono del que el senador panista se muestra tan carente, forman parte de un debate republicano y saludable. Tampoco se dio cuenta, al parecer, de que hay en el país otros "enfermos mentales" es decir, impugnadores de diversos aspectos del quehacer del Poder Judicial, además de López Obrador, como el presidente de la Cámara de Diputados y el ministro Góngora Pimentel. Si el vitriólico abogado no es capaz de contener sus insultos, al menos debería reflexionar sobre la conveniencia de identificar plenamente al destinatario de ellos a fin de no ofender a más personas que las que se propuso.
Desplantes viscerales aparte, no escapa a la atención que la "defensa" de la SCJN por el declarante coincide con los intereses y las expectativas pecuniarias que éste, en su condición de litigante privado, tiene depositadas en los fallos que emita el máximo tribunal del país, y que pueden significar ojalá no ocurra el tránsito de astronómicos recursos públicos a bolsillos privados (incluidos los del presidente de la mesa directiva del Senado). Es poco verosímil, pues, el alegato del legislador de que "la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos debe merecer respeto como pilar fundamental del estado de derecho", porque, desde la lógica de sus intereses, hoy por hoy esa instancia puede convertirse, también, en "pilar fundamental" de la fortuna de Diego Fernández de Cevallos.